25 mayo, 2024 

por Pilar Molina

Será interesante ver cómo el Presidente se refiere en su cuenta anual a la cruel realidad que viven miles de chilenos en la Macrozona Sur.

Qué dirá el Presidente en su cuenta anual sobre la violencia en la Macrozona Sur, me preguntaba, mientras oía a mi amigo agricultor contar que él vive en un campo en Vilcún con la pistola bajo la almohada. Pero “sin miedo”, me dijo, “porque te acostumbras”. 

Más lo curtió, supongo, que unos años atrás le quemaran la casa del fundo de 900 hectáreas en Padre Las Casas. Esa tierra la compró su bisabuelo a fines del siglo 19. La quema la hizo una comunidad mapuche que había llegado como vecina a través de tierras que le entregó la Conadi y que decidió expulsar al agricultor que les dio, ingenuamente, la bienvenida a la tierra de sus ancestros. En total, entre 1994 y 2023, se entregaron 258 mil hectáreas a personas o comunidades indígenas, a un costo estatal de mil 200 millones de dólares en lo que se creyó sería un una transaca de “tierras por paz”. No ha sido así.

Mi amigo, ante las amenazas reiteradas y después de perder la casa que construyó el abuelo y vio crecer a su padre y a sus propios hijos, también optó por vender a la Conadi. La plata, por supuesto, no compensa la pérdida del modo de vida que se hizo cenizas, junto a los recuerdos y a las fotos familiares. El campo que antes producía 2 millones de litros de leche al año y ricas siembras de trigo, lo ve abandonado ahora. Como también los de sus vecinos que vendieron. Improductivos. Como a él, también les quemaron antes sus hogares.

Mi amigo no está entre las 70 familias de Arauco que demandaron al Estado por desplazamiento forzado a dejar sus tierras so pena de matarlos o quemarlos. Pudo empezar de nuevo con cultivos tradicionales en Vilcún. Y cree que la situación está mejor que un año atrás.

Eso lo podrá destacar Gabriel Boric en su cuenta del 1 de junio, porque aunque el año pasado reconoció “actos terroristas”, no anunció ninguna medida concreta para combatirlos. Pero en el intertanto se han aprobado leyes que dan respaldo a carabineros para actuar y han comenzado los desalojos de tierras usurpadas, al amparo de la nueva norma de usurpación, votada en contra por la coalición oficialista. También ha rendido frutos la ley de septiembre de 2022 que facilitó la persecución del robo de madera. Se está comenzando a revertir, así, la cosecha impune de bosques ajenos y el boom de tomas de terrenos y viviendas en la zona, las que se duplicaron entre 2018 y 2022, totalizando casi 10 mil en la Fiscalía. Todavía siguen centenares de fundos marcados, con banderas y amenazas.

El Presidente, que antes defendía a la CAM y aludía a Temucuicui como “territorio liberado”, en esta cuenta podrá decir que el líder de la subversión, Héctor Llaitul, fue recientemente condenado (el año pasado destacó su detención). El estado de excepción constitucional en La Araucanía y en las provincias de Arauco y el Biobío, que el 17 de mayo cumplió dos años, ya no tendrá ni siquiera que justificarlo el Mandatario. A pesar de que él siempre se opuso, considerándolo “más violencia”, ya forma parte del paisaje ver en las carreteras a carabineros apoyados por las FF.AA. que poco pueden hacer, pero algo disuaden con su presencia y tanquetas. Y sus habitantes se siente más custodiados.

Aunque sea una ilusión, porque los atentados continúan con disparos y fuego que no han respetado escuelas, postas ni iglesias. El cruel asesinato de tres carabineros en Cañete, a fines de abril, lo dejó claro. Un vecino de mi amigo se ha resistido a abandonar su campo, aunque le han quemado dos veces su casa. Y ahí está, sin esperar mucho del Estado que no da compensaciones en estos casos, nada. A lo más, a los subcontratistas de las faenas forestales, a quienes queman sus máquinas de trabajo todos los días.

Ni siquiera de las contribuciones pueden librarse quienes no pueden trabajar sus tierras porque han sido usurpadas. El Estado no perdona, salvo a Temucuicui, que amenaza con una respuesta violencia si osan entrar a censarlos. En 2017 no lo aceptaron y en enero de 2021 asesinaron a un subcomisario en un operativo de la PDI por cultivo ilegal de marihuana.  Ahora tampoco tolerarán el procedimiento censal, advierten, mientras albergan a Resistencia Mapuche Malleco, que protagonizó en 2023 el año más violento desde su aparición en 2011, y dan cobijo a su vocero que está prófugo de la justicia. También cultivan droga, mantienen armas ilegales y autos robados, pero reciben todo tipo de subsidios del Estado que pagan todos los chilenos. De hecho, las 3.210 hectáreas que comparten sus miembros se las traspasó la Conadi y ahora forman parte de un Estado dentro de Chile.

Para ellos puede haber impunidad. Para las víctimas, ni compasión.

Antes, la mirada del oficialismo desconocía el conflicto de seguridad que se ha enredado con narcotráfico y crimen organizado. Lo explicaba exclusivamente como una deuda del Estado con el pueblo mapuche, calificando de agresoras a las forestales. Ahora que la izquierda está en el poder, si es que tiene la voluntad, Boric puede hace coincidir el diálogo de la Comisión Nacional de los Pueblos Originarios, que hará una propuesta frente al reclamo de tierras, con reponer el Estado de Derecho que se ausenta ya a cuatro regiones.

Y si no tiene la voluntad de enfrentarlo, teniendo el respaldo de la oposición para ello, bien le haría al Presidente, antes de dar cuenta de sus dos primeros años en La Moneda, recorrer la zona. Si quiere en bicicleta, pero sin la fuerte seguridad con que se acompaña siempre. Como cualquier otro chileno.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/la-anormalidad-normalizada/

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