7 enero, 2021 
Klaus Schmidt-Hebbel
El annus horribilis 2020 estuvo marcado por la pandemia del covid-19 y la intensa recesión mundial causada por aquella. Para este nuevo año se espera que el mundo comience a recuperarse, lo que será condicional al control de la pandemia. La normalización económica también dependerá de la efectividad de las políticas de reactivación y de los efectos de la destrucción de empresas y empleos. En estas condiciones tan inciertas, solo sabemos con virtual certeza que la recuperación será desigual entre países, sectores y grupos sociales.
El mundo
El escenario base es de un crecimiento del PIB mundial proyectado en 5,2% en 2021, que marcaría una importante recuperación respecto de la caída de 4,4% en 2020. Los mercados accionarios se han recuperado tempranamente, superando los valores previos a la crisis. Pero el mundo enfrenta cuatro riesgos severos.
El primero es sanitario. ¿Quién ganará la carrera contra el tiempo: la vacunación masiva (hasta alcanzar la inmunidad de rebaño, con dos tercios de la población vacunada) o la propagación del virus en segundas o terceras olas de contagio?
El segundo riesgo es económico. La evidencia muestra que las políticas fiscales, monetarias y crediticias más expansivas de la historia mundial han morigerado la recesión de 2020 y aceleran la recuperación esperada para 2021. Sin embargo, el riesgo está en el manejo de las políticas en este año, que deberá ser cuidadoso. De prolongarse el estancamiento recesivo, los gobiernos deberán actuar a tiempo y de manera focalizada con nuevos programas de apoyo. De asentarse la recuperación, deberán retirar a tiempo las medidas de estímulo, para volver a la sostenibilidad fiscal y evitar burbujas en los mercados de activos.
El tercer riesgo es político. En dos semanas más EE.UU. volverá a su centro. Asumirá Joe Biden, poniendo fin a la presidencia de Donald Trump. Este populista encabezó la peor presidencia de la historia de EE.UU., dañando gravemente la salud de la población, la seguridad militar, las relaciones con los aliados y la estabilidad institucional de esta gran nación. Biden corregirá muchos de los graves errores de Trump. Pero hay riesgos de política económica asociados a la gestión de Biden, acrecentados con el dominio demócrata del Congreso.
Como muestra la historia, los grandes riesgos geopolíticos se derivan del ejercicio del poder total por dictadores omnipotentes de grandes potencias. Hoy son Xi Jinping en China y Putin en Rusia, cuyas decisiones unipersonales pueden poner en riesgo la paz mundial.
La cuarta incertidumbre es sobre la salud ambiental de la Tierra. ¿Habremos tomado mayor conciencia en 2020 sobre la urgencia de mitigar la catástrofe ambiental y el cambio climático del planeta? Hay algunas luces de esperanza: muchos gobiernos se han comprometido con paquetes económicos de reactivación verde y con la emisión neta cero de gases de efecto invernadero para 2050. Pero se requiere mucho más —y más aceleradamente— para prevenir una catástrofe ambiental terminal.
Los riesgos y retos de Chile
Después de la contracción de 6,0% del PIB de Chile en 2020, se proyecta una recuperación parcial en 2021, con un crecimiento de 4,5%. Este escenario central de proyección está sujeto a significativas desviaciones, en su mayoría negativas, derivadas de la posible materialización de seis grandes riesgos y sus correspondientes retos para enfrentarlos bien.
¿Ganará la vacunación masiva la carrera contra el tiempo a la segunda ola de contagios y cuarentenas?
¿Seguirán creciendo el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia, extendiendo su control sobre más comunas y regiones, llevando a Chile a ser otro Estado fallido?
¿Elegiremos un nuevo gobierno y un nuevo Congreso de representantes y partidos centrados y responsables, o nos seducirán populistas autoiluminados y extremistas?
Después de las muy buenas políticas económicas —hiperexpansivas— implementadas por las autoridades económicas en 2020-2021, ¿seremos capaces de volver a la normalización fiscal, monetaria y crediticia, condición necesaria para nuestra futura estabilidad macroeconómica?
¿Profundizaremos las buenas políticas ambientales impulsadas en los últimos años, para enfrentar con mayor urgencia el cambio climático (importado) y las múltiples distorsiones (domésticas) que causan nuestra creciente insostenibilidad ambiental?
Crecemos sistemáticamente menos que el mundo desde el año 2014, después de 25 años en que Chile crecía más que el mundo. Esta pérdida de capacidad de crecimiento es reflejada por la enorme caída de nuestro crecimiento tendencial: desde un 4,0% en 2011-13 a un 1,6% proyectado para 2019-2022. ¿Seremos capaces de adoptar las reformas estructurales necesarias para reimpulsar nuestro crecimiento económico, que es una condición necesaria para alcanzar el desarrollo? (El Mercurio)
Fuente: http://www.nuevopoder.cl/como-viene-el-2021-klaus-schmidt-hebbel/
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Martes 27 de noviembre de 2018"Debido al mayor ahorro promovido por la reforma, y luego una mayor inversión, el nivel del PIB se estima que puede aumentar en 1,5% en el largo plazo".
En 2008, bajo Bachelet I se hizo una reforma previsional que, en lo medular, reestructuró y extendió correctamente el pilar solidario, focalizado en las personas con las pensiones más bajas, con beneficios financiados por impuestos generales. Pero, lamentablemente, la Presidenta Bachelet rechazó dos cambios clave propuestos por la Comisión Marcel para reforzar el pilar contributivo (basado en las cotizaciones obligatorias destinadas a cuentas individuales): aumentar la tasa de cotización obligatoria y elevar las edades legales de jubilación.
Pues bien, ha pasado una década sin avance alguno para responder al creciente descontento por bajas pensiones. Durante Bachelet II, la Comisión Bravo sesionó por un largo período, al cabo del cual presentó propuestas que fueron tan insatisfactorias y contradictorias entre sí, que fueron archivadas por el propio Gobierno. En el año 2017, el mismo Gobierno presentó otro proyecto de reforma previsional. Este tenía algunos buenos componentes secundarios, pero contenía una parte central -ineficiente y regresiva- de mayores cotizaciones obligatorias, administradas por un monopolio estatal, y con un sistema parcial de reparto. La ineficiencia fue reconocida por el propio Gobierno, que estimaba en su Informe de Productividad que esta reforma podía destruir empleo formal en un rango de 2.200 a 394.000 empleos. La regresividad del proyecto de Bachelet II consistía en que el costo del sistema de reparto sería pagado por todos los trabajadores (incluyendo a los más pobres, quienes no recibirían un peso en mejores pensiones), mientras que los beneficios irían a la clase media y a las mujeres. El Congreso no despachó este proyecto.
Contenido de la reforma
Con el objetivo principal de aumentar sustancialmente las pensiones en Chile, el Gobierno envió hace pocas semanas al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma previsional integral. Esta consiste en 50 propuestas, orientadas a cuatro objetivos principales.
El primero es aumentar las pensiones de los actuales y futuros pensionados de distintos grupos que pertenecen a los primeros seis deciles de ingresos y a la clase media: las personas de pensiones más bajas, la clase media, las mujeres, los mayores que prolonguen su vida laboral y los mayores dependientes, entre otros. Para ello, se profundiza y amplía el Pilar Solidario, con financiamiento fiscal. El aumento de las pensiones más bajas se alcanza con aumentos importantes de la Pensión Básica Solidaria y de la Pensión Máxima con Aporte Solidario, con mejoras en su focalización. Los subsidios de pensiones a la clase media y a las mujeres de clase media son condicionales a años mínimos de cotización. Los mayores que prolonguen su vida laboral recibirán subsidios adicionales. Los mayores con dependencia funcional severa se beneficiarán con un subsidio fiscal directo y/o un nuevo seguro de dependencia, financiado por una cotización adicional de 0,2%, pagada por los empleadores.
El segundo objetivo es aumentar en el largo plazo las pensiones autofinanciadas con ahorros obligatorios, fortaleciendo el pilar contributivo con 11 medidas. La tasa de cotización obligatoria aumenta en 4 puntos porcentuales adicionales, pagados por los empleadores. Este ahorro previsional adicional estará destinado a cuentas individuales, cuyos fondos serán administrados e invertidos por nuevas "Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión" (AACP), que pueden ser filiales de AFP existentes o nuevas filiales de compañías de seguros de vida, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, AGF u otras empresas financieras. Además, se establece un seguro de lagunas previsionales en beneficio de trabajadores cesantes y se fortalecen los incentivos para el ahorro previsional voluntario, entre otros cambios.
El tercer objetivo es fortalecer la competencia entre las AFP (que administran el 10% actual) y entre las AACP (que administrarán el 4% adicional), a través de 11 medidas. Los afiliados podrán elegir su AACP. Las barreras a la entrada a ambas industrias se reducen a través de varios mecanismos, incluyendo la reducción a la mitad del encaje sobre los fondos administrados, la diferenciación de comisiones por permanencia y grupos de afiliados, la opción de distribución de utilidades de las administradoras a sus afiliados, el perfeccionamiento de la licitación de nuevos afiliados y el establecimiento de administradoras que no distribuyen utilidades.
El cuarto objetivo de la reforma es mejorar la información y la educación financiera de los afiliados, y fortalecer la fiscalización de las administradoras privadas y agencias públicas del sistema previsional, a través de 14 medidas.
En casi todos los cambios propuestos (varios están basados en partes de la reforma propuesta por el gobierno anterior), la implementación de la reforma será muy gradual. Si la reforma (con los cambios introducidos en la discusión legislativa) se aprueba en 2019 y se implementa a partir de 2020, estará en régimen recién en 2030. Por ejemplo, el alza en la tasa de cotización hasta un 14% se implementará gradualmente en 8 años.
Impacto sobre beneficiarios y sus pensiones
El fortalecimiento del Pilar Solidario beneficiará a pensionados actuales y futuros, que recibirán aumentos de sus pensiones. La magnitud de esta reforma queda reflejada en que serán 2.217.000 los beneficiarios al año 2027, en comparación con los 1.386.000 que hubiesen sido los beneficiarios del proyecto de reforma del gobierno anterior. La progresividad de esta reforma -que contrasta con la regresividad del proyecto anterior- queda manifiesta en las estimaciones de los aumentos de pensiones, al año 2030, que obtienen los pensionados del 25% más pobre o primer cuartil (+38,7% de pensión), de la mediana (+20,3% de pensión) y del tercer cuartil (+16,2% de pensión).
Los futuros jóvenes que coticen 14% a lo largo de toda su vida activa tendrán un aumento de 40% en su pensión, en comparación con la pensión que obtendrían sin la reforma. Los afiliados mayores recibirán aumentos menores, proporcionales al período en que coticen 14%.
Costo fiscal
El costo fiscal de la reforma es significativo, pero se materializa gradualmente a medida que la reforma se implementa. Este costo refleja el mayor gasto fiscal por la expansión del Pilar Solidario, el aumento en las cotizaciones por los empleados públicos y otros cambios menores en gastos e ingresos. El Gobierno estima que el costo fiscal neto equivale a 0,1% del PIB en 2020, aumentando gradualmente hasta alcanzar 0,7% del PIB en 2030 y 0,9% del PIB en 2045. Las clasificadoras de riesgo Fitch y Moody's han declarado que la reforma y su costo fiscal no alteran fundamentalmente la senda de consolidación fiscal del Gobierno.
Efectos sobre el mercado laboral y la economía
Los efectos combinados de distintos componentes de la reforma sobre el mercado del trabajo estimados por el Gobierno, se resumen en una caída del empleo formal de 0,9% y del sueldo promedio formal de 1,5% -efectos adversos que son mucho menores de lo que serían bajo una reforma con un sistema de reparto-. La contracción del empleo formal es compensada por un mayor empleo informal, algo más de desempleo y algo menos de participación laboral.
Debido al mayor ahorro promovido por la reforma, y luego una mayor inversión, el nivel del PIB se estima que puede aumentar en 1,5% en el largo plazo.
Evaluación de la reforma
La propuesta de reforma previsional del Gobierno es coherente con las reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales sobre cómo alcanzar mejores pensiones y un mejor sistema previsional. Siendo una reforma compleja, compuesta por muchos cambios significativos, es probable que pueda perfeccionarse durante la discusión legislativa. Por ejemplo, el FMI propone incluir aumentos de las edades legales de jubilación, lo que ya han hecho 28 de los 34 países OCDE. Con cambios acotados o sin ellos, este proyecto de reforma previsional mejorará sustancialmente las pensiones de los chilenos en el corto y en el largo plazo, empleando instrumentos eficientes y progresivos.
No con las propuestas del Gobierno; sí con las de CAP-CPC
"Las propuestas del Gobierno para la reforma previsional son malas. Contradicen las siete recomendaciones de los expertos. Destruyen buenos empleos, son regresivas y amplían la burocracia estatal...".
¿Qué dicen los expertos?
Las instituciones (OCDE, FMI y Banco Central de Chile) y los expertos coinciden en siete principios y recomendaciones para el sistema previsional chileno. (1) El sistema chileno de tres pilares tiene una buena estructura, pero requiere de ajustes importantes para mejorar las pensiones. (2) Sería un error mayúsculo reemplazar (o complementar) el actual pilar contributivo, basado en cotizaciones que van a cuentas individuales administradas por las AFP, por (o con) un sistema de reparto administrado por agencias estatales. El reparto reduciría el empleo, la inversión, el consumo y los ingresos, y haría más frágil la situación fiscal. (3) Para mejorar las pensiones bajas de los jubilados actuales y quienes lo serán en los siguientes años, se requiere extender los beneficios entregados por el Estado a través del Pilar Solidario, lo que debe ser financiado por recursos generales de la Nación, no por un impuesto al trabajo. (4) Para mejorar las pensiones en el largo plazo, deberán aumentar los ahorros obligatorios en cuentas individuales a través de mayores tasas de cotización y edades de jubilación. (5) Debe ampliarse la libertad de los cotizantes y pensionados para realizar sus decisiones previsionales, incluyendo el ahorro previsional voluntario, la composición del portafolio de inversiones de sus ahorros previsionales y la elección del administrador de sus ahorros. (6) Los administradores de fondos previsionales (AFP, otros administradores previsionales y compañías de seguro) hacen bien su trabajo, pero se deben fortalecer las condiciones competitivas de los mercados en que operan. (7) Es urgente mejorar la información previsional y la educación financiera de afiliados y pensionados.
¿Qué ha propuesto el Gobierno?
Al cabo de años de procrastinación, el Gobierno ha adelantado los lineamientos de un posible proyecto de ley de reforma previsional, aunque sin entregar mayores detalles. Resumo brevemente las ideas razonables (pocas), las inciertas (muchas), las ausentes (centrales) y las malas (gravitantes) en lo que ha propuesto el Gobierno.
(1) Propuestas razonables: Algunos cambios mejoran el sistema previsional, como hacer gradual la futura cotización de los trabajadores independientes y fortalecer el ahorro previsional voluntario.
(2) Propuestas inciertas: Varios cambios que deben definirse con mucho cuidado para no dañar la competencia entre las AFP o las pensiones futuras. Estas reformas se refieren a la participación de afiliados en las decisiones de las AFP y a cambios en multifondos, estructura de comisiones, licitación de afiliados y comisiones de intermediación.
(3) Propuestas ausentes: Dos reformas esenciales para mejorar las pensiones ahora y en el futuro están ausentes. Primero, no se expanden los beneficios del Pilar Solidario, que van a los que reciben las pensiones más bajas. Segundo, el Gobierno omite elevar las futuras edades de jubilación.
(4) Propuestas malas: Un aumento de la tasa de cotización obligatoria desde el 10% actual a un 15% futuro, con los recursos administrados por una nueva agencia estatal. Un 2% iría a un sistema de reparto, para beneficiar a la clase media y a las mujeres. El otro 3% iría a cuentas personales, que también podría tener componentes redistributivos.
El 5% de cotización adicional implica un gran componente de impuesto al trabajo. Del 2% adicional que deberá aportar el trabajador, él no recibirá nada. El 3% adicional irá a cuentas personales, que, aunque no fueran con redistribución a terceros, estarían en un corralito estatal, impidiendo que los trabajadores lleven sus ahorros a una AFP. Además, este monopolio estatal incurrirá en costos de operación que se financiarán a través de comisiones a los trabajadores (que serían nulas si el 5% adicional fuera a las AFP) o por subsidios del Estado. Además, siendo monopolio en el manejo del 5%, es muy improbable que las rentabilidades de los ahorros manejados por esta agencia sean inferiores a los de las AFP.
Mi alumno David Rayman cuantificó los efectos negativos del 5% adicional sobre los mercados laborales en Chile. Si el 5% va a un sistema de reparto, caen significativamente los sueldos líquidos, disminuyen el empleo formal y el empleo total, y la pérdida de empleos formales se traduce a mayor empleo informal, mayor desempleo y una menor fuerza de trabajo.
Si el 5% va a cuentas individuales de propiedad de los trabajadores, los efectos adversos serían mucho menores.
Pero la propuesta no solo implica mayor ineficiencia laboral y productiva. Además, es muy regresiva, por cuatro razones. Beneficia a la clase media con 20% de mayores pensiones, pero no a los pobres. El 2% adicional deberá ser pagado por todos los trabajadores, incluidos los más pobres. Un grupo significativo de trabajadores no calificados perderá su trabajo formal, recibiendo menores ingresos informales o quedando desempleados. Finalmente, la propuesta gubernamental aumenta el tope imponible mensual, lo que otorga mayores beneficios tributarios al ahorro previsional de personas de altos ingresos.
Concluyo que las propuestas del Gobierno para la reforma previsional son malas. Contradicen las siete recomendaciones de los expertos. Destruyen buenos empleos, son regresivas y amplían la burocracia estatal.
¿Qué opinan los chilenos?
Ante la pregunta sobre el destino del 5% adicional de cotización, una contundente mayoría de los chilenos responde que sus aportes deben ir a sus cuentas individuales.
¿Hay propuestas mejores para aumentar las pensiones en Chile?
Sin duda, las propuestas de la Comisión Asesora de Pensiones (CAP), que fue convocada por la CPC y estuvo conformada por 11 personas de experiencias y posiciones políticas diversas. En enero de 2017, la CAP presentó al país un conjunto integral de 22 propuestas fundamentales para que todos los chilenos alcancen pensiones dignas y justas. Véase http://www.cpc.cl/wp-content/uploads/2017/01/Informe-Pensiones-CPC-FINAL.pdf
