19 abril, 2025 
por Pilar Molina
¿No será el momento de empezar a preocuparse en serio de que los niños, niñas y adolescentes que requieren protección la reciban en verdad? No más leyes, por favor, y tampoco más Estado.
¿No será el momento de empezar a preocuparse en serio de que los menores vulnerados que están bajo protección del Estado dejen de estar en riesgo de explotación sexual? Sin más leyes ni comisiones, por favor, y tampoco más Estado.
Es un tema especial de cuaresma, porque es un tópico de dolor. De niños, y sobre todo niñas, bajo protección del Estado, que éste en vez de cuidar, pervierte y entrega a redes que los explotan sexualmente, los prostituyen, los violan, les liquidan la vida cuando han tenido la mala suerte de requerir ayuda porque están en riesgo en sus familias.
Pero, lamentablemente, los celadores pueden ser peores y el sistema funciona tan mal, y tan poco conversan los encargados de las diferentes instituciones, que un tribunal puede entregar al menor de vuelta al mismo que vulneró sus derechos.
Este no es un tema nuevo, hace rato sabemos que entrar en una residencia bajo el cuidado del Estado es un riesgo para la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA). Todo tiene siglas, hay innumerables instituciones preocupadas del tema, los informes se acumulan, pero… los casos de explotación siguen creciendo. El año pasado subieron en un 69% según la Fiscalía Nacional, cuando hubo 1.313 delitos que afectaron a niñas, niños y adolescentes (NNA). La mayoría ligados a las residencias de Mejor Niñez, donde las menores son contactadas digitalmente para ser explotadas.
Es un contrasentido que los focos de explotación estén ligados a los menores bajo cuidado del Estado. Pero no es algo nuevo. Un informe del Sename en 2004 daba cuenta de 3.719 casos. El informe Jeldres, en 2013, reveló que un cuarto de los niños en residencia enfrentaba un alto riesgo de vulneración. Después de la muerte de Lissette Villa en un establecimiento de “protección” administrada por el Estado, el Congreso también metió su cuchara y la comisión investigadora detalló la muerte de 1.313 NNA en el sistema de “protección especial” entre los años 2006 y 2016. En 2021, otra comisión de la Cámara investigó las redes de explotación sexual comercial en las residencias. Ese año se hizo el Acuerdo por la Infancia con Sebastián Piñera y se elaboró otro informe que no hace más que confirmar las graves y sistemáticas violaciones en los centros dependientes del Sename.
Se idea un sistema mejor y ese desacreditado organismo es reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en corto, “Mejor Niñez”. Y tenemos una batería de leyes los últimos años para cuidar a los menores que atraviesan por una situación de vulnerabilidad que los puede impulsar a dar un salto al futuro o bien derrumbarlos y llevarlos al delito. Una ley declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra menores en 2019; en 2022 se legisla sobre garantías y protección integral de los derechos de los NNA; en 2022 incluyen en el GES las agresiones sexuales (de poco sirve cuando cerca del 60% de las denuncias se archivan, según Amparo y Justicia). Otra ley, también en 2022, aborda el uso de menores en crímenes o delitos. Llegamos a 2024 con una nueva norma para erradicar la violencia contra las mujeres por su género; y también el año pasado se publica la nueva Política Nacional de la Niñez y Adolescencia con todo un rosario de derechos y seguridades para el desarrollo feliz y sano de los NNA. Muchas garantías, pero está todavía en trámite para la toma de razón de la Contraloría.
Y así vamos, sigamos prometiendo en el papel, creando organismos incontables como la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría respectiva y haciendo leyes. El Presidente Boric anunció en su última Cuenta Pública que constituirá una comisión (¡otra!) para reparar la vulneración de derechos que provocó el Sename. Un absurdo, cuando su heredera -Mejor Niñez- sigue infringiendo los derechos de los menores bajo su amparo todos los días. Y no hay liderazgo para ponerle atajo.
Y mientras, lo que se observa en la prensa es la queja permanente de las residencias, muchas de las cuales han tenido que cerrar porque las fuerzan a abrir sobrecupos o a recibir menores con patologías graves, consumidores de drogas o con severos compromisos delictuales, para lo cual no están habilitadas. En 2023 se cerraron 43 residencias.
Existe también la mejor alternativa de las familias de acogida, mal remuneradas, y donde el Estado puede dejar una guagua dos años, sin solucionar su adopción, aunque su familia jamás lo haya buscado.
Ahora que faltan niños en Chile y por un mínimo de caridad, ¿no será el momento de empezar a preocuparse en serio que los NNA que requieren protección la reciban en verdad? No más leyes, por favor, y tampoco más Estado.
Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/la-perversion-del-estado/
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