Por Raúl Pizarro Rivera.

“El futuro no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer”. Ésta, una reflexión que existe por siglos, no es -al menos por estos días- una aliada de las coaliciones políticas, ya en lucha desenfrenada por una Presidencial de desenlace previsible, pero con una Legislativa que le puede dar a la derecha o al totalitarismo socialista la llave del reino. ¡O se limpia Chile o continúa el imperio de la criminalidad!

Lo que puede pasar a partir del 11 de marzo de 2026 es absolutamente predecible: una derecha gobernante instalada en el Poder y una oposición socialista desbocada que retomará violentamente las calles. La vocación terrorista del marxismo y derivados, ha logrado a duras penas ser contenida por el Gobierno frenteamplista/comunista, y ello únicamente para no cavar más el pozo en el que se halla.

La cesación automática de millares de ineptos y vagos que por cuatro años han tenido un bien remunerado trabajo fiscal, se constituirá en una masiva operación callejera al estilo del mal llamado ‘estallido´. Por carencia de capacidades básicas, estos “refundadores” del país saben muy bien que sus burguesas rentas con dinero de todos los chilenos se les acabarán en el verano venidero.

El otro gran colectivo que se tomará las calles es el que siempre ha comandado, y comanda, el Partido Comunista. Existen dos proclamas al respecto: la del senador Daniel Núñez, quien advirtió que el PC “ya está con ambos pies en la calle” en alusión a las críticas del ‘socialismo democrático’ (?), que lo critica por tener uno en La Moneda y la otra en las acciones violentas.

Tal advertencia de quien utiliza un escaño en el símbolo de la democracia, el Congreso Nacional, es sólo la ratificación del llamado de Daniel Jadue, desde su arresto domiciliario, a que “el pueblo salga a las calles a reclamarle al Gobierno todo lo que prometió y no cumplió”. Todavía más, el ex precandidato presidencial y ex alcalde aseveró que “el único Estado de Derecho lo encarna la gente y si ésta se siente pasada a llevar, ninguneada o dejada de lado, tiene, por la fuerza, que recuperar su condición de autoridad máxima”. Aclaración muy oportuna la suya para distinguir entre el Estado de Derecho marxista y el Estado de Derecho de las democracias plenas, con libertades personales e independencia de Poderes.

Con muchísima anticipación se puede vaticinar cuál será el escenario que recibirá al vencedor de la Presidencial. Hay quienes vislumbran, incluso, un clima de rebelión peor que la intentona de Golpe de Estado de octubre de 2019, doblemente reforzado por los ilegales -ahora armados- y por las bandas infantiles, ya avezadas en la criminalidad, dado el fracaso definitivo de reinserción de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

No pueden ser dignas de crédito las afirmaciones gubernamentales de que se está dando, y menos ganando, la batalla contra el crimen si circulan miles de delincuentes armados por las calles, si abunda la población de individuos con decenas de órdenes de detención pendientes, si casi cotidianamente aparecen arsenales y polvorines clandestinos, y surgen simultáneamente devastadores incendios forestales “por culpa del viento” cada vez que un guerrillero indígena es atrapado. Es reveladora la aseveración, filmada y grabada, del Presidente Boric, afirmando que “el lumpen nada pierde aliándose a la revolución”.

A raíz de este panorama futuro, resultaría muy oportuno y aclaratorio para la ciudadanía que ésta inste a los precandidatos presidenciales a qué se pronuncien sobre sus propuestas concretas y definitivas para contener y castrar la delincuencia y la violencia.

¿Quiénes de los precandidatos está dispuesto a hacerlo? A esta puesta en práctica del “derecho a la vida de la gente”, como incongruentemente la definió el Presidente Boric, la izquierda la denomina amenaza a la democracia”.

El recién creado Ministerio de Seguridad Pública, que por discusión legislativa iba a quedar en manos de técnicos, se le entregó a los mismos políticos que fracasaron en Interior, de modo tal que para que dé resultados prácticos, las próximas autoridades deberían estar, ya mismo, abocadas a hacer realidad su creación.

Claramente, existe una gran plataforma de votantes que, en esta materia, lo espera todo de las nuevas autoridades. No hay quien se exprese en favor de que la delincuencia, incluida la política, no se persiga sino se E-L-I-M-I-N-E de raíz y en modo flash. ¿Quién lo podrá hacer mejor? Un nuevo Presidente en solitario, no. Sólo será posible con la existencia de una mayoría legislativa, porque toda idea, intención y tiempo se perderán si no existe un Congreso favorable a dicho combate frontal.

Los delincuentes connacionales de cualquier tipo y edad que violenten el orden público y la paz de la comunidad deberán ir, por igual, a las cárceles. Los menores de edad que cambiaron su enseñanza por el crimen se habituaron al sabor del dinero y a la insensibilidad del dolor ajeno, haciendo irreversible su presente y futuro.

La gente confía en que, a partir de 2026, los presidios se descongestionarán en un 45%, pues la población de criminales extranjeros será expulsada sin conmiseración: no será necesario gastar cuantiosos fondos del erario nacional para financiar más penales. ¿Y qué será de los ilegales que, por centenares y a diario, continúan ingresando clandestinamente al país? Tendrán que dejárseles en el lugar por el cual vinieron.

La Constitución y la legalidad vigentes ordenan, o sea, obligan, a las policías a “mantener el orden público” y a “proteger a los ciudadanos inocentes”, y las expulsiones son un resorte rutinario de la Justicia, y todo ello sin recurrir a un visado de la izquierda ni menos del INDH. Éste, a partir de 2026, para subsistir debería necesariamente autofinanciarse, porque su finalidad, desde su invento, ha sido la protección y subsidio de derechos políticos, casi exclusivamente los del PC.

Existen, tiempo ya, códigos y diversas leyes alusivas a los genuinos derechos humanos y, también, existe un ministerio, el de Justicia y de Derechos Humanos, que abarcan cualquier demanda al respecto.

Restan varios meses para las elecciones y en la medida en que se aproxime el 16 de noviembre, quienes están ofreciendo “cambiar a Chile”, tienen la obligación de pronunciarse sobre una materia tan terrible como ésta. La ciudadanía sabe perfectamente quiénes real y moralmente personifican la convicción de limpiar a Chile de toda la sangre y mugre que hoy lo cubren. No hay que buscarlos, eso sí, en ninguna lista o candidatura de la izquierda.

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