Juan Pablo Zúñiga Hertz
Cuando era niño, recuerdo que la sexualidad no era un tema sino hasta la adolescencia. Más aún, pensar en ello simplemente no estaba en el registro mental ni mío ni de mis contemporáneos. Hoy todo es diferente a la luz de tanto demente suelto que busca validar sus perversiones adoctrinándolas a la fuerza desde la primera infancia.
No podemos negar que desde siempre han existido toda clase de distorsiones en el ámbito de la sexualidad. Tal vez uno de los cambios más importantes surgió con el advenimiento del cristianismo que cambió dichas dinámicas en el contexto del Imperio Romano, donde la promiscuidad, la poligamia, la homosexualidad, los matrimonios con menores de edad y el aborto, eran algo cotidiano. Rodney Stark, en su obra “The rise of Christianity” nos muestra justamente el efecto que trajo la estructura moral cristiana. Es ese término, estructura, lo que hizo de la cristiandad un modelo civilizatorio exitoso a lo largo de ya tres milenios.
Usted y yo sabemos que, para las izquierdas en general y especialmente para sus vertientes más radicales, el desprecio por la cristiandad –la civilización occidental– es evidente en todos los ámbitos. Por ello es que atacan a EE.UU, a Israel, al Cristianismo, a la estructura legal, al hombre blanco, a la cultura del trabajo y del mérito y, en las últimas décadas, la familia. Es por esta última modalidad de sus aversiones que han desarrollado una verdadera obsesión por la sexualidad llevándola a distorsiones francamente asquerosas, pues con ello socavan y destruyen el núcleo mismo de la sociedad. El deseo refundacional de la civilización y la dialéctica del hombre nuevo no murió con la caída de la URSS. En sus mentes sigue absolutamente vigente y si para ello es preciso usar mecanismos que hasta para los más fervorosos izquierdistas de hace 100 años les abría parecido abominable, pues que así sea con tal de agudizar las contradicciones.
El reciente instructivo del Ministerio de Educación sobre ejercicios o dinámicas destinadas a ser practicadas en niños de kínder, que incluye contacto físico y todo un lenguaje incomprensible e inapropiado para menores de 4 a 5 años, sobrepasó todo límite. Esto se da justamente porque en el propio gobierno no saben de límites, ni menos de decencia. Si tenemos un presidente que, en palabras de su conviviente, intercambia roles de hombre y de mujer en su relación de pareja, que un día es una cosa y otro otra, ¿qué se puede esperar de una administración de ese tipo?
Con razón el propio Vidal señalaba en una reciente entrevista “si a este hue… [Boric] le va mal, nos hunde a todos”. Vidal se refería a la izquierda chilena que ya está hundida, pero lo podemos ver como país, como sociedad, en donde cada día el gobierno de Boric nos hunde más en el desastre. Un desastre económico puede resolverse. Un desastre de infraestructura tiene solución, pero un desastre como el adoctrinamiento en perversiones sexuales en desmedro de la educación, puede generar un daño incalculable en las próximas generaciones con consecuencias desastrosas para la sociedad.
En una oportunidad tuve el desplacer de entablar una conversa con alguien que se llamaba creyente y afiliado al progresismo que me argumentaba que la biblia sugería la fluidez de los géneros y las personalidades. Ese es el nivel de delirio que tenemos hoy en día en el mundo occidental, principalmente en generaciones más jóvenes. Es un nivel de locura francamente repugnante. Ahora, como frente a toda acción hay una reacción, el mundo ya está dando señales de que este terremoto de inmundicias llegará pronto a su fin. Sin embargo, debemos ser pacientes y fuertes pues, como todo terremoto, trae consigo réplicas y daños colaterales que tomará tiempo reparar.
Fuente: https://viva-chile.cl/2023/06/repugnante-delirio-perversa-obsesion/
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Francisco García Leoro
Gerente general de Common Sense Consulting
Crispulo Marmolejo González
Prof. Reg. Económica, Escuela de Derecho , Universidad de Valparaíso
Hace pocos días, nuestra Ley chilena de Pesos y Medidas ha cumplido 170 años. Dicho cuerpo normativo, que se publicó el 29 de Enero de 1848, revela que la preocupación por la cuestión sobre medidas y su aplicación es de larga data. Durante el período colonial está documentada la importancia que el establecimiento de unidades de pesos y medidas significó para la configuración de las instituciones públicas y las actividades económicas en Chile. El avance científico ha consolidado una disciplina – metrología - que se ocupa de estos asuntos, y que, conforme a definiciones internacionalmente aceptadas puede entenderse como la “ ciencia de las medidas y su aplicación… y que incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las medidas, cualquiera que sea la incertidumbre de la medición y el campo de aplicación”[1] Esta disciplina, a su vez da forma a la llamada “Metrología Legal” la cual puede comprenderse como aquellas prácticas y procesos de aplicación de las estructuras regulatorias y de ejecución a la Metrología. En un contexto de globalización actual, la metrología legal ha cobrado una importancia fundamental. En general, busca la promoción de un comercio más dinámico y confiable, como también favorecer la innovación, apoyar los procesos regulatorios y mejorar los estándares de protección de ciudadanos y consumidores. [2] Enseguida, los Tratados Internacionales incluyen en sus capítulos sobre Cooperación técnica, menciones a las obligaciones de los estados de “intercambiar legislación, reglamentos, reglas y otras informaciones y publicaciones periódicas publicadas por los organismos nacionales responsables de los reglamentos técnicos, normas, evaluación de la conformidad, metrología y acreditación”[3], todo lo cual se resume bajo el concepto Infraestructura Nacional de la Calidad.
En Chile, desde el punto de vista institucional, la mirada debe asumir dos dimensiones. Por una parte, en un contexto nacional o doméstico, se hace necesario orientar y coordinar el desarrollo de la Infraestructura Nacional de la Calidad desde un nivel ministerial, con un rol especialmente activo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Se requiere una mayor y efectiva coordinación entre los ministerios, superintendencias, y demás organismos de fiscalización relacionados con reglamentación técnica, eliminar requisitos duplicados y asegurar que se cuenta con las capacidades técnicas para realizar mediciones con una exactitud que permitan verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos de manera confiable y oportuna. Debe formar parte integral de lo anterior las externalidades positivas de red generadas por las actividades que el Instituto Nacional de Normalización (INN) ha desarrollado en todos los aspectos de la Infraestructura Nacional de la Calidad, pero siempre limitadas a las posibilidades de una fundación de derecho privado. Particularmente INN desarrolla y coordina la Red Nacional de Metrología, de relevancia en el ámbito industrial, cuyos conocimientos y experiencias son útiles para asegurar el desarrollo de una metrología legal coherente con las posibilidades de la tecnología.
Por otra parte, en el contexto internacional, creemos que al protagonismo y relevancia que ostentan la OECD y la OMC – en cuanto organismos, pero también como generadores de recomendaciones normativas – debe sumarse la labor que realiza la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal), con sede en Paris, y que se ocupa de la difusión y generación de estándares y procedimientos metrológicos, en orden a favorecer el comercio, la seguridad, la salud y protección del Medio Ambiente. Los esfuerzos en este sentido, deben propender a que nuestro país, optimice sus diseños institucionales, en un esfuerzo por lograr la armonización, adaptación, complementación e implementación integral de estos principios y normas.
[1] OIML, International Document, 2012, p.6
[2] OIML, Considerations for a Law on Metrology, International Document. 2012, pp. 7-8
[3] Tratado Libre Comercio Chile y Turquía. Art.30
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Gonzalo Ibáñez Santamaría
Abogado,
Presidente de la Federación Nacional de Abogados
Los derechos humanos, desde hace varios años, se han tomado el discurso político, hasta un punto en que parece ya no haber espacio para ningún otro tema. Bajo ese nombre, en general, denominamos un conjunto de atributos de la persona que le permiten a ésta exigir todos los bienes necesarios para su propia perfección, y también a un conjunto de libertades a través de las cuales ella expresaría su propia identidad y dignidad. Así, en el primer grupo, estaría la vida, la integridad física, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, etc. En el segundo, estarían la libertad de expresión, de circulación, de trabajo, etc.
Lo cual, en principio, parece muy bien. Pero, lo que no está bien es detener en ese punto el discurso político como, lamentablemente, suele suceder.
Los derechos humanos son ciertamente atributos de la persona individual, pero en cuanto cada uno de nosotros forma parte de una vida comunitaria con nuestros semejantes, porque, al margen de la vida en sociedad, es imposible darles satisfacción. Si, entonces, detenemos el discurso en la sola enunciación de estos derechos, la conclusión es clara: como esos derechos sólo los puedo satisfacer con el aporte de otros, todos esos otros estarían a mi servicio. Sería la única manera en que “yo” podría ver cumplidos mis derechos. Pero, si uno puede decir eso, luego todos lo pueden decir también, con el resultado de que la vida comunitaria se convertiría en un franco combate donde cada uno trataría de imponerse a los demás. A veces, sucede.
Para cerrar el paso a esta conclusión, es menester volver atrás en la historia, a Aristóteles. Él, considerando que no existe “la” persona, sino muchas personas, definía al derecho como una “proporción” de lo que corresponda se reparta al interior de la sociedad: bienes, cargas, cargos, penas u honores, de acuerdo a los méritos, deméritos, aportes, capacidades de cada uno. . . Por eso, lo justo no es que alguien se quede con todo o que a todos se les dé lo mismo, sino que a cada uno se le dé lo suyo, su proporción. Pero, antes de repartir, sobre todo en el caso de los bienes, éstos deben ser producidos y es en torno a este objetivo que esa comunidad se dota de un orden, brotan los cargos y las cargas públicas y, muy importante, brota el sentido en el que debe emplearse la libertad hasta el punto de determinar honores para los que hagan un uso sobresaliente de ella o penas para quienes la empleen para destruir o dañar el orden común.
No se puede pues hacer una teoría del derecho a partir de la persona puramente individual: hacerlo así, abre la puerta a conflagraciones internas para obtener el predominio de un interés particular sobre los intereses de los demás y sobre el interés común. Es lo que, sin duda, está pasando en Chile. Dos ejemplos, de varios que podrían señalarse.
Entre los últimos sucesos acecidos en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, los hubo algunos de carácter pacífico: marchas y concentraciones; pero estos fueron con rapidez desbordados por hechos de violencia, de vandalismo y de terrorismo destacándose la destrucción del metro de Santiago, las asaltos y saqueos al comercio mayor y menor tanto como a bancos e industrias; los incendios de Iglesias, la toma de rutas, calles y plazas. Fueron muchos los que sufrieron las consecuencias de esta violencia, los que sufrieron daños en su patrimonio, en su modo de vivir, en sus trabajos; sin embargo, a la hora de hablar de violaciones a los derechos humanos, los de esta gente no han contado para nada. En cambio, aquellos que enfrentados a fuerzas de policía pudieron sufrir, como era de prever, los efectos de la legítima defensa que esas fuerzas hacían para evitar un desastre mayor, esos sí que disponían de derechos humanos, los que habrían sido atrozmente violados por tales fuerzas. Es decir, derechos para unos, pero no para otros. Tampoco para los más de 5.000 carabineros heridos, y algunos muertos, producto de la violencia de esos ataques.
Más grave aún, la legalización del crimen del aborto que, al comienzo acotado a tres causales, ahora pugna por expandirse para ser de libre decisión. Nadie puede negar que ese niño que se desarrolla en el vientre de su madre es un ser humano; sin embargo, para él no existe el derecho a la vida; se le puede quitar sin ni siquiera expresión de causa. Y se esgrime como motivo para justificar este crimen un supuesto derecho humano de la madre a disponer de su cuerpo hasta el punto de poder expulsar, causándole la muerte, al niño que en ella se aloja. Crimen abominable como hay pocos, no sólo queda sin castigo, sino se ensalza como expresión de ejercicio de un derecho humano. Derechos para unos, pero no para otros.
Frente a estas realidades, no puede haber dudas: así concebidos, los derechos humanos son derechos mentirosos, porque habría seres humanos que no disponen de ellos. Así concebidos, esos derechos simplemente son una traición a la justicia.
Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm
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