Francisco García Leoro
Gerente general de Common Sense Consulting

Crispulo Marmolejo González
Prof. Reg. Económica, Escuela de Derecho , Universidad de Valparaíso


 

Hace pocos días, nuestra Ley chilena de Pesos y Medidas ha cumplido 170 años. Dicho cuerpo normativo, que se publicó el 29 de Enero de 1848, revela que la preocupación por la cuestión sobre medidas y su aplicación es de larga data. Durante el período colonial está documentada la importancia que el establecimiento de unidades de pesos y medidas significó para la configuración de las instituciones públicas y las actividades económicas en Chile.  El avance científico ha consolidado una disciplina – metrología - que se ocupa de estos asuntos, y que, conforme a definiciones internacionalmente aceptadas puede entenderse como  la “ ciencia de las medidas y su aplicación… y que incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las medidas, cualquiera que sea la incertidumbre de la medición y el campo de aplicación”[1] Esta disciplina, a su vez da forma a la llamada “Metrología Legal” la cual puede comprenderse como aquellas prácticas y procesos de aplicación de las estructuras regulatorias y de ejecución a la Metrología. En un contexto de globalización actual, la metrología legal ha cobrado una importancia fundamental. En general, busca la promoción de un comercio más dinámico y confiable, como también favorecer la innovación, apoyar los procesos regulatorios y mejorar los estándares de protección de ciudadanos y consumidores. [2]  Enseguida, los Tratados Internacionales incluyen en sus capítulos sobre Cooperación técnica, menciones a las obligaciones de los estados de “intercambiar legislación, reglamentos, reglas y otras informaciones y publicaciones periódicas publicadas por los organismos nacionales responsables de los reglamentos técnicos, normas, evaluación de la conformidad, metrología y acreditación”[3], todo lo cual se resume bajo el concepto Infraestructura Nacional de la Calidad.  

En Chile, desde el punto de vista institucional, la mirada debe asumir dos dimensiones. Por una parte, en un contexto nacional o doméstico, se hace necesario orientar y coordinar el desarrollo de la Infraestructura Nacional de la Calidad desde un nivel ministerial, con un rol especialmente activo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.  Se requiere una mayor y efectiva coordinación entre los ministerios, superintendencias, y demás organismos de fiscalización relacionados con reglamentación técnica, eliminar requisitos duplicados y asegurar que se cuenta con las capacidades técnicas para realizar mediciones con una exactitud que permitan verificar el cumplimiento de los reglamentos técnicos de manera confiable y oportuna.   Debe formar parte integral de lo anterior las externalidades positivas de red generadas por las actividades que el Instituto Nacional de Normalización (INN) ha desarrollado en todos los aspectos de la Infraestructura Nacional de la Calidad, pero siempre limitadas a las posibilidades de una fundación de derecho privado.  Particularmente INN desarrolla y coordina la Red Nacional de Metrología, de relevancia en el ámbito industrial, cuyos conocimientos y experiencias son útiles para asegurar el desarrollo de una metrología legal coherente con las posibilidades de la tecnología.

Por otra parte, en el contexto internacional, creemos que al protagonismo y relevancia que ostentan la OECD y la OMC – en cuanto organismos, pero también como generadores de recomendaciones normativas – debe sumarse la labor que realiza la OIML (Organización Internacional de Metrología Legal), con sede en Paris, y que se ocupa de la difusión y generación de estándares y procedimientos metrológicos, en orden a favorecer el comercio, la seguridad, la salud y protección del Medio Ambiente. Los esfuerzos en este sentido, deben propender a que nuestro país, optimice sus diseños institucionales, en un esfuerzo por lograr la armonización, adaptación, complementación e implementación integral de estos principios y normas.


[1] OIML, International Document, 2012, p.6

[2] OIML, Considerations for a Law on Metrology,  International Document. 2012, pp. 7-8

[3] Tratado Libre Comercio Chile y Turquía. Art.30


Fuente: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=15-02-2018%200:00:00&dtB=15-02-2018%200:00:00&BodyID=3&PaginaId=10 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo Ibáñez Santamaría
Abogado,
Presidente de la Federación Nacional de Abogados


Los derechos humanos, desde hace varios años, se han tomado el discurso político, hasta un punto en que parece ya no haber espacio para ningún otro tema. Bajo ese nombre, en general, denominamos un conjunto de atributos de la persona que le permiten a ésta exigir todos los bienes necesarios para su propia perfección, y también a un conjunto de libertades a través de las cuales ella expresaría su propia identidad y dignidad. Así, en el primer grupo, estaría la vida, la integridad física, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, etc. En el segundo, estarían la libertad de expresión, de circulación, de trabajo, etc.

Lo cual, en principio, parece muy bien. Pero, lo que no está bien es detener en ese punto el discurso político como, lamentablemente, suele suceder.

Los derechos humanos son ciertamente atributos de la persona individual, pero en cuanto cada uno de nosotros forma parte de una vida comunitaria con nuestros semejantes, porque, al margen de la vida en sociedad, es imposible darles satisfacción. Si, entonces, detenemos el discurso en la sola enunciación de estos derechos, la conclusión es clara: como esos derechos sólo los puedo satisfacer con el aporte de otros, todos esos otros estarían a mi servicio. Sería la única manera en que “yo” podría ver cumplidos mis derechos. Pero, si uno puede decir eso, luego todos lo pueden decir también, con el resultado de que la vida comunitaria se convertiría en un franco combate donde cada uno trataría de imponerse a los demás.  A veces, sucede.

Para cerrar el paso a esta conclusión, es menester volver atrás en la historia, a Aristóteles. Él, considerando que no existe “la” persona, sino muchas personas, definía al derecho como una “proporción” de lo que corresponda se reparta al interior de la sociedad: bienes, cargas, cargos, penas u honores, de acuerdo a los méritos, deméritos, aportes, capacidades de cada uno. . . Por eso, lo justo no es que alguien se quede con todo o que a todos se les dé lo mismo, sino que a cada uno se le dé lo suyo, su proporción. Pero, antes de repartir, sobre todo en el caso de los bienes, éstos deben ser producidos y es en torno a este objetivo que esa comunidad se dota de un orden, brotan los cargos y las cargas públicas y, muy importante, brota el sentido en el que debe emplearse la libertad hasta el punto de determinar honores para los que hagan un uso sobresaliente de ella o penas para quienes la empleen para destruir o dañar el orden común.

No se puede pues hacer una teoría del derecho a partir de la persona puramente individual: hacerlo así, abre la puerta a conflagraciones internas para obtener el predominio de un interés particular sobre los intereses de los demás y sobre el interés común. Es lo que, sin duda, está pasando en Chile. Dos ejemplos, de varios que podrían señalarse.

Entre los últimos sucesos acecidos en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, los hubo algunos de carácter pacífico: marchas y concentraciones; pero estos fueron con rapidez desbordados por hechos de violencia, de vandalismo y de terrorismo destacándose la destrucción del metro de Santiago, las asaltos y saqueos al comercio mayor y menor tanto como a bancos e industrias; los incendios de Iglesias, la toma de rutas, calles y plazas. Fueron muchos los que sufrieron las consecuencias de esta violencia, los que sufrieron daños en su patrimonio, en su modo de vivir, en sus trabajos; sin embargo, a la hora de hablar de violaciones a los derechos humanos, los de esta gente no han contado para nada. En cambio, aquellos que enfrentados a fuerzas de policía pudieron sufrir, como era de prever, los efectos de la legítima defensa que esas fuerzas hacían para evitar un desastre mayor, esos sí que disponían de derechos humanos, los que habrían sido atrozmente violados por tales fuerzas. Es decir, derechos para unos, pero no para otros. Tampoco para los más de 5.000 carabineros heridos, y algunos muertos, producto de la violencia de esos ataques.

Más grave aún, la legalización del crimen del aborto que, al comienzo acotado a tres causales, ahora pugna por expandirse para ser de libre decisión. Nadie puede negar que ese niño que se desarrolla en el vientre de su madre es un ser humano; sin embargo, para él no existe el derecho a la vida; se le puede quitar sin ni siquiera expresión de causa. Y se esgrime como motivo para justificar este crimen un supuesto derecho humano de la madre a disponer de su cuerpo hasta el punto de poder expulsar, causándole la muerte, al niño que en ella se aloja. Crimen abominable como hay pocos, no sólo queda sin castigo, sino se ensalza como expresión de ejercicio de un derecho humano. Derechos para unos, pero no para otros.

Frente a estas realidades, no puede haber dudas: así concebidos, los derechos humanos son derechos mentirosos, porque habría seres humanos que no disponen de ellos. Así concebidos, esos derechos simplemente son una traición a la justicia.

Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm

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Gonzalo Rojas


Si quisiera evitar la confrontación Lavín-Matthei y llevarlos a ambos a la primaria de la coalición, sería una muestra de debilidad institucional.


Terminado el proceso de elección de una nueva directiva, la UDI enfrenta ahora tres desafíos significativos.

Que ya no sea la generación de los coroneles la que conduzca al partido importa poco, porque el capital simbólico de la UDI sigue siendo muy valioso. Su marca continúa pesando en la política chilena, pero, por eso mismo, el éxito de la nueva conducción no dependerá de los nombres que ahora lideran, sino del retorno a una fidelidad con la historia institucional que se remonta a casi 40 años atrás.

Tres desafíos, decíamos, se presentan en el horizonte inmediato (diciembre-abril) para la directiva del diputado Macaya.

En primer lugar, pesará sobre esta nueva dirigencia el insistente llamado de José Antonio Kast y los Republicanos para que pueda configurarse una lista común de candidatos a la Convención que se elegirá en abril. La anterior directiva de la UDI ya declaró su voluntad unitaria, pero a tres semanas del cierre de las listas, corresponde a los recién electos insistir ante sus socios de Chile Vamos en la necesidad de unir fuerzas. Y, seguramente resulta obvio para Macaya y su gente, no se trata solo de maximizar los votos de la derecha, sino, además, de evitar que muchos electores miren una eventual lista separada del Partido Republicano como una opción más coherente que la de la UDI.

Un segundo desafío quemará las manos de la nueva dirigencia, como las papas aquellas. Sí, como una papa muy caliente.

Se trata de la decisión que deben tomar los alcaldes Matthei y Lavín respecto de sus eventuales dobles candidaturas: ¿Van a repostularse en sus municipios, para abandonarlos poco después, con el objetivo de ser precandidatos a la Presidencia? Si la nueva directiva de la UDI enfrenta este tema solo desde un punto de vista formal —y estima que no hay impedimento legal para esa triquiñuela—, pero no se hace cargo de la gravedad del mensaje ético que significa manipular a los electores (al dejar en la nebulosa la posibilidad de que Matthei y Lavín renuncien poco después de ser reelectos), los nuevos dirigentes contribuirían al desprestigio de la representación política y de su propio partido, ya muy golpeado.

Y, más aún, si no se define claramente la situación, la UDI correría el riesgo de que los votantes prefirieran sufragar por otro candidato del sector que sí les diera la seguridad de cumplir su período en el municipio. Por supuesto, eso significaría al mismo tiempo un deterioro en la votación de Matthei y Lavín, efecto dañino con vistas a sus precandidaturas presidenciales.

Pero la madre de todas las decisiones, el tercer desafío, tiene que ver con la posible candidatura de Joaquín Lavín a la primera magistratura, en el cupo de la UDI.

Dos dimensiones conflictivas presenta esta postulación.

La primera es el mecanismo que se use para escoger entre el alcalde de Las Condes y la alcaldesa Matthei, si ambos decidieran ser algo así como pre-pre-candidatos, disputándose la nominación de la UDI a una primaria de Chile Vamos. La posibilidad de que la UDI quisiera evitar esa confrontación interna y buscara llevarlos a ambos a la primaria de la coalición sería una evidente muestra de debilidad institucional y de desconfianza en la democracia interna (explicable quizás por el pequeño porcentaje de militantes que acaban de elegir a la nueva directiva). Si RN optara por la misma fórmula —varios candidatos suyos en una primaria amplia—, el ganador de esa instancia obtendría solo un pequeño porcentaje, lo que lo debilitaría en la confrontación con la oposición.

La segunda es doctrinaria. ¿Puede un socialdemócrata ser el candidato de la UDI?

La solución del problema la tiene el propio Lavín: una candidatura independiente.

Fuente: https://www.elmercurio.com/blogs/2020/12/16/84300/Tres-desafios-para-la-UDI.aspx

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