19 octubre, 2024 

por Pilar Molina

Al magistrado más influyente de la Corte Suprema lo sentenció el abogado y rector Peña, quien se ha convertido en el juez de Chile, cuando señaló que Sergio Muñoz “no es un buen juez”.

El ministro y expresidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz fue destituido por notable abandono de deberes, al haber intervenido en un caso que afectaba un negocio inmobiliario de su hija y por no haber denunciado que ella ejercía irregularmente como jueza, desde Italia.

Pero el día que quedó notificado, fue cuando el rector y abogado Carlos Peña, opinó que Muñoz “no es un buen juez” porque “ha maltratado el derecho chileno”, no fallando de acuerdo a las reglas que se ha dado Chile democráticamente, sino que en función a su propia subjetividad.

El poderoso magistrado, que asumió como el más joven y al que le quedaban ocho años en el máximo tribunal, hasta cumplir los 75 años, ha defendido la “interpretación” que hacen los jueces de las normas, y que “interpretar en derecho es un arte, no es una ciencia”. Carlos Peña le refutó que la ambigüedad no puede usarse como excusa para decidir conforme a “su particular sentido de justicia” y que “las reglas no son herramientas que se entregan a los jueces” para resolver, sino que “son razones finales para decidir”.

Hasta acá nadie se había atrevido a acusar al poderoso juez de ir contra el Derecho y que desde que asumió en la Tercera Sala convirtió la sala constitucional, que abarca todos los aspectos a través del recurso de protección, en incerteza jurídica. Muñoz se ha defendido en que se falla por mayoría, pero ha sido innegable el liderazgo y el efecto intimidatorio sobre sus pares, empezando por la también destituida Angela Vivanco que lo secundó en los veredictos más polémicos.

El supremo intentó bloquear la acusación en su contra asegurando que procuraban sacarlo en forma “oblicua” por sus fallos, por los cuales los parlamentarios no pueden acusarlo porque sería intervenir en otro poder del Estado. El Presidente Boric tomó su mismo argumento ideológico para defenderlo después de destituido. Pero, aunque sus sentencias en DD.HH. fueron el argumento con el que lo defendió el oficialismo en el Congreso para rechazar la acusación constitucional, lo cierto es que Muñoz nunca fue cuestionado por ese motivo. Más bien era un intocable. El senador Jovino Novoa incluso votó para que ascendiera a la Suprema, a pesar que el ministro un año antes lo mantuvo en la banca de los acusados sin transparentar que Gemita Bueno, quien acusaba al presidente de la UDI de violación cuando era menor de edad, se había desmentido meses antes frente él.

El supremo ha descartado las críticas que le ha reiterado Peña, argumentando que ellas ”no se basan en sentencias”. Pero, abierta la controversia, el Observatorio Jurisprudencial de Derecho de la PUC escribió lo contrario, es decir, que diversos veredictos suyos demuestran su carácter “activista y zigzagueante”, y le imputó hacer caso omiso de las reglas y principios fallando únicamente “por sus propios sentimientos de justicia”.

Pero el supremo no ha aceptado cuestionamientos. Cuando en 2014 La Moneda criticó la baja sentencia para el único asesino detenido del matrimonio Luchsinger, él opinó que eso era un “espectáculo” propio de “repúblicas bananeras”.

Y cuando se ha controvertido que la Tercera Sala permitiera la judicialización de derechos sociales, multiplicando las órdenes de costear millonarios tratamientos o fármacos, incluso no probados, no financiados por las isapres ni leyes especiales, la respuesta ha sido que como jueces dan solución al caso puntual y si no, “que deroguen el derecho a la vida” establecido en la Constitución.

Sin duda que Muñoz y su sala, en ocasiones han parecido más legisladores que magistrados, acercando a Chile al gobierno de los jueces. Donde ha habido afectación al mayor número de personas ha sido en sus fallos en materia de isapres, dictadas con alcance general (no sólo para los reclamantes) y dejando a la salud privada en estado agónico. En noviembre de 2022, la Tercera Sala que él preside ordenó a las isapres unificar los cobros con una tabla única de factores que dictó la Superintendencia en 2019 y ordenó a ésta fijar el monto de reembolso en seis meses, el que finalmente calculó en mil 400 millones de dólares. Además de establecer la gratuidad del seguro para los menores de dos años, anuló luego el alza de la prima GES, también aprobada antes por la autoridad, y ordenó más reembolsos para los usuarios, los que tienen ad portas de quebrar a las isapres, que operaban con otras normas a las establecidas por la judicatura.

Pero el impulso para innovar en el derecho alcanzó un clímax cuando en febrero de 2022, en vez de ordenar el desalojo de un terreno en Viña del Mar, tomado por 85 familias, la sala de Muñoz estableció que los dueños debían “coordinarse” con las respectivas instituciones “a fin que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados”.

En materia medioambiental, la presencia del supremo ha sido gravitante en la amplia discrecionalidad con que falla, lo que según sus detractores ha sido un freno a la inversión. La inseguridad jurídica se refleja en que en agosto de 2018 acoge un recurso de protección por un humedal artificial en Puerto Montt, en circunstancia que no había legislación al respecto.

O que en 2023 acoge una casación contra sentencia del Segundo Tribunal Ambiental frente al plan de prevención y descontaminación de Quintero-Puchuncaví, invadiendo facultades de otros poderes del Estado, ordenando, entre otras cosas, que el Ministerio del Medio ambiente designara al menos dos funcionarios con dedicación exclusiva para verificar el cumplimiento de su sentencia

En el caso de un proyecto de producción de sales en Maricunga, Atacama, en febrero de 2022, la misma sala, en respuesta a un recurso de protección, obliga a abrir un proyecto de consulta indígena por la posibilidad potencial (no efectiva) que una comunidad fuera afectada a futuro.  

El ministro Muñoz no fue destituido por fallar según su propia justicia, prescindiendo de las reglas del derecho, aunque esa forma de actuar es bien asimilable a un notable abandono de deberes. Pero más allá del impulso que Carlos Peña dio a los parlamentarios a atreverse a enjuiciar al supremo intocable, la acusación que aprobó el Congreso para destituirlo era suficiente para considerar que no estaba cumpliendo con los deberes de un buen juez al intervenir a favor de los intereses de su hija. 

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/el-ring-entre-titanes/

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