6/6/2024 

Bozidar Marusic

El martes 4 de junio se votó en la cámara de diputados la “ley Zamudio 2”, en realidad fue el día en que vivimos en peligro y que fue conjurado por el momento solo porque fue rechazada la iniciativa en general por 69 en contra, 63 votos a favor, y 13 abstenciones.

Que los medios de comunicación masivos no informen y reporten sobre la verdadera naturaleza del proyecto y sus implicancias dan cuenta que aun existen muchos que quieren evadir la realidad o persistentemente se refugien en que las acciones del gobierno y sus parlamentarios se fundamentan en la ignorancia y falta de experiencia de las autoridades, solo refleja que todavía o no entienden los objetivos del gobierno y su agenda, o francamente les resultan vergonzantes haber defendido un proyecto totalitario. Resulta inviable continuar subestimando su importancia y persistir en la negación de que el proyecto ley Zamudio 2 constituye una de las piedras angulares del proyecto revolucionario “progresista” del gobierno, que a su vez desplegó todos los nuevos y viejos trucos distractores para abrir una ventana a su avance que ante su rechazo ahora se encuentra en el senado (comisión mixta).

La iniciativa naturalmente se encontraba envuelta en el aparente objetivo de “mejorar el procedimiento judicial de la acción de no discriminación”, que no da cuenta de sus efectos reales y objetivos ulteriores. La iniciativa en rigor representa el desfonde terminal de la izquierda no democrática, en cuanto de que ya no dispone de oferta política que sea viable en una sociedad libre.

Luego de este proyecto ya no hay vuelta atrás para las fuerzas democráticas y constituye una alarma y llamado a la acción para la defensa de los derechos fundamentales de los chilenos. La vigencia de la ley Zamudio 2 hubiera tornado indefendible la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de culto entre otras garantías constitucionales elementales de los ciudadanos. La iniciativa terminaba con la presunción de inocencia y transformaba de facto a todo el sistema jurisdiccional nacional obligatoriamente en persecutores y torquemadas de todos los ciudadanos que por acción u omisión no comulguen con la nueva religión progresista so riesgo de ser acusados ellos mismo de no ser suficientemente entusiastas en el establecimiento de discriminaciones positivas. Sin dejar de mencionar que conformaba una nueva industria millonaria de persecución de opiniones de personas naturales y jurídicas, con satisfacción de ganancias garantizada puesto que establecía que la acción puede ser realizada por un tercero al supuesto afectado y sin necesidad de tener ningún fundamento. Para que no quedaran dudas incluía una comisión en calidad de comisariado político.

Las pretensiones de hegemonía de pensamiento único del progresismo ya no disimulan su carácter integrista y como toda compulsión religiosa en ascenso requiere perseguir en calidad de herejías a todos los individuos de la sociedad que no comulgan con su catecismo detallado en los movimientos extremos del progresismo. La incorporación en forma sibilina en nuestra legislación de privilegios y fueros en forma de “discriminación positiva” solo en la medida de pertenencia a un grupo o categoría válidamente interseccionalizado dejan al descubierto su función habilitante para que las personas progresivamente queden desprovistas de sus derechos inherentes consagrados en la Constitución. Se completa la demolición de las libertades aplicando cupos y cuotas hasta mediante procesos espurios en el poder judicial, devaluar el reconocimiento cualitativo de las libertades fundamentales de los ciudadanos, para llegar a la inaplicabilidad de su defensa por la colisión frente a los “nuevos derechos” especiales de mayor jerarquía respaldados por la igualdad sustantiva, que transforma a todos en ciudadanos de segunda categoría en nuestro propio país.

Queda claro que no les ha importado el costo de la fragmentación sectaria dirigida a las personas que tienen preferencias diferentes a las de la mayoría ya que es utilitaria para dejarlas en permanente carestía de contención, apoyo psicológico, inclusión real compasiva y en buena parte de los casos de la necesaria ministración espiritual frente a las dificultades de la vida.

Para los que aún no resultaba obvio que el financiamiento a grupos de presión que segregan a las personas por su sexo, raza o condición real o imaginaria, no tiene otro objetivo que despojar a los ciudadanos de sus derechos fundamentales.

En perspectiva esta legislación es parte de una agenda de control mundial al que le son funcionales las ideologías más totalitarias de la historia, en tanto que son útiles para imponer la “Discriminación Positiva”. Incluido justificar los criterios y fundamentos antihumanos y acientíficos disfrazándolos de corrección política y supuesta protección de la diversidad. Todo sirve a los precursores de la “discriminación positiva”, desde la explotación religiosa del maniqueismo hasta el burdo tribalismo contribuyen a la reversión civilizatoria dirigida hacia la formación de costras de sistemas de castas, una vez que drenan las fuerzas vivas de la sociedad atacando particularmente a la familia por su calidad de último refugio de contención del individuo, se requiere eliminar la solidaridad entre las personas, la fórmula más segura es que las personas no dispongan de ninguna base común para defenderse.

La Discriminación Positiva tiene entre otras funciones y efectos, la de arruinar la cohesión social, la democracia representativa, los sistemas de ascenso por mérito y tornar inaplicable la igualdad ante la ley junto con pervertir la justicia hasta disolver las naciones.

Puesto que es parte de la estrategia permanente del gobierno implementar con iniciativas legislativas los “principios” del proyecto Constitucional rechazado el 4 de septiembre del 2022, considero fútil continuar a la defensiva teniendo presente que el ataque e intento de implosión de la república y del sistema democrático, a través de la ley Zamudio 2 continuará. Es hora que todas las fuerzas democráticas pasen a la ofensiva y que se comience con hacer cumplir la Constitución y las leyes. Para partir se propone pasar a la ofensiva con la defensa de la libertad de expresión, dique final para sostener a la prensa libre, la cual ha sido decisiva para la victoria del 4 de junio y preservar nuestras libertades.

En el link la propuesta de acción, desde ya se convoca a todos los periodistas, divulgadores e investigadores en calidad de reales víctimas de la censura totalitaria.

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