4 noviembre, 2023 

Pilar Molina

El máximo retroceso civilizatorio no está en la propuesta del Consejo Constitucional, sino que en que la izquierda no esté dispuesta a aceptar las reglas de la democracia cada vez que pierde la mayoría.  Y de eso ha dado fe.

Mientras antes la derecha entienda que no hay fair play por parte de la izquierda, mejor le puede ir a Chile. Porque hay un socialismo duro, el mismo que comulga con Gabriel Boric en sus saltos mortales sucesivos y su incapacidad de gestión, que no está dispuesto a jugar con las reglas del juego que garantizan la democracia.

Cuando ganan las elecciones, arrasan, pero es su derecho. Es la regla de la democracia si respetan el orden institucional. Imponen su mayoría y reforman el sistema electoral y establecen el multipartidismo que favorece la anarquía, destruyen el sistema educacional, tanto el subvencionado como el público; aprueban la gratuidad de la educación superior y, por supuesto, vamos subiendo impuestos y royalties porque las farras se financian altiro y se pagan después.

Pero cuando pierden las elecciones, buscan que el que triunfa pierda también. La mayoría ya no es mayoría, sino que es “circunstancial”, como puntualizó el Presidente Boric, refiriéndose al Consejo Constitucional. No es casualidad la virulencia del movimiento estudiantil en 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Tampoco fue un proceso natural de descontento social la revuelta insurgente de octubre de 2019, durante el segundo gobierno de la derecha desde el retorno a la democracia.

No, ese estallido fue pastoreado por los actuales gobernantes y los partidos de la ex Concertación que renunciaron a su identidad socialdemócrata para radicalizarse y fundirse con el Frente Amplio y el PC.

Por eso no es raro que ahora, cuando el pueblo soberano no les dio la mayoría para redactar el nuevo texto constitucional, amenacen con nuevos estallidos de destrucción. Pero es inverosímil que usen el proceso constituyente como pretexto y que sea el senador Jaime Quintana, actual presidente del PPD, quien se atreva a profetizar que con “una Constitución más a la derecha que la actual” puede haber “un nuevo estallido social aún mayor que el de 2019”.

Inverosímil porque antes apoyaron el octubrismo barbárico reivindicando la necesidad de tener una nueva Carta Fundamental, y ahora, parece que se les olvidó. Para los cortos de memoria, el día que hordas atacaban 24 cuarteles de la policía y dos regimientos, quemaban iglesias y gobernaciones y amenazaban con el asalto a La Moneda, los 14 partidos opositores a la administración de Piñera emitieron una declaración taxativa el 12 de noviembre. “La única posibilidad” de salir de la “crisis social y política inédita” era tener una “Nueva Constitución que permita establecer un nuevo modelo político, económico y social”.  Y revelador de la irresponsabilidad con que actuaban en esos delicados momentos, asimilaban la destrucción anarquista, que ni ellos controlaban, a que emanaba “por la vía de los hechos un proceso constituyente en todo el país”. Es decir, la violencia callejera se había convertido en el soberano.

Y resulta que cuando ese pueblo, como ellos lo exigieron, vota a quienes redactan un nuevo texto, viene la amenaza de un nuevo proceso de barbarie y, más incoherente aún, la reivindicación de la actual Carta Fundamental, en cuyo nombre justificaron truncar las reglas democráticas. Lo que antes era la causa de la crisis de orden público y justificaba el desmantelamiento institucional, ahora, asegura Quintana, “tiene un recorrido con el cual los gobiernos democráticos en general pueden gobernar”. Su par del PC, Lautaro Carmona, opina parecido, asegurando que la actual ya “no es la Constitución del 80”. Cuatro años atrás abominaban de ella, pero ahora la prefieren para justificar votar en contra de la propuesta del Consejo.

No hay que olvidar que el mismo Quintana le advirtió a Piñera que “si quiere seguir gobernando debe pasar a una segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”. La notificación, fuera del juego democrático, no la hacía solo un senador, sino que el presidente del Senado en marzo de 2020.

Por eso no extraña que ahora el Presidente y su núcleo de apoyo rechacen la propuesta del Consejo reprochándole que “ni de cerca es de consenso”, como aseguró Boric. Bien curioso que exijan ahora consenso, cuando antes estuvieron dispuestos a imponer un texto donde el 0,3% del total de las votaciones fueron unánimes (ahora fue el 43%) y que pretendía refundar el sistema político, el poder judicial, la unidad territorial, etc. Fue justamente por ese fracaso que el actual Congreso estableció en enero 12 bordes que tendrían que convertirse en la base de la nueva propuesta, cuyo anteproyecto elaboró un grupo de expertos, donde la mitad era de la izquierda. Ésta nunca reclamó ante los árbitros que algún artículo del Consejo se saliera de los límites definidos antes para evitar que se repitieran los exabruptos de la Convención Constitucional.

Ahora, sin embargo, alegan que no es “la casa de todos”, aunque el Consejo aprobó 154 de las 210 observaciones que formuló la Comisión Experta. Pretender que el texto final fuera el anteproyecto redactado por los 24 expertos nominados por el Congreso (y cuoteados miti y miti) es una ridiculez; significa saltarse olímpicamente la instancia representativa, el Consejo, elegida por el pueblo. Pero lo han esgrimido, cuando lo cierto es que si no hubo más acuerdos fue porque el socialismo optó por restarse para pre configurar al rechazo del texto.

La mala fe quedó en evidencia cuando los consejeros de izquierda rehusaron en diversas materias las observaciones que ellos mismos habían planteado cuando la derecha les ofreció recogerlas. No dieron el quórum para aprobar lo que habían pedido en materia de aborto, huelga o solidaridad en materia de seguridad social, entre otros.

Prefieren así hablar de “retrocesos civilizatorios”, antes que aceptar el fraseo, como se les ofreció, de la Constitución vigente sobre el derecho a la vida.

El máximo retroceso civilizatorio no está en la propuesta del Consejo, sino que en que la izquierda no esté dispuesta a aceptar las reglas de la democracia cada vez que pierde la mayoría.  Y de eso ha dado fe.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/no-hay-fair-play/

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