Jaime Tagle Domínguez
La polémica generada en torno a los fondos asignados por el Seremi de Vivienda en Antofagasta a la fundación Democracia Viva por los parentescos y relaciones entre los funcionarios (estatales y privados) vinculados y algunas autoridades como la diputada de RD Catalina Pérez. Por supuesto que esto exige la más rigurosa investigación para aclarar cualquier ilícito penal, civil y administrativo que se haya cometido, haciendo valer las responsabilidades que correspondan, incluida las políticas.
En principio, pareciera que eso es todo. Un político se aprovechó de su posición de poder propia y de su red de clientelismo para permitir a un pariente/amigo asegurar el financiamiento de su activismo político y social. Todo esto agravado con la millonaria cifra que fue adjudicada a la mencionada fundación. Y, por tanto, hay que aplicar las sanciones jurídicas y políticas pertinentes. Pero el tema no termina ahí.
Vemos que el oficialismo no duda en favorecer a sus propias agrupaciones de la sociedad civil para asignar fondos públicos con una supuesta finalidad social. Esto no es aislado. Es cosa de estudiar muy a grandes rasgos, como otras dependencias ministeriales subsidian otras asociaciones “culturales” fuertemente ideologizadas para difundir sus “creaciones artísticas” e “investigaciones”. No es coincidencia, sino que es la explosiva combinación del estatismo y de la convicción de la coalición gobernante en cuanto al predominio casi monopólico del Estado en la vida de la nación.
Las izquierdas jamás han escondido su opción preferencial por la dominación estatal de la vida social, en mayor o menor grado. Y eso puede adoptar distintas formas. Una de ellas es la creación de cientos y miles de organismos burocráticos que crean otros cientos de miles de reglamentos que ordenan la actividad de las personas, las familias y los cuerpos intermedios. Esta es por supuesto la más burda e impopular, especialmente por dejar al descubierto una suerte de prepotencia administrativa.
Pero es posible concebir otro modo de control estatal de la sociedad civil: el clientelismo o un pseudocorporativismo que “compra” y somete a la manipulación financiera a las asociaciones privadas. Es bastante más camuflado: bajo la excusa de auxiliar, el Estado dispone de ayudas permanentes a distintas organizaciones que deben sujetarse a una serie de condiciones para que dicho apoyo económico sea constante, lo que tarde o temprano puede derivar en una dependencia no sana.
Esto puede ser muy pernicioso a largo plazo. La dependencia del dinero estatal es profundamente corrosiva del dinamismo de la sociedad civil y de la vitalidad del tejido social. No solo por la necesidad permanente para el propio sostenimiento económico, sino también por el cúmulo interminable de restricciones e instrucciones a las que estas organizaciones quedan sujetas. El impulso de la iniciativa creadora de las personas se ve reducido a ejecutar la voluntad de burócratas y dejar desatendidas las finalidades propias de los cuerpos intermedios.
Los efectos seductores del clientelismo y el apoderamiento estatal de múltiples organizaciones no gubernamentales serviles a los intereses políticos generan una red de cazadores de privilegios y beneficios de la Administración estatal. Esa es la razón por la cual los sectores políticos se ven tentados a querer “tomar el botín” de la generosidad del presupuesto fiscal. De ahí surgen las alianzas de partidos políticos y grupos de interés. Pasa en las empresas y en las ONG, en las leyes y en la distribución de asignaciones presupuestarias. Es decir, la corrupción alienta más corrupción. Su inmoralidad e injusticia es doble, pues desvía el uso de los recursos en las verdaderas urgencias sociales a los caprichos de los amigos del poder.
Esto no es nada nuevo. Es un libreto conocido. Hay una tentación, propia de nuestra débil naturaleza, a buscar privilegios en el poder. Sin embargo, nuestra época cuenta en su haber con otros fenómenos que han agudizado o mutado la eficacia de estos clientelismos. El proceso de captura estatal de los cuerpos intermedios y, en el sentido opuesto, de las organizaciones privadas de los favores del Estado, está mediado por factores ideológicos y claras intenciones políticas.
Como se dijo anteriormente, el Frente Amplio no actúa bajo la convicción purista propia del socialismo de toda la vida. No buscan controlar las distintas fuerzas sociales solo por el afán estatizante inscrito en el ADN de las izquierdas. Tienen un claro propósito subversivo en la sociedad, sin que se trate de tesis conspirativas. La izquierda posmarxista comprendió que requería “infiltrarse” en distintos espacios de la vida social y cultural por medio de múltiples estructuras a través de las cuales pudiera promover su proyecto de sociedad y formar una masa crítica bastante bulliciosa.
Para afirmar esto no es necesario considerar que los intelectuales y políticos de esa izquierda obran de mala fe: simplemente están convencidos de la necesidad de implantar su modelo de convivencia político-social y han adoptado una estrategia para ello. Y ahora que están en el gobierno han obrado, y lo seguirán haciendo si es posible, según esa determinación. En algunos casos conforme a la legalidad vigente, por lo cual solo queda hacer valer la responsabilidad política en las urnas, y en otros rozando la ilicitud que ha causado escándalo, como el caso de Democracia Viva.
Eso mismo debe obligar a las derechas a estudiar y reflexionar con detención el fenómeno del clientelismo y la captura ideológica de la sociedad civil en nuestra época. Se debe perseguir a quienes abusan de sus puestos de poder para desviar recursos, y fiscalizar a aquellas organizaciones que aparentando perseguir fines “neutros” no son más que células de partidos políticos. Pero esa es la primera parte del trabajo.
Los vicios del estatismo que absorbe las fuerzas vivas del tejido social son una cuestión conocida y estudiada por los defensores de la sociedad justa y libre. Por eso mismo afirmamos los principios de las autonomías sociales, la subsidiariedad y la solidaridad; y se rechaza que el Estado se entrometa más allá de lo que le corresponde en la persecución del bien común. El exceso de intervención estatal es campo propicio para las peligrosas tentaciones que ya hemos comentado: la atrofia de la iniciativa libre y la transformación del aparato estatal y su presupuesto en un botín disputado por distintos grupos de interés.
Pero de la mayor relevancia es la discusión y acción de las derechas en detener o contrarrestar la actividad ideologizada de las izquierdas en los cuerpos intermedios. Jamás se debe caer en el vicio de instrumentalizar las agrupaciones para fines que no les son propios –como usar un centro de alumnos para imponer un proyecto político nacional–. Hay que promover los cientos de iniciativas que persiguen finalidades auténticamente sociales y fomentar el verdadero emprendimiento social, libre de ideologías y de dobles intenciones. Es legítimo organizar iniciativas de inspiración política, pero nunca manipular otras instancias con objetivos principales distintos a la política.
En síntesis, lo que es percibido como un escándalo más, responde a un fenómeno de mayor alcance, cuyo objetivo es deseado, por una parte, de la intelectualidad de las izquierdas. Ante eso hay que ser capaces de responder no solo exigiendo justicia, gestión y transparencia, sino también reflexionando con profundidad el modo de enfrentarlo, tanto en la teoría como en la práctica. Eso es tomar en serio al adversario y su proyecto de sociedad.
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