23 de julio, 2020 
Luis Larraín
Economista
Si algún respeto por sí mismo tiene el gobierno, que según expresó el ministro Briones se negaba a apoyar un proyecto deficiente, debiera usar los mecanismos que la institucionalidad le entrega para evitar que se convierta en ley. Si no lo hace, estará dando la señal a la centroderecha de que el gobierno se acabó: carece de poder y también de convicciones y es un actor más en este mundo de la impostura.
El Senado aprobó una reforma constitucional que permite a los afiliados retirar anticipadamente dinero de su cuenta de AFP, para cubrir necesidades de liquidez durante la pandemia. El proyecto estaba rotulado como proyecto de retiro del 10%, pero la verdad es que el ministro Briones calcula que, en promedio, los afiliados retirarán un 44% de su saldo, pues se establecen valores mínimos y máximos de retiro que provocarán ese efecto. Las estimaciones disponibles indican, además, que aproximadamente un tercio de las personas vaciará completamente su fondo, con los previsibles efectos sobre sus pensiones y/o las arcas fiscales, que tendrán que aumentar sus aportes al pilar solidario para atenuar la baja del valor de las pensiones.
Pero la falsedad del 10% denunciada por el ministro Briones no es la única impostura de este proyecto. Como ha sido señalado por varios especialistas, este retiro será posible gracias a una reforma constitucional que introduce un artículo transitorio a nuestra carta fundamental, un resquicio o fraude, pues de verdad se trata de una reforma a la seguridad social, que según nuestra institucionalidad sólo pudo haber presentado al Congreso el presidente de la República. Para eludir esta última disposición, el proyecto se presenta como reforma constitucional.
Una tercera falsedad es que éste sea un proyecto para apoyar a la clase media. Los mayores beneficiados serán, por lejos, las personas de más altos ingresos. Como lo ha señalado el ex presidente del Banco Central Rodrigo Vergara, alguien que tenga 43 millones de pesos en su fondo podrá retirar dinero que no se considerará renta para efectos tributarios. O sea, esa persona, que está en los tramos más altos del impuesto a la renta, se ahorrará cerca de un millón y medio de pesos, un regalo del fisco a los más ricos.
El senador Ricardo Lagos Weber, que había anunciado una indicación al proyecto para eliminar esta exención tributaria, fue amenazado de muerte tras lo cual se retractó. Organizaciones de trabajadores, la mayoría de los cuáles son de altas rentas, manifestaron su oposición a que se eliminará del proyecto este regalo del Estado a los más ricos. La ANEF que agrupa a los empleados fiscales se declaró vigilante y rechazaron instalar en el debate “la letra chica que distorsiona el debate”, según su presidente José Pérez. La Unión Portuaria de Chile, por su parte, amenazó con paralizar sus actividades si no se aprobaba el 10% sin restricciones. La Federación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a empleados de Codelco, también abogó porque se mantuviera el proyecto tal como se aprobó en la Cámara de Diputados. Otra impostura: trabajadores de altas rentas abogan por sus intereses, piden regalos del Estado invocando a la clase media. Lagos Weber es atacado desde la izquierda “progresista” por intentar evitar que el Estado subsidie a los más ricos.
Parlamentarios de la UDI y Renovación Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, han dado sus votos para conformar la mayoría necesaria para aprobar este proyecto. Su pretexto para hacerlo fue que la ayuda del gobierno a la clase media había sido insuficiente y tardía. Esa fue la misma razón que dio Joaquín Lavín. Algo inespecífico y vago, para esconder que no tuvieron la valentía de rechazar un proyecto manifiestamente malo, pero popular entre la mayoría. Según informes del BID, Chile es el país de la región que más ha gastado proporcionalmente en ayudas a la población por la pandemia; ¿por qué y bajo qué criterio entonces se dice que es insuficiente? Respecto a la oportunidad, no hay una métrica que permita evaluar si la ayuda llegó tarde o en el tiempo requerido. Pero usar la tardanza como argumento es otra impostura. El retiro de fondos desde las AFP que se ha aprobado tardará más en llegar a las personas que las ayudas del plan para la clase media del gobierno, por las dificultades técnicas para poner en práctica el retiro como lo han expuestos los fiscalizadores del sistema de pensiones y financiero.
Así, los impostores que dominan la política habrán aprobado por una vía fraudulenta una reforma que causará grave daño a las pensiones de la mayoría de los chilenos; que además afecta el financiamiento de las inversiones, tan necesarias para reactivar el país y crear los puestos de trabajo que se requieren hoy. Un paso más hacia el Chile más pobre al que transitamos desde el 18 de octubre, esta vez con la complicidad de algunos en la centroderecha.
Si algún respeto por sí mismo tiene el gobierno, que según expresó el ministro Briones se negaba a apoyar un proyecto deficiente, debiera usar los mecanismos que la institucionalidad le entrega para evitar que se convierta en ley. Si no lo hace, estará dando la señal a la centroderecha de que el gobierno se acabó: carece de poder y también de convicciones y es un actor más en este mundo de la impostura.
Fuente: https://ellibero.cl/opinion/luis-larrain-en-el-pais-de-la-impostura/
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