Discurso del Senador conservador Francisco Bulnes Sanfuentes, el 16 de mayo de 1958, en el Senado, durante la discusión para derogar la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
“El señor Bulnes Sanfuentes: Nuestra posición acerca de los comunistas es perfectamente conocida. La hemos mantenido en forma invariable desde hace mucho tiempo y seguramente la mantendremos mientras existamos en la política chilena.
Nosotros partimos de un hecho inconcuso, que nadie puede discutir: el Partido Comunista es una asociación política que persigue la obtención del poder no por las vías democráticas, sino por la violencia y la subversión; es una colectividad que se aprovecha del sistema democrático para reunir una minoría de fanáticos suficientemente fuerte para dominar con ella los puntos vitales de un país y conseguir, por la fuerza, la suma del poder. Esto no es misterio para nadie, ni lo puede discutir de buena fe ninguna persona. (…)
Un partido que procede en esa forma, que propicia la subversión violenta del orden establecido, que aspira a conquistar el poder por la fuerza y con violación de todos los principios constitucionales y legales, es una asociación ilícita a la luz del sentido común, a la luz de los principios generales del derecho y a la luz de nuestro Código Penal.
A una asociación ilícita no se le pueden reconocer derechos cívicos, y tampoco pueden éstos ser reconocidos a los miembros de esa asociación.
Fundados en este razonamiento absolutamente claro, nosotros hemos sido y somos partidarios de que los comunistas estén privados del derecho de participar en las elecciones y, sobre todo, del derecho de ser elegidos.
Consideramos absolutamente inconveniente, enormemente peligroso para el país, que un número de agitadores comunistas, seleccionados entre los más hábiles, los más decididos y los más fanáticos, forman parte de la Cámara de Diputados y del Senado y gocen de inmunidad parlamentaria, de fuero parlamentario, de pases libres en los ferrocarriles y, en general, de todas las prerrogativas de que goza un parlamentario, para emplear esas franquicias en conspirar contra el orden público, en preparar su revolución, en echar los cimientos de su monstruosa tiranía.
Nosotros creemos que la democracia ejerce un derecho y cumple un deber cuando impide que los miembros de un partido que obra en tales condiciones y persigue dichos fines, gocen del fuero, de la inmunidad y de las demás prerrogativas parlamentarias. (…)
Queremos dejar nuestros puntos de vista muy en claro. El país volverá a tener parlamentarios comunistas; volverá a tener agitadores rentados por el Estado y rodeados por éste de toda clase de inmunidades y prerrogativas. La responsabilidad que ello significa no recae sobre nosotros, que hemos afrontado todos los denuestos baratos de la demagogia, por defender la mal llamada ‘Ley Maldita’. Al proceder en esa forma, no hemos defendido situaciones personales o partidistas sino el supremo interés de Chile.”
