23 de noviembre, 2019

Manuel Bengolea
Economista

Aprovechemos esta oportunidad para reestructurar al Estado de forma que los políticos no tengan el monopolio de su administración, y aseguremos que los dineros de los contribuyentes pasen directo a la gente que realmente los necesita.

Luego de mucho vandalismo y destrucción, que le van a costar muchísimo dinero a nuestro país y que todos tendremos que pagar, queda una legítima duda sobre qué causó todo esto. Las respuestas más frecuentes a dicha pregunta son el abuso de los poderosos. La gente se cansó de ver cómo una empresa que se colude termina pagando siete mil pesos a los perjudicados, y a quienes lo orquestaron, poco y nada les pasó. Cuando se juntaron 1.2 millones de personas a manifestarse pacíficamente, no lo hicieron porque era “cool” ni el número de adherentes resultaba nimio; eso, nos guste o no, fue impresionante y preocupante.

Los políticos han sabido en esta ocasión comportarse al nivel que se espera de ellos, y consensuar una solución para la paz de Chile. Sin embargo, la chispa que encendió este caos social -no la chispa que incendió el metro, o saqueó supermercados o tiendas de conveniencia-, ese malestar ciudadano, era lisa y llanamente contra quienes ostentan el poder y no hacen lo suficiente por mejorar la calidad de vida de los chilenos a los que por diferentes razones les ha costado salir adelante. Esos poderosos de siempre no son sólo ciertos empresarios que se coludieron para ganar plata; son también la clase política de este país, que a pesar del aumento significativo de recursos, que los contribuyentes disponemos para ello, deciden privilegiar sus intereses por sobre los nuestros.

Los políticos, cuya influencia y poder han aumentado en forma significativa, no han convertido eso en mejoras de bienestar para quienes representan.  En los últimos 10 años el gasto público como porcentaje del PGB ha aumentado en cuatro puntos, es decir cerca de US$11.000 millones adicionales por año. La pregunta es qué hacen los políticos con ese dinero de los contribuyentes. ¿Cómo se explica que el coeficiente de Gini (medidor de desigualdad) antes de impuesto sea casi igual después de impuesto? ¿Cómo es posible que los impuestos de los contribuyentes no estén llegando a la gente que verdaderamente lo necesita?

El problema en Chile es que los poderosos de siempre, el Estado, y por ende los políticos que lo administran, no han dado el ancho. Por lo tanto, ahora que tenemos un acuerdo por la paz social, ataquemos las verdaderas causas del problema. Aprovechemos esta oportunidad para reestructurar al Estado de forma que los políticos no tengan el monopolio de su administración, y aseguremos que los dineros de los contribuyentes pasen directo a la gente que realmente los necesita. Tengamos más instituciones tipo Banco Central, Metro o Codelco, y menos tipo TVN, Transantiago, Sename.

El Estado tiene mucha grasa para recortar, y aportar esa reducción en directo beneficio a los más necesitados. Partamos por los asalariados del sector público que gozan de inamovilidad, algo totalmente injusto que ningún Estado moderno ofrece, pero además gozan de salarios que en promedio son 45% superior al de sus pares del sector privado. Para dimensionar esto, sólo los empleados del gobierno central le cuestan a los contribuyentes US$4.850 millones al año. Si hacemos un plan para eliminar la inamovilidad, y reducir los trabajos a los que se justifiquen y luego ajustamos por productividad los que quedan, le ahorraríamos al Fisco mucho dinero. Los falsos exonerados políticos, las empresas públicas con pérdidas abultadas y mal gestionadas por operadores políticos, cuestan otro tanto a quienes pagamos impuestos. Ejemplos de abusos de recursos públicos abundan, y con un presupuesto fiscal cercano a US$75.000 millones, cómo los políticos no van a ser capaces de reducir gastos por 4% anual, con lo cual dispondrían de cerca de US$3.000 millones para apoyar directamente a los más pobres. Porque la solución, como algunos gustan de decir, pasa por sacarle a los que más tienen y darle a los pobres, bueno, el Estado es uno de esos ejemplos.

En definitiva, los políticos también tienen una responsabilidad en el origen de la actual convulsión del país, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que haremos de cara a esta nueva constitución, pues no podemos otorgarles más poder ni más recursos para que lo malgasten. Es más, debemos hacerlos responsables de sus acciones, que no son ni más ni menos que las mismas reglas a las cuales estamos sometidos los ciudadanos y contribuyentes comunes.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/manuel-bengolea-los-poderosos-de-siempre/

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