Por Raúl Pizarro Rivera

(Los que están en cursivas son extractos textuales de escritos oficiales del Estado de Chile)

“La Constitución le impone al Presidente de la República, entre otras obligaciones, la de gobernar y administrar el Estado, velar por la observancia de la Constitución y las leyes, y proteger las garantías individuales”.

¿Ha observado este gobernante las garantías individuales, al intervenir ante la Justicia para favorecer a los suyos, como en los casos de Monsalve, ProCultura, Hassler y la casa de Allende? ¿Ha sido imparcial en los sumarios por falsas licencias médicas? En las defraudaciones a la caja fiscal ¿cayeron los que debían caer, según su público compromiso? “La seguridad de la población y la paz ciudadana son consideradas responsabilidades fundamentales del Presidente de la República, y están respaldadas por el mandato constitucional”.

“El Estado, a través del Gobierno y sus instituciones, tiene el deber de proteger a la población y garantizar un entorno seguro para todos”.

La sola temática de este texto concluye, casi automáticamente, que el frenteamplista Presidente de Chile, ya en el pasillo de salida, debió, y con creces, ser acusado por el Congreso Nacional de notable abandono de deberes, al incumplir un tan vital mandato constitucional, como es la garantía de paz para la comunidad.

El desastre originado por su solidaridad con la delincuencia es total: el Poder Judicial y Gendarmería están capturados por las mafias internas y externas.

En la legislación chilena se encuentra estipulada la causal suficiente para la remoción del Presidente por “falta grave y reiterada a las obligaciones inherentes al mandato constitucional”. El Mandatario no es que no haya podido ejercer su autoridad, sino, simplemente, no ha querido hacerlo: “no combatiré a la violencia con más violencia” fue su promesa de campaña que la ha cumplido al pie de la letra y, peor aún, la estimuló, al abrir las puertas al crimen organizado internacional y al ‘combatir’ al terrorismo en La Araucanía con prohibición de usar armas para hacerlo.

Para agravar su responsabilidad, el Presidente también incumplió con su deber constitucional de cautelar la soberanía del país, al hacer vista gorda del políticamente planificado ingreso de extranjeros ilegales: “crear las condiciones de seguridad externa” consigna el ignorado mandato constitucional.

La extrema izquierda, incluido Boric como diputado, alentó el acceso de ilegales a Chile, al punto que, ya como Jefe de Estado, resolvió que no iría preso ningún indocumentado en la medida en que se declarase como tal ante la policía. Es más: les puso buses para trasladarlos desde Colchane a Iquique.

Un sicario venezolano enviado por Maduro a asesinar a un refugiado político en Chile, se fugó de nuestro territorio, pero…¡regresó para dirigir a una banda criminal! Otro de la misma nacionalidad buscado por INTERPOL estaba preso en Santiago hacía dos años y nadie sabía de quién se trataba. Hace un año y medio que el amigo de Boric, Gustavo Petro, se comprometió a extraditar desde Colombia al asesino del oficial de Carabineros Emanuel Sánchez -lo mató con 27 tiros- y ahora acaba de agregarse a dicha espera el joven sicario dejado libre por la Justicia chilena.

El Congreso Nacional ha aprobado 15 proyectos de leyes ‘de seguridad’ presentados por Boric, y todos con resultado cero: ninguno incluyó el combate frontal y el exterminio de la delincuencia. ¿Es, entonces, relevante el rol del Parlamento en la vida de los chilenos?

La literatura constitucional dice que la autoridad, “en el contexto de un Jefe de Estado, implica tener la capacidad de tomar decisiones, liderar con firmeza y hacerse respetar”. Hoy, 10 de cada 12 chilenos atribuyen a la inmigración descontrolada el caos originado por el crimen organizado y las dificultades para encontrar empleo.

La izquierda reniega del elemental y necesario concepto de autoridad presidencial, porque para el marxismo ella le pertenece “al pueblo”, aunque en rigor son las siniestras cúpulas comunistas las que ejercen el mando. Sólo las dictaduras sustituyen la autoridad por el autoritarismo, “un sistema de gobierno donde el poder se concentra en una sola persona o en un grupo reducido, limitando la participación ciudadana y suprimiendo la disidencia”.

En Chile rige un sistema presidencial y no semi presidencial, y se caracteriza (textual) “por la separación clara entre el Poder Ejecutivo, encabezado por un Jefe de Estado electo directamente por el pueblo, y el Poder Legislativo, representado por un Congreso. El Presidente cuenta con atribuciones tanto en la administración como en la formación de leyes, y no es políticamente responsable ante el Parlamento”. Las atribuciones específicas del Jefe de Estado son muchas y diversas y no sólo incluyen los Decretos, como aseveraron algunos estúpidos y temblorosos políticos de centro e izquierda.

La izquierda extrema y la que se camufla como centroizquierda, a partir de marzo del 2026 aspiran a cogobernar con la próxima administración de la derecha de verdad, una gestión de mano firme, enérgica y valiente. Para que ésta pueda empoderarse, es de vida o muerte que en las elecciones parlamentarias obtenga una mayoría absoluta de congresistas.

El 60% de la población que rechaza el desgobierno de Boric, debe ser capaz de sacar al país de entre las ruinas que dejará como herencia este puñado de vándalos depredadores que sólo aprendieron de la vida en las nauseabundas salas y malolientes pasillos de las muchas universidades en toma o en huelga.

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