09 de diciembre, 2019
Pilar Molina
Periodista
Lo fundamental para retomar la normalidad, que supone personas y fábricas en rutinas productivas, es terminar con la violencia. Y, ¿se ve factible?
“Si no se recupera la normalidad y se reduce la incertidumbre, todo va a empeorar y habrá crujir y rechinar de dientes”, pudiera ser el resumen del Informe de Política Monetaria que hizo el presidente del Banco Central ante el Senado. Mario Marcel no es un Chicago ni un Piñera boy. Se desempeñó 13 años en cargos claves de los gobiernos de la Concertación, como director de Presupuesto y dirigió la comisión de la reforma previsional de 2008. Para que quede claro, es de sensibilidad socialista, pero dijo que este fue el IPoM “más difícil” de los últimos 20 años por lo que está en juego en Chile.
Los elementos que ya están sobre la mesa son graves: que en el trimestre en curso la economía caerá 2%, y el próximo año estará en torno al 1%; que iniciaremos 2020 con un desempleo sobre el 10%, que la inversión se desplomará en 4% y que el déficit fiscal será el mayor de los últimos 30 años por el mayor gasto para financiar las medidas sociales. Pero, “si no se recupera la normalidad, el panorama será aún más sombrío”, advirtió Marcel, refiriéndose a que no son las manifestaciones o demandas sociales lo anómalo, sino que acciones “fuertemente disruptivas” como saqueos, incendios y paralización de servicios claves. Lo fundamental, entonces, para retomar la normalidad que supone personas y fábricas en rutinas productivas, es terminar con la violencia. Y, ¿se ve factible?
Difícil cuando pareciéramos, después de 53 días hoy, estar acostumbrándonos a la vandalización de nuestro espacio público por parte de delincuentes que se dedican a picar las veredas para convertirlas en proyectiles que lanzan contra Carabineros y que están atentos a continuar saqueando e incendiando lugares íconos como el Costanera Center.
Difícil cuando miramos impávidos cómo florece el comercio ambulante que se nutre del saqueo e innova con productos como capuchas y hondas a la venta para agredir a la policía.
Difícil con la Mesa de Unidad Social (que se arroga la representatividad de la protesta) rechazando la agenda de seguridad propuesta por el Ejecutivo y el Congreso, defendiendo el “derecho a la desobediencia civil”. Este concepto lo levantó el PC antes del estallido del 18 de octubre para apoyar las evasiones masivas del Metro.
Difícil si continuamos con partidos como el PC y el Frente Amplio, y otros personeros de la ex Nueva Mayoría, relativizando la violencia. Vimos recientemente cómo los diputados Jackson y Boric pidieron perdón por haber votado a favor el proyecto que agrava delitos en los disturbios para dar una señal contra el saqueo, pero “no pudimos evitar”, se condolieron, que se aprobaran otros acápites que criminalizan la protesta social. Son claros y reiterativos, igual que los comunistas, que las barricadas o las tomas no son delitos. Y que andar encapuchado es inocuo… como si fuera normal en un país normal salir a la calle a hacer vida normal con el rostro tapado.
Difícil con una Fiscalía que estaba llamada a buscar una sanción ejemplar para el delito de saqueo que dejó comunas sin supermercados y en otras destruyó 16 locales del retail (Maipú), 11 (Puente Alto) o 9 (Conchalí). En vez, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, consideró que el gobierno estaba penalizando el conflicto social al pretender sanciones penales y apoyó inicialmente que se le diera una salida alternativa, con la suspensión condicional del procedimiento, a 133 saqueadores de Conchalí.
Si el mundo político no asume sus responsabilidades, todo este movimiento social descrito como un anhelo en favor de mayor igualdad amenaza con convertirse en el camino chileno a una mayor desigualdad.
Difícil con sectores aprovechando la debilidad institucional para sacar su tajada exhibiendo su capacidad de dañar el transporte o paralizar los servicios públicos. Los trabajadores del Estado plantearon una pretensión de reajuste ajena a la realidad, exigiendo un incremento nominal del 7% de sus sueldos, lo que junto a otros beneficios significaría al fisco desembolsar US$3.500 millones anuales adicionales. Con paros nacionales reclaman contra la desigualdad, pero omiten nivelar su posición de privilegio porque, según cifras de la Dipres, tienen ingresos mensuales muy superiores a los del sector privado (el 58% gana por sobre un millón de pesos, comparado con solo el 19% del sector privado y en la parte baja, apenas el 2,8% recibe sueldos inferiores a los 500 mil, porcentaje que se extiende casi el 40% al otro lado).
Las cosas pueden empeorar, enfatizó Marcel, si no se reduce la incertidumbre y llamó por eso a “cerrar lo antes posible los temas pendientes de definición política”. Porque la actual crisis es hija de la crisis política, no económica, y se esperan las señales de ese mundo cuando Hacienda ya anunció US$5.500 millones de dólares para enfrentarla y el Banco central inició una intervención cambiaria para asegurar la liquidez. Y ¿cuáles son las señales del mundo político para reducir la incertidumbre?
Que no se resuelven a despejar la reforma previsional que supone nuevos costos sin una contrapartida en productividad para las empresas y en un contexto en que el 60% de ellas, según Marcel, anticipa reducciones de personal este otro año.
Sigue avanzando la moción de origen comunista, al que se plegaron algunos diputados del oficialismo, para reducir la jornada laboral a 40 horas, algo que podría insertarse entre las “medidas populistas” contra las que advirtió Marcel.
Se inició un proceso constituyente que significar abrir por cerca de dos años la incertidumbre acerca de cuál será el ordenamiento jurídico que regirá para los próximos 20 o 40 años y que dificultará tomar decisiones de inversión mientras no se despejen puntos claves.
Y cuando todavía no se legisla la nueva reforma tributaria -que se acordó entre el gobierno y la oposición para recaudar US$2 mil millones de dólares y financiar parte de la agenda social- políticos y economistas de la oposición ya están hablando de la necesitad de hacer una nueva reforma. Pareciera que el ex ministro Nicolás Eyzaguirre u Óscar Landerretche, entre otros, creen en la fórmula que pegándole duro a la vaca ésta aumentará sucesivamente y al infinito su cuota de leche.
Tampoco ayuda a estabilizar el futuro que el presidente del Senado tuitee: “Chile no necesita una retroexavadora, al menos necesita tres: una para cambiar la Constitución, una para un nuevo sistema tributario y otra para terminar con las AFP”. O que el PC insista en destituir al Presidente de la República con la misma Constitución que abomina y luego que no tuviera efectos pedirle la renuncia.
Y en fin, no contribuye a neutralizar la inquietud que el sector público no ceje en sus paros sucesivos en el área de la salud y la educación, sobre todo. No sólo han condenado a niños s sufrir el cierre de sus años escolares con 60 días menos de clases (sumando la huelga anterior de 50 días a las posteriores al 18 de octubre), sino que multiplican las listas de esperas para consultas e intervenciones.
¿Qué peor puede venir? Recesión… corralito… inflación desatada… retorno a la pobreza… más frustración de expectativas. Baste decir que Marcel señaló que «si el desempleo se estacionara en cifras en torno a 10% y la inflación se empinara al 6%, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, retrocedería 27 años, hasta los valores que exhibía a comienzos de los noventa».
Si el mundo político no asume sus responsabilidades, todo este movimiento social descrito como un anhelo en favor de mayor igualdad amenaza con convertirse en el camino chileno a una mayor desigualdad.
Fuente: https://ellibero.cl/opinion/pilar-molina-manana-puede-ser-peor/
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