6 julio, 2024

 

Por Fernando Raga C.
Ingeniero Civil Industrial


Mientras en los principales países forestales del mundo se valora e impulsa el desarrollo productivo y ambiental asociado a la actividad, nuestro país abandona y destruye sus propios logros.


 

Semanas atrás, se generó un debate a partir de los dichos del presidente de CMPC, quien denunció una situación de retroceso del sector forestal chileno.

Efectivamente, los bosques industriales en Chile han disminuido su superficie en más de 300 mil hectáreas en los últimos 25 años, y los bosques nativos han sufrido por los incendios y extracciones irregulares para leña, pese a una ley “de fomento” que no ha fomentado su desarrollo en absoluto. Cientos de aserraderos han dejado de operar, y el empleo forestal ha retrocedido fuertemente.

¿Por qué se llega a esta situación, que sólo apunta a empeorar? Se han presentado distintas explicaciones parciales, pero pocos indican con claridad el “elefante en el living” del que nadie habla; el secreto a voces en el sector, que es políticamente incorrecto mencionar: el sector forestal lleva décadas bajo un virulento ataque ideológico.

El sector forestal productivo, pese a que fue promovido desde el año 1931 con la Ley de Bosques, tuvo su gran auge a partir del DL 701 de 1974, en plena época del gobierno de facto. Sus resultados en materia de forestación de terrenos en procesos de erosión y creación de trabajo en regiones fueron tan exitosos, que la política forestal chilena de la época fue considerada un referente en el mundo e imitada por países como Uruguay, Ecuador y Argentina, con variados resultados; destacando en especial el primero. Pero el régimen político bajo el que se produjo este auge, fue el “pecado original” que lo estigmatiza hasta hoy por parte de sus críticos, para quienes la imagen de un “éxito de la dictadura” resulta políticamente inaceptable. Hay que sumar a esto que las dos principales empresas forestales nacionales pertenecen a grupos económicos que son blanco histórico de ataques políticos por parte de sus detractores ideológicos.

En 2016, la Fundación Sol presentó un diagrama que mostraba los 11 “pilares dictatoriales” que había que demoler: entre ellos estaban las AFP, las Isapres, la Constitución de 1980, la “desnacionalización del cobre”, y el Fomento Forestal. Todos son testigos de los intentos de demolición que han sufrido estos supuestos pilares, y el sector forestal no ha sido una excepción.

De modo que, a lo largo de décadas, hemos visto como se intentó culpar al sector forestal productivo del llamado “problema mapuche”, romantizando a los violentistas y satanizando a las empresas. En los grandes incendios rurales de 2017 y el 2023, la culpa no se atribuyó a los incendiarios, sino a los “monocultivos” y, por supuesto, a las empresas. El 2016 se bloqueó políticamente una ley de fomento forestal para pequeños productores (porque podrían venderles madera a los grandes consorcios), creando una Comisión Investigadora en el Congreso, que sin ningún fundamento vinculó la colusión del Tissue con el DL 701.

En el intertanto se construyó e instaló una narrativa anti plantaciones forestales, protagonizada por redes de académicos activistas que generaron una batería de artículos y estudios sesgados, evitando las informaciones y evidencias sobre las contribuciones positivas de la silvicultura industrial a las economías locales, al control de la erosión y a la captura de carbono a mínimos costos socioeconómicos. Su objetivo: vincular las plantaciones con pobreza rural, daños ambientales, supuesto “extractivismo” (siendo esencialmente cultivos renovables) y echar tierra a sus grandes ventajas de velocidad, volumen y costos en captura de carbono.

Como resultado, tenemos que se ha excluido a las plantaciones forestales de los beneficios de la Ley Marco de Cambio Climático y prácticamente se ha eliminado también la posibilidad de una ley de fomento forestal para pequeños y medianos propietarios. Ni hablar de algún incentivo que les ayude en recuperar vía plantación y/o manejo de las superficies quemadas por los dos mega incendios ocurridos durante los últimos años.

Con ello, se ha tomado de facto una decisión irracional que empobrece innecesariamente al país sin mediar ningún análisis de costo-beneficio, y se ha soslayado completamente el consenso transversal logrado y plasmado en la Política Forestal 2015-2035 presentada durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. De paso, esta decisión, al bloquear los instrumentos de política que lo harían factible, conducirá en la práctica al no cumplimiento de las NDC forestales comprometidas por Chile ante las Naciones Unidas.

Como dijo el Colegio de Ingenieros Forestales, “este retroceso (forestal) se ha transformado en una tragedia económica, social y ambiental”. Mientras en los principales países forestales del mundo se valora e impulsa el desarrollo productivo y ambiental asociado a la actividad, nuestro país abandona y destruye sus propios logros. Para revertir este proceso, es fundamental visualizar y reconocer las fuerzas motrices ideológicas que han contribuido a provocarlo, y mirar más allá de ellas en beneficio del país, no dejándose engañar por el “relato” estigmatizante para retomar la generación de políticas de desarrollo sustentable concretas y fundadas en hechos.

Fuente: https://ellibero.cl/tribuna/retroceso-forestal-e-ideologia/

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