3 octubre, 2020 

Andrés Montero
Ingeniero Comercial UCH,
Master en Relaciones Internacionales, The Fletcher School of Law and Diplomacy.
Colaborador estable de ABC de Madrid

Ciertamente, el Estado debe velar porque las tradiciones y la cultura se promueva y se mantenga como corresponde. Lo que no está bien es que se intente generar diferencias entre chilenos de primera y de segunda clase.

Se ha puesto de moda hablar de pueblos originarios. Políticos de todos los colores, dirigentes gremiales, funcionarios públicos, periodistas y académicos, transmiten profusamente acerca de los derechos de éstos. ¿Quiénes son?, ¿cuántos son?, ¿quién determina su calidad de tales?, ¿desde qué fecha en la historia se cuentan?, son algunas de las interrogantes que muchos se hacen.

El pueblo chileno está compuesto de muchas razas, de mucho mestizaje, de inmigrantes, en definitiva, de millones de ciudadanos distribuidos por todo el territorio. El tema de los pueblos originarios se ha politizado y también se ha transformado en un negocio. Beneficios del Estado de todo tipo, eventuales escaños especiales en el Congreso y, en el caso de los mapuches, aumento exponencial de comunidades fraudulentas. Miles de nuevas comunidades creadas a partir de la “maldita ley de don Patricio” (don Pato pasó a ser como un santo, a pesar de la reforma agraria y de la ley indígena).

En efecto, la ley indígena es la responsable de buena parte de los problemas que hoy enfrenta la Araucanía. Todos quieren tierras y cada vez más tierras. También quieren el borde costero, las riberas de playas y ríos y también territorios ancestrales con significado “religioso”. Lo que se otorgue, nunca será suficiente. Los narcos y los traficantes de madera se han enquistado en la Araucanía con total impunidad y además con la increíble complicidad de muchos parlamentarios, quienes se han negado a legislar para aumentar las penas a los traficantes de madera robada. Ya circula una nueva bandera, creada hace no mucho, la cual empieza a desplegarse por todas partes, organizadamente, y en abierta provocación a nuestro emblema patrio.

Otro gran aliado es Naciones Unidas, que alienta desde Europa para que estos grupos de interés se organicen y presionen al gobierno de turno para que se les reconozca como naciones independientes. A todo lo anterior se sumará pronto el explosivo aumento de inmigrantes, quienes ya se han organizado para exigir al Estado beneficios de distinta naturaleza. Lo que llama la atención, es que las ayudas y los beneficios van para aquellos que supuestamente “llegaron antes” y para los que “vienen llegando”. Los ilegales abundan en ambos grupos, pero la falta de claridad legal y de responsabilidad del gobierno permite que sus presiones logren recursos crecientes del Estado, por supuesto, en desmedro de los chilenos comunes y corrientes. Alcaldes de distintos lugares, promueven el estudio del mapudungún, sin necesidad alguna, sobre todo en lugares en que nunca se habló tal lengua. En plaza Italia, en Vitacura y también en Europa, aparecen banderas mapuches como una moda progre.

Ciertamente, el Estado debe velar porque las tradiciones y la cultura se promueva y se mantenga como corresponde. Lo que no está bien es que se intente generar diferencias entre chilenos de primera y de segunda clase. En efecto, se le cobran crecientes impuestos a los de segunda clase, para financiar subsidios y beneficios a los de primera clase. No es justo. Todos somos chilenos, nuestro territorio es único e indivisible. La canción nacional es una, la bandera chilena es una y la ley es la misma para todos. No es aceptable que por pertenecer a un “pueblo originario” tenga alguien “pitutos” o beneficios especiales.

Como en los próximos días y tras el estallido delictual se nos obligó a ir adelante (atrás) con un plebiscito para cambiarlo todo, ya se observan partidarios de un “Estado Plurinacional” y otras patrañas que solo llevarán a traer mas conflictos a un Chile ya muy convulsionado. La prensa informaba, recientemente, que desde octubre pasado a la fecha las tomas de terrenos han aumentado en un 45%. Los motivos son variados, pero el principal es que no hay medidas concretas y efectivas para expulsar a los usurpadores. Como el Estado está en jaque, no actúa la policía y los ocupantes no sienten temor alguno. Las tomas están en el borde costero de la zona note, en áreas urbanas, pero muy especialmente en predios agrícolas tomados por “pueblos originarios” apoyados por ONGs, por parlamentarios y por todos aquellos “intelectuales” que no ven injusticia en el proceder de los responsables de las tomas. Como en siglos anteriores hubo migraciones del norte de América hacia territorios australes, también de polinésicos hacia Isla de Pascua, de mapuches de la Patagonia hacia Chile, se podría validar todo tipo de “derechos” sobre territorios hoy habitados por otros. No se sostiene la intención de entregar derechos especiales a grupos determinados por razones políticas o de otra índole. Siempre será posible apoyar a aquellos grupos vulnerables, de cualquier origen, pero se debe ser cuidadoso al crear precedentes de los cuales nos podremos a futuro arrepentir.

Se cita el caso de Nueva Zelandia como ejemplo a seguir en materia indígena. El caso neozelandés es muy distinto al chileno y la solución aplicada con los maoríes no es replicable a la situación de Chile hoy. Sí es posible sacar ideas de cómo se compensó a los maoríes, pero en Chile el terrorismo se ha infiltrado y eso complica las cosas. Ojalá se logre concretar una real y pacífica integración de aquellos verdaderos descendientes de pueblos originarios, pero siempre desterrando la violencia de cualquier camino de solución.

Finalmente es bueno tener presente que en el censo de 2017 más de 2 millones de personas o el 12,8 % de la población se declararon indígenas. Sería interesante saber cuántos de ellos declararon esa condición por eventuales beneficios que algún día podrían recibir. También sería razonable tener claridad acerca de qué porcentaje de su sangre es indígena y cuántos de ellos son mestizos. Hoy, hay muchos chilenos que tienen un 25% o menos de indígenas y que han sido inducidos a declararse indígenas. La legislación vinculada a pueblos originarios se trata con mucha liviandad y su politización y utilización para dudosos intereses le esta haciendo muy mal a Chile.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/andres-montero-pueblos-originarios/

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