Osvaldo Rivera Riffo
Presidente
Fundación Voz Nacional

Dada la gravedad de lo que está ocurriendo, haré un comentario sobre dos aspectos que golpean nuestra convivencia.

El inicio de la investigación por el caso grabación y las precautorias establecidas por la jueza que originaron el encarcelamiento del conocido abogado señor Luis Hermosilla ha generado, cómo era de esperar, una serie de reacciones tanto políticas como judiciales.

Se entiende que en un país civilizado debe imperar el estado de derecho y por tanto el funcionamiento de todas las instituciones del estado garantizando, en un caso como este, el debido proceso, las garantías que ofrece la ley y lo que establece la constitución. Todo imputado de un delito es inocente hasta que no se pruebe lo contrario.

La Jueza que ordenó la precautoria de prisión preventiva para el abogado Hermosilla fijó un plazo de 180 días para alcanzar el máximo de procedimientos investigativos y así confirmar o rechazar la imputación.

Pues bien, lo que yo estoy escribiendo tiene relación única y exclusivamente con un procedimiento judicial ajustado a derecho y en rigor bajo el imperio de la legislación vigente y sin privilegios de ninguna especie.

Aquí comienza el asunto, sin dilación los medios de comunicación han condenado de los delitos investigados a todos los involucrados y como si esto fuera poco, políticos de diversos sectores han aplaudido el encarcelamiento del abogado como si este ya hubiese sido oficialmente condenado.

Los medios de comunicación y especialmente algunos periodistas, caen en el juego de creer y hacer sentir que el estado de derecho de un país se discute en un magazín mañanero o en un reality noticioso. Con esto, manipulando la opinión pública, generan un grave daño a la credibilidad y la fe pública.

Nadie pone en duda que los hechos investigados son de la más alta gravedad y partiendo de la base que dichos antecedentes se obtienen de forma ilegal, ya que nadie en Chile está facultado para grabar una conversación privada a menos que se tenga la resolución de un juez que lo autorice. Pero en fin así están las cosas en el país, si le sacamos la derivada del delito de grabación ilegal, llegamos a configurar delitos de graves connotaciones y que han remecido al país completo.

Ahora bien, yo puedo comprender que en esta diarrea informativa los medios se salten la ley y la constitución, para ellos lo que importa es el golpe noticioso y las consecuencias de ello dan lo mismo, hace rato que están colaborando en la destrucción del sistema institucional.

Pero lo que es grave e imperdonable es la intromisión del Presidente de la República, alegrándose de la resolución de otro poder del estado independiente y, lo peor, emitiendo juicios sobre las élites privilegiadas en un contexto absolutamente ilegal y anticonstitucional, sumadas a ello, las opiniones de la ministra del interior y, para rematar, las del ministro de justicia… los tres, al margen de la ley.

Así, la reacción no se hizo esperar y el hermano del imputado y su defensor arremetió contra el gobierno advirtiendo la ilegalidad de la acción y sobre todo abriendo una gran duda sobre el contenido de los miles de WhatsApp de su defendido, solicitando hacerlos públicos ya que sin ningún criterio claro el ministerio público ha seleccionado a determinadas personas y no a todos los que aparecen en conversaciones comprometedoras con Luis Hermosilla. El abogado defensor ha indicado que hay políticos, ministro de tribunales e influyentes miembros de estamentos del Estado que aparecen en dichos WhatsApp, pidiendo favores o seguramente negociando alguna situación judicial en la que Hermosilla podía influir.

Mal cálculo del presidente y sus ministros, quienes queriendo llevar lana a sus esquilas políticas están saliendo trasquilados.

Por eso, hoy Hermosilla se ha transformado en una bomba de racimo que al explotar liquidará al gobierno y a gran parte de la clase política.

Es de esperar que esto sirva de lección para que los patriotas se levanten de una vez y reclamen el legítimo derecho a la rebelión si no se conoce la verdad con todos sus alcances.

Lo anterior, asociado con el comportamiento de los parlamentarios de distintas bancadas que rechazaron la censura a la mesa de la Cámara, en clara contradicción con la condena al régimen comunista dictatorial de Venezuela y el apoyo irrestricto al PC chileno, el más obediente a los designios del comunismo internacional de todos aquellos países bajo la bota de una dictadura comunista.

Pero no es raro que la fronda política entrara en contradicción. Nunca le han importado valores o principios. Aquí lo que se juzgó no fue a Cariola y su defensa de Maduro. Lo que aquí vemos es que partidos de distintas banderas, pero amarrados por los mismos colores progresistas, votaron en contra de la censura de la mesa para propinarle un golpe al diputado Johannes Kaiser, quien fue el de la iniciativa, inspirado en firmes principios democráticos.

Entonces el contubernio político / judicial está que arde; por un lado una bomba a punto de estallar y por otro, por un grupo de inescrupulosos parlamentarios de Chile Vamos y otros partiditos que no han tenido escrúpulos en tender su mano traidora a la comunista.

Insisto, es hora de la legítima rebelión por el respeto al orden establecido, al imperio de la ley y la constitución y para castigar a todos aquellos que han entrado en connivencia con la corrupción y el apoyo al comunismo.

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