Osvaldo Rivera Riffo
Presidente Fundación Voz Nacional

A fines del último trimestre del año 2002 las aguas de la política chilena se agitaban con furia. Vientos huracanados hacían tambalear al entonces Presidente de la República. Se conocían las coimas a parlamentarios y subsecretarios y se destapa el caso MOP-Gate y los sobres con dinero en efectivos a las autoridades del gobierno central como sobresueldo no tributable. Además, se había quebrado un jarrón en Corfo y volaban los billetes de Inverlink.

Temblaba la República y se insinuaba la destitución del Presidente de la época.

Preocupación y gritos estertóreos se escucharon en la calle Suecia y el 16 de enero del 2003, uno de los máximos directivos de la oposición, entraba a La Moneda a salvar la República.

De dicho encuentro con el Primer Mandatario surge un acuerdo político tendiente a la Modernización del Estado, Probidad y Agenda Pro-Desarrollo el cual fue ratificado por todos los partidos quince días después, el 30 de enero, dando origen a 49 proyectos de ley tendientes a lo ya expresado que fueron tramitados a partir del 2003. Algunos de los cuales vieron la luz, recién el 2015. Clara muestra de la agilidad y seriedad de los políticos chilenos.

Con todos ellos reunidos en el salón Montt Varas del Palacio de Gobierno el Mandatario dijo lo siguiente, al presentar a la comisión que en tiempo récord propondría el mecanismo y la acción a las reformas anunciadas.

"Esta importante Comisión la quiero entender como la convicción de que, llegado el momento, todos nosotros, como país, seamos capaces de una doble tarea: exigir que los tribunales de justicia hagan su tarea, pero también tomar las medidas indispensables para dar un gran salto y convertir esta crisis en una oportunidad sobre cómo modernizamos el Estado y cómo lo ponemos acorde a las exigencias internacionales” y agregó:

"Con este acuerdo gana Chile y no el gobierno ni la oposición, sino que la ciudadanía chilena, este entendimiento se dio porque las campanadas de alerta nos señalaron que los cimientos básicos estaban siendo amenazados y que con esto se soluciona la vieja relación entre dinero y política”.

Pero las tan anheladas palabras de probidad y honradez en el servicio público no se terminaron con dichas motivaciones de buena voluntad y de “salvar la República”. El sistema siguió fallando gravemente con otra seguidilla de casos en los que nuevamente los políticos no dieron el ancho. El financiamiento irregular de la política cruzó todo el espectro partidista a lo que se sumó el caso Caval, con nuera incluida; el Transantiago; los sobres amarillos que los haitianos portaban al bajarse del avión que subrepticiamente aterrizaba de noche; la reforma tributaria y los brotes verdes; las muertes de los niños del SENAME; la negligencia del 27/F, etc.

En todos ellos, prácticamente la justicia no ha llegado a puerto y en casos específicos se ha mostrado proclive a juzgar a la línea opositora al gobierno de turno donde se produjeron las fechorías y no al espectro completo participante.

Este es el Chile de hoy, donde el propio informe preliminar del SII, dado a conocer el viernes pasado por el Ministro de Hacienda, demuestra que más de 430 mil trabajadores de clase media, entre los cuales hay más de 37 mil funcionarios públicos, falsearon información de sus recursos económicos percibidos en el último año y se acogieron al beneficio otorgado por el gobierno para paliar las dificultades económicas producto de la pandemia y, obviamente, en muchos casos agravados por la insurrección ocurrida desde octubre del año pasado.

El razonamiento que subyace es simple. Si las autoridades del país cometen ilícitos y defraudan al fisco sin que les pase absolutamente nada ¿por qué yo no hago lo mismo y logró mi pequeño beneficio?

Beneficios que, sumado el total del engaño, alcanzan la cifra de 270 millones de dólares.

La respuesta del gobierno no se ha hecho esperar. Los funcionarios públicos deben reintegrar los fondos mal habidos en noviembre y se estudiarán otras acciones. ¿Cuáles? ¡¡No se sabe!! Lo más probable que dada la fragilidad que impera, sea un perdonazo para no herir la susceptibilidad de la izquierda ya que de seguro todos los involucrados fueron incorporados al servicio público durante los años de gobierno de la concertación y la nueva mayoría.

Recordemos que doña Michelle, antes del término de su segundo mandato, incorporó 87 mil nuevos empleados públicos, es decir, el 77% de la fuerza de trabajo creada en ese periodo. 

¿De qué nos quejamos entonces? Hay un dicho popular que es muy gráfico para interpretar el comportamiento de la población que está siguiendo el ejemplo que se le da a diario: "así como es la pailita es la empanadita" y no puede ser de otra manera.

La crisis cultural por la que atraviesa este país es de gran profundidad: ya no hay valores, no hay respeto, no hay orden, no hay jerarquía, no hay autoridad.

Los principios y valores son consideraciones mutables o cambiantes de acuerdo con el interés mezquino de las circunstancias.

No hay liderazgos respetables, no hay admiración ni compromiso por el servicio público.

Todo se ha vulgarizado y mientras más ordinario el comportamiento, el lenguaje y los hábitos, cuanto mejor el resultado. Este será siempre un pueblo condenado por su pobreza intelectual y espiritual abrumadora. De nada sirve que exista un auto por cada 4 personas, que la pobreza material antes de la pandemia fuese del 8%, que la clase media sea ya más del 50% de la población y que 8 de cada 10 estudiantes universitarios sean primera generación en alcanzar estudios superiores. A pesar de que es cuestionable la actual formación universitaria, dado que no existe el concepto de claustro universitario y menos la relación maestro-alumno; hoy, éstos son tratados como un producto del marketing y la relación es de empresa-cliente.

Todas estas variables mencionadas de la macroeconomía son ciertas entre otras que sería largo enumerar y que nos pusieron en las puertas del desarrollo. Desgraciadamente no han servido de nada por culpa de los políticos: "La cabra sigue tirando p’al monte".

Los ejemplos de malas prácticas abundan: colusión, tráfico de influencia, responsabilidades sin méritos, pitutos y operadores políticos están a la orden del día. Sin duda lo que hemos venido sosteniendo hace tiempo se demuestra, una vez más. El comportamiento denunciado obedece a una sociedad mercantilista y al economicismo político que ha privilegiado el bien individual sobre el colectivo. Que ha degradado el deber por el tener, el dar por el quitar y el ceder por el avasallar.

Y hoy el Ministro de Hacienda se asombra que 430 mil chilenos cometieran fraude para obtener un bono de ayuda gubernamental.

Una vez más, ha quedado demostrado que la improvisación del gobierno ha sido supina y las estructuras de control absolutamente inoperantes. Con todo ello se dan el lujo de querer una nueva Constitución, partiendo de una hoja en blanco.

Vergüenza debiera darles, atado de malhechores sin escrúpulos y sin dignidad para su propia decencia.

Le robaron al país de la misma forma como le han robado los falsos exonerados, los perseguidos políticos y cuanto engendro legal han inventado para saquear las arcas públicas. Todo con el alto auspicio de los políticos de todas las trincheras.

El No de hace 32 años es el Apruebo de hoy, el resultado se lo acabo de resumir. Treinta años de sinvergüenzura.

¡Vote RECHAZO y devuélvale la dignidad a Chile!

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