Economía y Sociedad № 111
Año 2023, Sexta Época
José Piñera
La verdad histórica, tras 50 años, exige reconocer que la remoción del Presidente Allende en Septiembre de 1973 fue el resultado de una rebelión civil para evitar una dictadura comunista en Chile.
Fue uno de los Padres Fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien consagró claramente el derecho a rebelión en la mismísima Declaración de Independencia de los EE.UU.: “Cuando una larga sucesión de abusos y usurpaciones, todos ellos encaminados de manera invariable hacia el mismo objetivo, revelan la intención de someter al pueblo al absoluto despotismo, es su derecho, es su deber, derrocar a tal gobierno y nombrar nuevos guardianes de su futura seguridad” .
Existe ahora un documento extraordinario que indica que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue el verdadero líder de esa rebelión. Es el “Acta Rivera” (Texto completo en el Dossier).
El “Acta Rivera” describe una reunión el 6 de julio de 1973 entre Frei, entonces Presidente del Senado, y la directiva de la Sociedad de Fomento Fabril, entidad gremial que agrupa a los industriales chilenos. Los dirigentes le plantean a Frei que “el país estaba desintegrándose y que si no se adoptaban urgentes medidas rectificatorias fatalmente se caería en una cruenta dictadura marxista, a la cubana”.
Frei no sólo comparte el diagnóstico, sino que explícitamente impulsa la remoción de Allende por las Fuerzas Armadas: “Nada puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema sólo se arregla con fusiles. . .les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que comparto plenamente, a los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá hoy mismo”.
El “Acta Rivera” comprueba entonces que dos meses antes de la remoción de Allende, Frei llegó al convencimiento de que solo la acción de las Fuerzas Armadas impediría que el país se transformara en una segunda Cuba y promovió activamente ese camino para evitar una dictadura comunista en Chile.
Esta convicción fue ratificada por Frei en su entrevista al diario español ABC pocos días después del 11 de Septiembre y en su extraordinaria carta a Mariano Rumor, presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, del 8 de noviembre de 1973 (Extractos de ambas en el Dossier).
Eduardo Frei puede ser también considerado como el “padre” del histórico Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 que estableció los fundamentos políticos, jurídicos y morales para remover a Allende. En verdad, este día fue el punto de inflexión que marca el fin del gobierno de la Unidad Popular.
Ese día, la Cámara de Diputados fue citada para debatir un proyecto de Acuerdo. El primer orador que presentó este texto fue el diputado demócrata cristiano Claudio Orrego Vicuña, considerado el brazo derecho del ex Presidente Frei en la Cámara. En su discurso acusó al gobierno de Allende de haber generado “una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento sesenta y tres años de vida independiente. La situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas” (Texto completo en el Dossier).
Tras un debate que duró todo el día, el Acuerdo se aprobó por 81 votos contra 47 (63.3% versus 36.7%). Tuvo enorme importancia que todos los diputados de la Democracia Cristiana, sin excepción alguna, aprobaran el Acuerdo. Sólo tres años antes, el 24 de octubre de 1970, ese mismo partido había contribuido con todos sus votos en el Congreso a elegir a Salvador Allende como Presidente. Allende sólo había obtenido el 36.2% del voto popular y, según la Constitución, el Congreso podía elegir Presidente a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas.
El Acuerdo de la Cámara de Diputados tiene 15 artículos y se puede deconstruir en tres categorías (Texto completo en el Dossier):
Preámbulo. Los artículos 1 a 4 enuncian las condiciones esenciales para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado: “un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición”.
Veinte acusaciones. Se enumeran veinte transgresiones a la Constitución y a las leyes de la República: una conducta sistemática destinada a instaurar un sistema totalitario (artículos 5 y 6); siete violaciones al principio constitucional de la separación de poderes (artículos 7, 8 y 9); diez violaciones a los derechos humanos (enumeradas dentro del artículo 10, como amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos y violar las atribuciones del Poder Judicial, el Congreso y la Contraloría); y dos acciones de carácter sedicioso (artículos 11 y 12).
Llamado a las Fuerzas Armadas. En sus Artículos 13 y 14, le recuerda a las Fuerzas Armadas que su lealtad debe estar con la Constitución y no con el gobierno. En el lenguaje oblicuo tradicional de la política latinoamericana, el Acuerdo, al exigirle a los ministros militares poner “inmediato término” a estas graves violaciones a la Constitución (Art. 15), está de hecho llamando a las Fuerzas Armadas a remover al gobierno.
La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados, en consecuencia, es la acusación al Presidente Allende de que, a pesar de haber sido elegido democráticamente por el Congreso, había violado la Constitución y, por lo tanto, quebrantado la democracia.
El Presidente Allende comprendió perfectamente el objetivo del Acuerdo y el viernes 24 de agosto respondió a través de una declaración pública: “En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo. Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente es promover el golpe de Estado”.
Allende también anunció que insistiría en su comportamiento transgresor de la Constitución, al señalar que “tras la expresión ‘Estado de Derecho’ se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre chilenos que nuestro pueblo ha rechazado. Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se superen las desigualdades de una sociedad capitalista”.
Esta línea de argumentación es consistente con la postura del Congreso de 1967 del Partido Socialista en Chillán. Allí, con el voto favorable de Allende, ese Partido le declaró la guerra a la democracia chilena con esta resolución: “la violencia revolucionaria es inevitable y legítima... Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, y su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato democrático-militar del Estado burgués puede consolidarse la revolución socialista... Las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”.
El prestigioso historiador Richard Pipes también comprendió que con el Acuerdo, “la Cámara de Diputados le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos removieron por la fuerza a Allende de su cargo” (Communism. A Brief Story, 2001).
The Economist se refirió al Acuerdo en un editorial sólo 4 días después del 11 de Septiembre: “Lo que ocurrió en Santiago no es un golpe típicamente latinoamericano...El gobierno de Allende fue más allá de la destrucción de la economía. Violó la letra y el espíritu de la Constitución. La forma en que sobrepasó duramente al Congreso y a los Tribunales de Justicia debilitó la fe en las instituciones democráticas del país...El mes pasado, una resolución aprobada por la mayoría opositora en el Congreso señalaba que ‘el gobierno no es responsable sólo por violaciones aisladas de la Constitución y la ley; ha convertido tales violaciones en un método permanente de conducta’...Las Fuerzas Armadas intervinieron sólo cuando estuvo claramente establecido que existía un mandato popular para la intervención militar. Las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir porque fallaron todos los medios constitucionales para frenar a un gobierno que se comportaba de modo inconstitucional...los intentos por hacer creer que los norteamericanos estaban implicados son absurdos, especialmente para quienes conocen la cautela norteamericana en sus recientes tratativas con Chile...Esto significará la muerte transitoria de la democracia en Chile, lo cual será deplorable, pero no debe ser olvidado quien lo hizo inevitable” (Texto completo en el Dossier).
La remoción de Allende fue, entonces, una “rebelión jeffersoniana” de la civilidad, una vez quebrada la democracia, y cuyo objetivo fue restaurar la libertad.
La rebelión fue liderada por el ex Presidente Eduardo Frei y concretada en el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973.
Por lo tanto, no hubo en Chile un “golpe militar” en que las FF.AA. actúan por sí mismas y rompen el sistema democrático, como ha sido tantas veces la realidad en los golpes militares latinoamericanos.
Las FF.AA. chilenas, como bien sostiene el historiador Pipes, “obedecieron” el mandato de una de las ramas del mismo Congreso que había elegido a Allende.
Esta rebelión fue legítima, inevitable y necesaria para preservar la libertad y restaurar la democracia en Chile.
Fuente: https://www.economiaysociedad.cl/la-rebelion-jeffersoniana-de-1973-eys111
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