El juez rojo temuquense Álvaro Mesa, caracterizado perseguidor ilegal de ex uniformados y legítimo heredero de Alejandro Solís, el mismo que condenaba, según propia confesión ante la TV, basado en "ficciones jurídicas", ha cruzado la línea roja: condenó a tres años de presidio efectivo al coronel (r) Cristián Labbé, basado en que un señor de izquierda le aseveró que hace más de 45 años éste le aplicó tormentos en Panguipulli, para obtener su confesión de que era parte de la guerrilla de la zona, encabezada por el Comandante Pepe.

No hay prueba alguna. Sólo la afirmación del interesado. Y realmente "interesado", porque Mesa le reconoce derecho a que el Estado lo indemnice con treinta millones de pesos. ¿Qué argumenta el "interesado"? Que recuerda inconfundiblemente a Labbé por su corpulencia y voz ronca, similares a las actuales. Pero Labbé era, en 1973, un joven oficial extremadamente flaco y su voz en caso alguno era ronca. Pero eso nada importa. Si importara no habría en Chile dictadura judicial roja.

En ningún país civilizado se condenaría a una persona a tres años de presidio por aplicación de tormentos a otra hace más de 45 años. Cualquier juez desecharía la querella por prescripción. Esta es una institución universal. En ninguna otra parte se puede, pero en Chile sí, porque hay una dictadura judicial desatada. Y el país hace como que no se da cuenta. Las naciones extranjeras también, porque habiendo acá más de 200 presos políticos (condenados contraviniendo todas las leyes y sólo por razones políticas), los Estados Unidos sancionan a Cuba por tener 100 presos políticos y nada le dice a Chile al respecto.

Como en muchos años no pudieron encontrarle nada a Cristián Labbé, ahora, aprovechando que un señor dice que en noviembre de 1973 Labbé lo interrogó, aplicándole tormentos, lo condenan a tres años. Y al "memorioso" le dan treinta millones de pesos, con cargo al Estado, naturalmente. ¡Qué negocio tan fácil!

Venían persiguiendo a Labbé hace mucho tiempo. Cuando era alcalde de Providencia y ganaba todas las reelecciones, hicieron un traslado masivo de electores para impedirle reelegirse de nuevo y lo consiguieron, poniendo a una alcaldesa izquierdista de triste memoria que ni siquiera intentó reelegirse, legando como único logro haber cambiado el nombre a la calle "11 de Septiembre" por "Nueva Providencia". Labbé ganó, como siempre, en las mesas antiguas. Pero en las nuevas, armadas por la ex UP, fue naturalmente superado por la inefable y recordada Josefa. Para tener éxito en política es cuestión de manejar las cosas bien.

"La Doctrina Legalista de Schneider" de 1970 decía que el Ejército no debía meterse en política, pero que si otro poder del Estado se salía de la Constitución, el Ejército sí debía intervenir, porque se debe a la Nación, que es lo permanente, y no a un gobierno determinado. Y en 1973 aplicaron la "doctrina legalista de Schneider" y depusieron a Allende cuando se salió de la Constitución. Pero ahora hay otros militares, distintos a los de antes. Lo que mejor hacen es "mirar para otro lado" cuando los jueces de izquierda se salen de la Constitución y de la ley para condenar a sus camaradas.

Se supone que los militares nunca abandonan a sus caídos tras las líneas enemigas. Eso será en otros ejércitos, porque lo que es acá, los han dejado botados, sin ir a rescatarlos en nombre de la Doctrina Schneider ni ninguna otra. Y los jueces de izquierda se han dado cuenta, porque ya no se detienen ante nada.

El abuso económico de la dictadura judicial roja es enorme. El ministro "de Justicia y DD. HH." calcula que el Estado le ha dado a la guerrilla derrotada entre el 73 y el 90, US$6.200 millones. Otro Transantiago. Su subsecretaria ha declarado que le han reservado en el presupuesto otros US$2 mil millones para los próximos cinco años, es decir US$ 400 millones anuales.

Pero eso no es nada, porque el dirigente socialista de los exonerados políticos, Raúl Cerpa, le ha declarado a Tomás Mosciatti en CNN que de los 160 mil exonerados que hay, cien mil son falsos y que eso solo le cuesta al erario ¡US$ 400 millones anuales! (Véalo en You Tube). Van donde Isabel Allende (la favorita) u otro parlamentario, le piden un certificado ¡y a cobrar!

Ahora, al condenar al más expresivo exponente del Gobierno Militar que rescató a Chile del comunismo, Cristián Labbé, sólo sobre la base de los dichos de una persona más de 45 años después, la dictadura judicial ha cruzado una línea roja.

Y les añado lo siguiente: la más escandalosa comisión de subsidio a la guerrilla marxista, la Comisión Valech, creada por Ricardo Lagos (aún más escandalosa que la Rettig), dio pensiones a casi treinta mil sospechosos de vinculación con el terrorismo, por haber sido interrogados entre 1973 y 1990. Y éstos, siguiendo el ejemplo del que ahora culpó a Labbé, obviamente se están comenzando a querellar. Multiplique treinta mil por treinta millones de pesos y apróntese a financiar eso con sus impuestos.

La dictadura judicial es un cáncer en el organismo chileno, cohonestado por Piñera desde el Ejecutivo, pues es cómplice y coautor de los procesos ilegales, inconstitucionales y arbitrarios. Y como el Congreso es de mayoría de izquierda y la prensa "se pasó al otro bando", hay aquí un tumor que no va a parar de crecer y del cual casi nadie podrá defendernos.

Si Chile no se opera a tiempo del tumor rojo que tiene alojado en su organismo institucional, gracias a la alianza Piñera-Congreso con la dictadura judicial, ese organismo va a perecer debido a él. La línea roja que acaba de cruzar Álvaro Mesa es la señal de que, si no se extrae el tumor, éste consumirá al país.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

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