28 de septiembre de 2024 
Hermógenes Pérez de Arce
Sebastián Piñera premió a Mario Carroza designándolo ministro de la Corte Suprema. Ambos fueron caracterizados perseguidores, mediante querellas ilegales, de los militares que derrotaron al terrorismo marxista.
Ahora la justicia inmanente parecía que iba a alcanzar a Carroza a través de una acusación constitucional por haber ejercido influencia indebida en nombramientos notariales. Era la menor de sus responsabilidades, a mi juicio. Pero cumplía con ser una especie de sanción reparadora, al fin y al cabo, por sustanciar procesos notoriamente ilegales contra quienes nos salvaron del comunismo. Pero ahora el conglomerado ChileVamos ha anunciado que no apoyarán la acusación constitucional contra Carroza. Entonces no habrá justicia divina.
Mario Carroza fue sumariante de dos causas especialmente inicuas, de tantas abiertas contra militares, desde que Piñera, en su primer gobierno, triplicó las querellas contra éstos. Lo hizo tras haberles prometido, durante su campaña (y para obtener el voto de la "familia militar") acelerar los procesos y velar por que se aplicara la prescripción. El anuncio fue recibido por una ovación del medio millar de uniformados (r) que asistían al acto. Le creyeron a Piñera.
La causas más inicuas sustanciadas por Carroza fueron la que condenó a exuniformados por un inexistente "asesinato" de Miguel Enríquez, en 1974, y la que mandó a presidio por diez años al teniente coronel (r) Castañer por el caso de los quemadores-quemados, en que no le cupo responsabilidad.
No hubo "asesinato" de Enríquez, tanto que en 1974 el joven teniente Miguel Krassnoff recibió la Medalla al Valor del Ejército, junto con el agradecimiento de los sindicatos bancarios y de la sociedad civil, por haber descubierto la guarida del ladrón de bancos y terrorista, que fue el primero en abrir fuego. Su última fechoría anterior había sido asaltar la sucursal Huelén del Banco de Chile y ordenar a uno de sus bellacos disparar seis tiros al agente bancario Julio Robinson del Canto, por negarse a entregar las llaves de la bóveda y darle al mismo Enríquez un puñetazo que lo lanzó lejos. Al morir días después todavía tenía un ojo en tinta.
Cuarenta años después, la traición de Aylwin, la mentira oficial y el engaño general habían hecho cambiar tanto al país que Carroza convirtió en 2014 ese logro social de 1974 en "asesinato" del jefe terrorista. Y añadió así otras decenas de años a las penas recibidas por Krassnoff, condenando además al fisco a pagar cien millones de pesos al ya anteriormente indemnizado hijo de Enríquez, Marco Enríquez-Ominami (que, notablemente, se preocupa de aclarar que su padre "murió en combate", desvirtuando la tesis de Carroza.) Pero ese pequeño "desacuerdo" no le impidió cobrar los cien millones.
Del mismo modo, Carroza reabrió ilegalmente, treinta años después, el caso de los "quemadores-quemados", ya sustanciado en 1986 por el ministro sumariante Alberto Echavarría Lorca. Es decir, no respetó la cosa juzgada.
La condena más llamativa e injusta en esta causa le fue impuesta al teniente coronel (r) Julio Castañer, que comprobadamente no tomó parte alguna en el incendio accidental de los artefactos inflamables portados por Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas. En un juicio además viciado por el soborno de testigos, le impuso diez años a Castañer, que, ya septuagenario y enfermo, ha entrado a cumplirlos recientemente.
Lamentable defección del piñerismo ante la acusación constitucional, que ha postergado la justicia divina, por ahora. Pero tarde o temprano llegará.
Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/
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