14 de Julio de 2024 
Hermógenes Pérez de Arce
En comparación con muchos excarabineros y exmilitares, Sebastián Zamora es un privilegiado: tuvo derecho a un debido proceso. Como resultado, fue absuelto. Si se hiciera real justicia, debería ser reincorporado a su institución. Más aún, debería ser indemnizado por el Estado, que lo envió a cumplir una misión peligrosa, como era la de enfrentarse con vándalos armados de molotovs, piedras, palos y, frecuentemente, armas de fuego (léase el libro de Claudio Crespo "G3: Honor y Traición" para comprobar la frecuencia con que los carabineros y sus vehículos reciben disparos).
Sebastián Zamora, por contraste con sus camaradas enfrentados a la in-justicia, tuvo derecho a un debido proceso. La politizada fiscal Chong pretendió imputarle dos delitos claramente inexistentes en los hechos: homicidio frustrado y apremios ilegítimos. Salta a la vista de cualquier persona con sentido común que un policía enviado por orden superior a enfrentar a sujetos violentos no es por eso un "homicida" ni ello pasa por su mente. Ese funcionario se da por satisfecho con evitar delitos de destrucción, agresiones, incendios y saqueos. Utilizar la figura del "homicidio" presupone que Zamora tenía la intención de quitar la vida a otras personas, supuesto desvirtuado por el hecho de que, comprobadamente, en ningún momento extrajo siquiera una arma. Luego ni jurídica ni racionalmente podía imputársele un "homicidio frustrado".
De otro lado, toda la evidencia apunta a que en momento alguno quiso infligir al joven que cayó al río un "apremio ilegítimo", figura penal que se refiere a la aplicación de tormentos con algún propósito policial. Simplemente, como lo demostraron grabaciones y testimonios, su conducta estaba dirigida a detener a un sujeto que había perpetrado una agresión contra un carro policial.
En Chile se da la paradoja inconstitucional de una abierta desigualdad ante la ley, ya que un sector de exuniformados han sido y siguen siendo juzgados por un sistema procesal antiguo, que ofrece menos garantías a los imputados y es excesivamente dependiente de la calidad moral de los jueces, hoy gravemente deteriorada.
Cuando había más jueces probos y caracterizados por su independencia política y elevación moral, el antiguo sistema funcionaba pasablemente. Pero desde que la justicia cayó en manos de activistas de izquierda se ha generado la más escandalosa y extendida prevaricación que registra nuestra historia. El examen de cualquier expediente que afecte a exuniformados revela la falta de pruebas, la violación de leyes expresas y vigentes y el empleo de "ficciones jurídicas" y figuras legales creadas con posterioridad a los hechos, todo lo cual repugna a la sana doctrina penal y al propio texto constitucional.
Por eso Sebastián Zamora, víctima de injusticia, persecución politizada y completamente inocente es, sin embargo, un privilegiado. Porque a él por lo menos lo ampara el derecho en un país que no vive un "estado de derecho" ("tule of law") sino una "ley de la selva" judicial, una anomia legal donde agonizan el derecho, la justicia y la verdad, con centenares de presos políticos ancianos, que ven a diario todos sus derechos humanos impunemente atropellados.
Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/
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