jueves, 21 de febrero de 2019
No pregunto si lo somos, porque todos sabemos la respuesta; sólo si podemos serlo. Ante las reacciones a raíz del fallo en el caso Frei me he formulado más de una vez esa pregunta y he resuelto hacer un esfuerzo por opinar como un chileno honesto. Sobre todo frente a cartas a los diarios de personalidades de la DC, tenidas a su vez por honestas, pero cuyos escritos me parecen incompatibles con esa condición.
El ex subsecretario y ex canciller de gobiernos de la Concertación, Mariano Fernández, dice en “La Tercera”, 17.02.19:
“Los chilenos sabemos que Pinochet hizo asesinar al general Carlos Prats, a Bernardo Leighton y su mujer (frustrado), y a Orlando Letelier, por considerarlos severos adversarios de su dictadura. Hechos comprobados y sentenciados judicialmente. Esto mismo hizo contra Tucapel Jiménez y otros líderes sociales y políticos”.
Otra voz DC, Sylvia Soublette, viuda del canciller de Frei Montalva, Gabriel Valdés, afirma en “El Mercurio” de 17.02.19:
“Los que vivimos el tiempo de la dictadura, que fue un tiempo en el cual reinó la irracionalidad, en el que ocurrieron hechos que creíamos en ese momento imposible que sucedieran en Chile; cuando ya habían ocurrido los asesinatos de José Tohá, por el solo pecado de haber sido ministro de Allende; el frustrado crimen de Bernardo Leighton; el asesinato de Letelier en Washington ¿qué tendría de extraño que a Frei lo hubieran asesinado también?”. Y termina su carta afirmando: “Hoy en día no me cabe la menor duda”. ¿Habrá leído el proceso?
Cartas de Eugenio Ortega Frei y una columna de Eugenio Tironi en “El Mercurio”, de parecido tenor a las anteriores, llevaron a Pablo Ortúzar a escribir hoy al diario diciendo: “algunos parecen creer que basta con mostrar que la dictadura era capaz de haber asesinado de forma sofisticada al ex presidente, para asumir que ello fue un hecho”. Otra carta de Julio Letelier Guzmán, en el mismo diario, le responde a Sylvia Soublette: “El fin: probar que su muerte convenía y era deseada por mentes desquiciadas de ese entonces no justifica los medios: culpar con conjeturas y voluntarismos. Por lo demás, ésta es una premisa cristiana”.
Es que, como el expediente judicial no aporta fundamentos para probar un homicidio, se recurre al “contexto”. Pero éste mostraba a un país próspero, tranquilo y pacífico: el PGB creció 6,2 % y la inflación bajó a 9,5 % en 1981. Por tercer año consecutivo hubo superávit fiscal. En el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y el terrorismo hubo, en todo el año, 8 víctimas (Informe Rettig). Pero ¿era necesario vigilar a los DC? Juzgue usted, leyendo la siguiente declaración del sargento de carabineros Héctor Manuel Lira Aravena, que trabajaba a las órdenes del agente de la CNI Raúl Lillo en el espionaje a la DC (página 110 del expediente del juez Madrid): “Expone que la cúpula del partido no participaba en las manifestaciones públicas, que ellos se involucraban en los contactos con la oposición internacional, principalmente (de) Alemania e Italia; eran fuertes sus influencias, bloqueos de las exportaciones chilenas, que no se otorgaran créditos a Chile”.
Si yo fuera gobernante (muy democrático, por supuesto) y hubiera un partido preocupado de dañar a la economía, por supuesto que encargaría a mi agencia de inteligencia vigilarlo para preparar la defensa de mi gobierno ante esos atentados contra la economía nacional. La tarea de Raúl Lillo, inculpado como cómplice del homicidio de Frei por haberlo vigilado, aunque nada hizo para matarlo, era esencial y necesaria para los intereses del país.
En todo caso y por mi parte, quiero ser honesto y hacer un aporte de verdad histórica objetiva, porque las afirmaciones de ambas personalidades DC –Fernández y Soublette-- contienen falsedades ostensibles, que en sus casos no atribuyo a mala fe, sino simplemente al “lavado cerebral” de que hemos sido objeto los chilenos durante ya 29 años.
Por orden cronológico: tras estar confinado José Tohá, ex ministro del Interior de Allende, en la isla Dawson, al decaer su salud fue internado en el Hospital Militar, donde el 15 de marzo de 1974 se quitó la vida colgándose de su cinturón en su habitación. Ése fue el veredicto judicial, que con posterioridad se ha procurado desmentir, sin lograrlo. El entonces teniente Miguel Krassnoff tenía la comisión de visitar a los principales presos, a comienzos de 1974 (no se había creado aún la DINA), y en su biografía, obra de Gysella Silva Encina, relata así un diálogo con Tohá (p. 108): ”Había en su rostro una expresión tal de tristeza que el oficial le preguntó si le sucedía algo… Créame teniente –le dijo Tohá—que nosotros sabíamos que la única solución para Chile era una intervención militar como la de ustedes (…) Yo espero, por el bien de mi patria, que ustedes logren resolver lo antes posible los graves problemas que hay. Pero no les va a ser fácil. Hay mucha anarquía y nosotros permitimos que se desatara el odio entre hermanos. ¿Sabe usted, teniente, lo que eso significa? (…) En todo caso, le deseo a usted mucho éxito y mucha suerte… Desconozco cuál será mi destino, pero estoy dispuesto a afrontar todas mis responsabilidades. Siento una profunda tristeza y una enorme decepción por todo lo sucedido”. Es impensable ordenar matar a una persona en esas circunstancias.
Luego Mariano Fernández afirma que “Pinochet hizo asesinar al general Carlos Prats”. Hay oficiales chilenos en Punta Peuco ilegalmente condenados por el asesinato de Prats, pero ese delito lo cometió Michael Townley: actuando solo se introdujo al garaje del edificio donde vivía Prats e instaló una bomba en su auto. La ministra argentina María Servini de Cubría, que investigó allá el caso Prats, vino a interrogar a oficiales chilenos detenidos por eso y a uno de ellos (Christoph Willeke) le dijo (él me lo contó): “Si, yo sé que usted no tuvo que ver en el asesinato de Prats, pero quiero que me cuente todo lo que hacía la DINA”. Si Pinochet hubiera tenido responsabilidad en ese crimen, habría debido saber, por lo menos, de Michael Townley. Sin embargo, vino a saber quién era éste sólo en 1978, cuatro años después, a raíz del caso Letelier y antes de resolver entregarlo al FBI norteamericano, que lo reclamaba. Según “El Mercurio” de 02.04.00, en una reunión ante la Junta el coronel Contreras había asegurado no saber quién era Michael Townley, es decir, se había comprobado que Michael Townley era un completo desconocido para la Junta y su presidente y que podía ser entregado a los norteamericanos sin temor, cosa que el gobierno chileno hizo. Conste que habría podido evitarlo, pues había un proceso contra Townley en Concepción desde tiempos de la UP y, por tanto, éste podría haber quedado detenido en Chile por una decisión judicial que los norteamericanos debían respetar y que era una perfecta razón para no entregarlo, pues no era del resorte del gobierno chileno. Pero éste no sabía de la existencia de Townley ni de lo que hacía o había hecho y precisamente por eso lo entregó a sus compatriotas.
Asimismo, el “frustrado asesinato” de Leighton fue obra de dos italianos de Avvanguardia Nazionale, grupo neofascista, Pierluigi Concutelli y Salvatore Falabella, reclutados por un tercero, Steffano della Chiaie, a quienes Townley, que viajó a Roma, dio la información del domicilio del ex ministro chileno. Los neofascistas habían conocido meses antes a Pinochet en Madrid, durante las exequias de Franco, y le habían manifestado su adhesión y deseo de ayudarlo.
He dicho que está probado que ni Pinochet ni la Junta sabían de Townley ni de su nexo con la DINA. El mismo Townley, en “La Nación” del 28.08.06, dijo haber reprochado al coronel Contreras no haber informado a sus superiores de las acciones en el exterior que él perpetraba. Es decir, menos podían ser Pinochet y la Junta quienes ordenaban esos atentados. En otros términos, ambas cartas de personas “moderadas” de la DC imputan falsamente crímenes al ex Presidente Pinochet y a la Junta.
Por algo, al descubrirse acciones de Townley y la DINA que ni el gobierno ni la Junta conocían, se disolvió ese organismo y fue reemplazado por la CNI. Pues en la Declaración de Principios del Gobierno Militar estaba el compromiso de respetar los derechos humanos.
Es que el fallo del ministro Madrid ha provocado la angustia de la DC y la familia Frei porque a ese veredicto le falta algo esencial, como lo ha destacado el abogado Adolfo Paúl en cartas a los diarios: probar que existe “el hecho punible”, base de todo juicio criminal. La principal tarea de un juez del crimen es “probar el hecho punible”. En este caso, probar qué acción de una o más personas mató al ex presidente Frei. Los que han leído las 811 páginas del fallo no han podido encontrar el “hecho punible”, no obstante que el juez ha señalado como autor principal del homicidio a un médico de confianza de Frei y su familia y amigo suyo, Patricio Silva. Tan confiable que, cuando en los años 60 algunas unidades militares se alzaron contra su Gobierno, él mandó a ese doctor, que era subsecretario, a la más delicada de las misiones, aplacar el levantamiento, lo que consiguió.
Nos informa el expediente que cuando Frei se sintió muy mal después de la operación que le practicó el doctor Augusto Larraín, que se había ido al sur y, pese a las molestias de su paciente, no estimaba necesario volver, la familia acudió al doctor Patricio Silva, relevando al otro, con cierta indignación. Todo el país se pregunta, entonces: ¿cómo va a haber sido precisamente ese otro, a quien llamaron para salvarlo, el que lo mató? ¿No debería haber sido más culpable el primero, o por lo menos el más sospechoso? ¿Y cómo va a ser coautor del homicidio otro doctor que se limitó a entrar a la pieza del enfermo y ni siquiera participó en la re-operación? A todo el mundo esto le huele igual que esos juicios en que condenan a militares por “haber estado ahí” o por acusárseles inverosímilmente de tener secuestrada hasta hoy y durante cuarenta y cinco años a una persona. Una “ficción jurídica”, como confesó un juez ante las cámaras. Pero es que en Chile usted puede hacerles eso, atropellar la ley y condenar "fingiendo" algo, a los militares, pero no puede hacérselo a los médicos, mucho más solidarios con sus colegas. Por eso en estos días se suceden los testimonios médicos que refutan las condenas y hasta hubo una inserción pagada y firmada por centenares de facultativos distinguidos, que respaldan a colegas suyos que, por haber preparado el cadáver del ex Presidente para su traslado a un velatorio prolongado en la catedral, ahora están condenados como encubridores de su supuesto homicidio.
Entonces los DC que escriben a los diarios y hasta algún columnista PPD muy afín a ellos, recurren al “contexto”: casos Prats, Leighton, Letelier y Tucapel Jiménez. Este último caso, es verdad, es el peor para Pinochet y la Junta. Sucedió en 1982, un mes después de la muerte de Frei y lo único que pudo declarar el ministro del Interior de la época, Sergio Fernández, fue que le provocó “un gran daño político” al Gobierno. Eso era efectivo y, por lo mismo, era impensable que alguien del gobierno lo hubiera discurrido y perpetrado. Tucapel Jiménez era un opositor moderado, que hasta había elogiado el Plan Laboral del Gobierno, afirmando: “Desde ya puedo decir que hay tres cosas muy favorables: se reconoce el derecho a reunión, el derecho a huelga y el derecho a cotizar por planilla” (Rafael Valdivieso: “Crónica de un Rescate”, p.195).
Con los años se descubrió que el crimen lo había perpetrado la DINE, Dirección de ¿Inteligencia? del Ejército. Y, siguiendo con el postulado de Murphy de que las cosas siempre pueden ponerse peores, la CNI, para encubrir a la DINE, hizo un montaje atroz, matando a un carpintero alcohólico al cual previamente se le obligó a firmar una confesión escrita de haber asesinado a Tucapel Jiménez. Si le hubieran encargado al KGB una trama para desprestigiar al gobierno de Pinochet, no habría discurrido una mejor. Yo me habría inclinado a sospechar de una “mano mora” de los soviéticos si no fuera muy creyente de la afirmación de Einstein en el sentido de que una de las cosas infinitas con que se topó en sus investigaciones fue la estupidez humana. Atribuirle a Pinochet esa fórmula para auto-dañarse ordenando matar a Jiménez contradice incluso la imagen de astucia y maquiavelismo que de él pintan sus detractores.
Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/
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¿Podemos ser honestos los chilenos? Nos cuesta. Yo hoy, en este blog, he hecho un esfuerzo, escribiendo sólo la verdad y nada más que la verdad.
