22 DE JULIO DE 2022 

 

 

 

 

 

Hermógenes Pérez de Arce


Dijeron que la Constitución estaba muerta. No era verdad, pues está vigente, tanto que el país se rige hoy por ella y, si gana el Rechazo el 4 de septiembre, continuará vigente y lo que estará muerto será el proyecto de la Convención, esta última sí ya fenecida.

Dijeron que el 78 % se pronunció por una nueva Constitución. Tampoco era verdad, porque el 78 % se pronunció por autorizar que se le propusiera al país un nuevo texto que se pudiera comparar con el actual, a fin de que la ciudadanía decidiera cuál seguirá vigente. Eso es distinto que pronunciarse a favor de una nueva Constitución. Y, hasta el momento, todas las encuestas coinciden en que la mayoría preferirá que la actual Constitución siga vigente. 

Puede también que haya una mayoría partidaria de iniciar después un nuevo proceso para reformar la Constitución o reemplazarla por otra. Incluso dentro del voto por el Rechazo. Algunos lo afirman. Pero eso siempre fue una posibilidad abierta, desde el 11 de marzo de 1990. En el futuro tendría que presentarse un proyecto para ese efecto, tal como el que se presentó para iniciar el proceso constituyente que terminará el 4 de septiembre próximo.

Tampoco era verdad que el actual presidente puede continuar por sí y ante sí con el proceso constituyente, si gana el Rechazo. No puede hacerlo sin salirse de la Constitución (artículo 7, inciso segundo), pues ese proceso se agotará el 4 de septiembre. A las autoridades públicas sólo les está permitido hacer lo que les está expresamente permitido por la Constitución y las leyes. 

No era verdad que el actual modelo de sociedad ha impedido terminar con la pobreza. Al contrario, él ha entregado al gobierno los recursos para eso. Si el gasto social del presupuesto hubiera llegado al 20 % de menores ingresos, cada familia recibiría $2 millones 500 mil pesos mensuales y estaría muy por sobre el nivel de la pobreza. (Rolf Lüders, La Tercera, 01.11.19). La burocracia estatal se ha quedado con los recursos para los pobres y gana un 50% más, en iguales funciones, que el sector privado. Y si de ese 50 % en exceso se dedujera sólo el 10 % para financiar las pensiones más bajas, no habría ninguna inferior a $400 mil mensuales (Bettina Horst, El Mercurio).

No era verdad que el descontento lo provocaba el modelo económico. Se debía a que el Estado y los políticos que lo administran se quedaron con la plata que era para los pobres. Lo que debe reformarse es el Estado, que se ha quedado con ella, no el modelo que la ha generado.

La verdad nos hará libres.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

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