2 DE MARZO DE 2022 

Hermógenes Pérez de Arce

Por contraste con el Presidente y CJE Augusto Pinochet, quien pudo prender en el pecho de sus subordinados, orgullosamente, la medalla "Misión Cumplida" al término de su mandato el 11 de marzo de 1990 (y además entregar a la civilidad un país pacificado y próspero) el hoy CJE saliente Ricardo Martínez protagoniza un lamentable abandono de su cargo, no sólo en términos de estar inculpado por la justicia ordinaria por sus actuaciones, sino por la pública exhibición de ignorancia histórica en perjuicio de su institución, contenida en la declaración que emite con motivo de su alejamiento.

Pues formula Martínez dos juicios falsos, que habrían sido más propios de quien condujo de facto el oscuro juicio de desafuero de 1999 contra el entonces senador Pinochet, el exdiputado comunista Hugo Gutiérrez. Pues afirma que el general Arellano, delegado en 1973 del CJE y presidente de la Junta, "se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los Comandantes de Regimientos en actividades sin ninguna importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban".

En La Serena ni Arellano ni Lapostol, comandante del regimiento, que estaban reunidos analizando los procesos ante el consejo de guerra, supieron que el comandante Sergio Arredondo y el oficial local Tommy Harris, ambos por sí y ante sí y sin orden superior, sacaron a 13 presos de la cárcel y los fusilaron. 

En Antofagasta, donde Arredondo hizo lo mismo la noche siguiente, Arellano y el comandante del regimiento, general Joaquín Lagos Osorio, cenaban y pernoctaban en la casa de este último, por completo ignorantes de los 16 fusilamientos que perpetró el mismo comandante sin orden de nadie. 

En Calama, al día siguiente, mientras Arellano visitaba la fábrica Dupont, donde había tenido lugar un robo de explosivos, Arredondo repitió esa conducta, fusilando a 26 personas sin forma de juicio y haciendo caso omiso de que un consejo de guerra estaba en funciones juzgando a los presos. 

Arellano sólo se enteró al regresar a Calama, y no sólo de esos asesinatos, sino de los de la noche anterior en Antofagasta y del día antes en La Serena. Saber todo eso le produjo un estado de conmoción y desesperación, y de inmediato retornó, en un peligroso vuelo nocturno, a Antofagasta, para poner a disposición de Lagos Osorio, que a la vez era Comandante del Área Jurisdiccional y de Seguridad Interior, y máximo juez zonal, al principal responsable. Pero Lagos se negó a procesarlo, se supone que por su amistad con el hechor. 

Todo esto quedó aclarado en un juicio de 1986 en Antofagasta y también en el proceso contra el entonces senador Pinochet en 1999, como está detallado en mi libro "La Verdad del Juicio a Pinochet" del año 2000, nunca rebatido ni desmentido. De lo cual dejaron constancia, años después, Arturo Fontaine Aldunate, exdirector de "El Mercurio" en un artículo en "La Segunda" y el historiador Gonzalo Vial en su biografía de Pinochet, donde expresó: "Hermógenes Pérez de Arce publicó un lúcido y provocador análisis jurídico de las irregularidades legales y procesales cometidas (afirmaba) por el ministro Guzmán en el juicio Pinochet. Nadie recogió el guante. No era el derecho el tema fundamental que se disputaba" (¡).

El propio Informe Rettig desmiente a Martínez, pues dictaminó: "No se hablaba (en el encargo a Arellano) de ejecuciones sin proceso, más aún, el mensaje del delegado en viaje contenía una referencia expresa y repetida a facilitar el derecho a defensa de los procesados".

Igualmente clara ha quedado, históricamente, la ignorancia completa por parte de Pinochet en 1974 de la propia existencia de Michael Townley, asesino del general Prats y su cónyuge ese año. Pinochet lo entregó a los EE. UU. años después en la seguridad de que no tenía ninguna vinculación con nuestros servicios de inteligencia. Eso está también suficiente y reiteradamente documentado, pero Martínez le imputa responsabilidad de mando a Pinochet.

Las falsedades en perjuicio de su principal antecesor son sólo comparables a la declaración de otro CJE, Juan Emilio Cheyre, quien lapidó a su institución en 2004 al declararla responsable de "todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado", contradiciendo al propio expresidente Frei Montalva, que había declarado a la Unidad Popular como única y gran responsable de lo acontecido en Chile en 1973.

Ricardo Martínez no podía haber elegido un epílogo más lamentable para finalizar su carrera militar. 

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

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