5 DE ENERO DE 2022 

Hermógenes Pérez de Arce

Uno de los negocios mejores últimamente conocidos fue el de la familia Boric, que le vendió al Estado en $ 1.266 millones un terreno suyo de Punta Arenas tasado en $5 millones. Casi tan bueno como ése es el que rutinariamente permiten hacer los ministros de izquierda en procesos de derechos humanos contra militares: recién acaban de hacer posible sustraerle al Estado otros $1.050 millones a raíz del homicidio calificado de Daniel Mateluna y de supuestos apremios a José Ortigosa en octubre de 1973, hace 48 años. Condenado: el fiscal del consejo de guerra sureño Alfonso Podlech Michaud.

Por supuesto, el sumariante Álvaro Mesa, que lo condenó, y todo el mundo saben que lo anterior es falso. Hace años los jueces de izquierda ya habían conseguido hacer detener en Italia, donde se encontraba de paseo, al fiscal Podlech, responsabilizándolo de la muerte de un sacerdote que había colgado los hábitos y adherido a la guerrilla en 1973. Podlech estuvo dos años preso allá, pero su caso llegó a la Corte Suprema italiana, donde aparentemente se han infiltrado algunos jueces serios que lo liberaron por ser completamente inocente. En Italia saben que los fiscales de los tribunales en ninguna parte son encargados de matar gente o torturarla. Acá también todos lo saben, pero condenarlos a ellos es el único modo que le queda a la izquierda de recaudar, habiendo muerto los hechores materiales.

El reparto de plata del Estado generado en estos juicios simulados es uno de los mejores negocios de la actualidad. Lo que pudo ser un problema (ya que lo que dicen las leyes no lo es para los jueces, porque en Chile, para el orden militar, no rige la "rule of law") habría sido la muerte de los autores materiales de las muertes de extremistas en 1973.

Pero eso no es problema para el ministro Mesa, porque entonces condena a cualquiera que esté vivo, como el fiscal de los consejos de guerra, Y entonces los abogados de derechos humanos pasan por caja y después reparten la torta. 

Sucede lo mismo en el norte, en Calama. Como el autor de los fusilamientos ilegales que tuvieron lugar allá en 1973 murió, ahora condenan al fiscal de los consejos de guerra, coronel Oscar Figueroa, que por supuesto no tuvo nada que ver, pues a la hora de las muertes él estaba en su trabajo en los consejos de guerra, trabajo que sólo sufrió una interrupción cuando llegó el comandante Arredondo, que por sí y ante sí había ordenado fusilar a 26 personas que estaban en la cárcel, y le comunicó al tribunal que no era necesario que trabajara más, porque él había hecho justicia. Entonces los jueces y el fiscal Figueroa le exigieron dejar una constancia escrita de lo obrado. Y la dejó, pero todos esos expedientes después "se perdieron", como he referido en mi libro "La Verdad del Juicio a Pinochet", dedicado justamente a aclarar lo acontecido en esos casos.

El ex fiscal Podlech ahora tiene 80 años y deberá entrar a cumplir 20 como supuesto homicida y cinco más como supuesto torturador hace 48 años. Quedará libre a los 105 años. Todavía ahora podría haber recursos ante la Corte Suprema, pero conociendo la composición de su Sala Penal, puede suceder que le aumenten la condena.

Lo único que no está claro es cómo se reparten la plata, en particular estos 1.050 millones de pesos más que deberá pagar el fisco, información que los abogados de derechos humanos (sospechosos de quedarse con la parte del león) no creo que quieran compartir conmigo.

Ése es el Chile de hoy, acerca del cual sólo puede asegurarse que es mejor que el de mañana, salvo para la izquierda y los Boric.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/

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