miércoles, 17 de octubre de 2018
El rector Peña agotó a Lucía Santa Cruz en la polémica que sostuvieron en la sección Cartas de “El Mercurio” y entonces ella graciosamente le cedió la última palabra. Él se aprovechó de eso y hoy la dijo. Como era de esperar, consistió en repetir su consigna favorita, criticando a Lucía Santa Cruz por no haber explicado “por qué apoyaron a una dictadura a sabiendas del desaparecimiento y la tortura”.
Primero, sobre lo de “dictadura” hay algo que decir: el principal jurista DC, Alejandro Silva Bascuñán, en la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973, explicó con abundancia de argumentos jurídicos y filosóficos por qué el Gobierno Militar era “legítimo”. Digamos mejor, entonces, “gobierno legítimo”, en vez de "dictadura".
El rector recurre a muchas citas de autores doctos —en su primera columna de octubre le contabilicé diez— pero, al fin de cuentas, sólo argumenta con consignas. En eso es fiel a su padre Lenin, que enseñaba: “si los hechos no coinciden con lo que afirma el partido, peor para los hechos”.
El “desaparecimiento y la tortura” es sólo una consigna sin base. Respecto del primero, los destinos de todas las personas que faltaban en la lucha del régimen militar contra el terrorismo de izquierda ya están desde hace años determinados. Pero falta por identificar restos: los que están en el Cementerio General, en el Instituto Médico Legal y en la propia sede de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (“La Tercera”, 08.07.18). ¿Por qué en 28 años no se les ha identificado? Porque desaparecería el tema.
Durante el Gobierno Militar y hasta 1989 se denunció un total de 600 casos en el libro de Claudio Orrego y Patricia Verdugo. El Gobierno, y el resto de la gente, no tenía antecedentes sobre ellos, porque su desaparición se había gestado en los primeros meses, en acciones desde luego ilegales, de personas actuando al margen de la autoridad y las leyes. Después, las Comisiones creadas en 1990 y 1991 acogieron todas las denuncias que se les presentaron y llevaron la cifra total a 1.102 en los casi 17 años. Pero entre 1978 y 1990 hubo menos de dos al año, según las comisiones Rettig y CNRR. No era tema. Los restos existentes y los destinos ya determinados de varios cientos lanzados al mar suman más de 1.102, aparte de que seis han reaparecido; y, en fin, nadie ha refutado que hay en la nómina personas que no tienen existencia legal, según el Registro Civil; personas que aparecen habiendo viajado al extranjero y personas que han sido vistas vivas según declaraciones ante notario.
Hay que añadir que en Chile al menos 2.500 personas, cuya “presunta desgracia” se denuncia a Carabineros, no reaparecen cada año, hasta hoy. El tema de las desapariciones en la lucha antiterrorista estuvo radicado al comienzo, particularmente en 1973, justamente cuando Aylwin, Frei Montalva, el radical de izquierda Luis Bossay y desde luego toda la derecha y la mayoría del país, apoyaban a la Junta y la defendían ante la incomprensión extranjera.
Entonces ¿por qué no se podía votar “Sí” en 1988 sin incurrir en el anatema del rector Peña, si desde 1978 había menos desaparecidos (menos de dos al año) que los que se producen actualmente “en democracia” y se publican en la prensa sin que la autoridad, ahora tampoco, pueda explicarlos?
La otra parte de la consigna del rector se refiere a la tortura, tema desafortunado para él, porque antes de 1973,“¿en democracia?”, la tortura era un tema permanente, tanto bajo Frei Montalva (1964-1970) como bajo Allende (1970-1973). Los abogados socialistas en 1970 denunciaron, en más de cien páginas, ante la Corte Suprema, las torturas por parte de la policía política. Bajo Allende fueron tantas —siendo que no había una guerrilla terrorista de más de 20 mil hombres como la que enfrentó el Gobierno Militar— que justificaron un acápite del Acuerdo de la Cámara llamando a los militares a intervenir, justamente para poner término a las torturas. Y es desafortunado para el rector Peña que uno de los que fue víctima de las torturas comunistas fue precisamente el marido de Lucía Santa Cruz, Juan Luis Ossa, interrogado en Rancagua tras aplicaciones de electricidad por el subdirector de Investigaciones, el comunista Carlos Toro en 1972.
¿Entonces el rector Peña declara inadmisible que Lucía Santa Cruz no votara en 1988 por el “No”, en el que militaban los torturadores de su marido, y lo hiciera por el “Sí”, en el que militábamos los que apoyamos a quienes sacaron a esos torturadores del poder?
Sí, su pertinacia en repetir consignas le ha servido al rector para quedarse con la última palabra en Cartas de “El Mercurio”, pero sin convencer a nadie que tenga un mínimo de información.
.
