9 DE MAYO DE 2021 
Hermógenes Pérez de Arce
Los que había ya fueron, largo tiempo ha, arrasados. Uno pensaría que los "mínimos comunes" obvios y de sentido común para acuerdos políticos civilizados deberían ser: 1) que no intervenga la violencia y 2) que haya respeto a la verdad, la Constitución y las leyes. Eso sería, para cualquier persona normal, como un "mínimum minimórum". Y es evidente desde hace tiempo que nada de ello en Chile existe ni es garantizado por los poderes públicos.
Primero, impera una violencia ostensible y generalizada y mientras ella exista el "mínimo común" de paz interna para una coexistencia civilizada en Chile es imposible.
En seguida, tampoco hay una verdad mínima común, pues un sector sostiene que entre 1973 y 1990 hubo una dictadura que atropelló los DD. HH. y otro sector sostiene que entre esos años hubo un gobierno legítimo, según quedó estampado por el Presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán (DC) en la Revista de Derecho y Jurisprudencia de octubre de 1973, gobierno que a partir de 1981 se desempeñó, además, popularmente ratificado por una votación y se rigió por el articulado transitorio y parte del permanente de la Constitución de 1980.
Los mínimos comunes en cuanto deben respetarse la Constitución y las leyes también fueron sobrepasados desde hace años y de facto en el Poder Judicial, como resultado de lo cual Chile exhibe no menos de doscientos presos políticos, al haberse puesto tras las rejas a ese número de exmilitares faltando metódicamente a la verdad de los hechos, a la Constitución y a las leyes vigentes.
Cuando escribí un artículo a ese respecto para la revista del Colegio de Abogados, denunciando dichos atropellos en relación a una sentencia que violaba los tres requisitos de verdad, Constitución y ley, la directiva de centroderecha del gremio lo censuró y no lo quiso publicar. Pero el mismo puede leerse en este blog del 27 de marzo de 2015. Asimismo, la prestigiada ex ministra de Corte, Raquel Camposano, llamada a opinar sobre otra condena prevaricatoria a un exmilitar por la Corte Suprema, declaró: "Bueno, yo leo el fallo y lo requeteleo y no hay una sola prueba". Y sobre las condenas por "delitos de lesa humanidad" añadía: "Mal pueden a usted castigarla por una cosa que no era delito cuando usted la cometió" ("La Segunda", 07.12.13). Pero los jueces prevaricadores lo hacen.
Tampoco existen ni verdad ni legalidad en el actuar del Poder Legislativo. Un columnista (que antes era de derecha pero ahora es del "Apruebo" y habla de "la dictadura") detalla en "El Mercurio", 08.05.21, los siguientes proyectos absolutamente inconstitucionales en pleno y actual trámite en el Congreso: "Impuesto a los súper ricos, sin ver el efecto que tiene en la fuga de capitales. Retiro de los fondos previsionales, sin ver los efectos en las jubilaciones. Royalties desproporcionados a la minería, sin ver los efectos en el desarrollo de proyectos nuevos. Incremento en los impuestos a las empresas, sin ver los efectos en la inversión. Baja en las horas de trabajo, sin ver los efectos en el empleo. Y así suma y sigue. Puras materias en las que sólo tiene facultad exclusiva el Poder Ejecutivo, donde no se ha sacado ningún cálculo y donde los parlamentarios se han dado un festín". Es decir, ya atropellados por el Congreso todos los "mínimos comunes" económicos y jurídicos.
Y en cuanto al tercer poder, el Ejecutivo, simplemente ya no existe, porque su titular sobrevive apenas en estado de pánico, con un 84 % de rechazo y un 8 % de aprobación popular (CADEM, "El Mercurio", 09.05.21). A él se le ha extraído por la fuerza, es decir, bajo amenaza de violencia, el consentimiento para todo lo que ha concedido. Pero la fuerza es causal de nulidad del consentimiento, así es que todo lo concedido es inválido y se ha hecho violando la Constitución, cuyo artículo 9, dice expresamente: "Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente le hayan sido conferidos en virtud de la Constitución y las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale". Las contravenciones las han perpetrado los dirigentes políticos sin pausa desde el 12 de noviembre de 2019, en que los de izquierda declararon "haber corrido el cerco" de sus atribuciones sin autorización jurídica alguna. Ellos mismos (senador Jaime Quintana) han bautizado la situación como "parlamentarismo de facto".
En consecuencia, sin mínimos comunes de verdad y legalidad en ningún poder del Estado y bajo un régimen de facto, Chile es hoy un país en desguace, a la espera de ser tomado por el primero que tenga la audacia y la fuerza para hacerlo, pues con ello no contravendrá más ni la Constitución ni las leyes de lo que ya lo están haciendo los tres poderes, ampliamente incursos en ilegitimidad de ejercicio de la autoridad que respectivamente ostentan.
.
