23 DE FEBRERO DE 2021 
Hermógenes Pérez de Arce
El reciente caso de la agricultora Carolina García, sacada de su lecho de madrugada por guerrilleros de izquierda, para después los mismos incendiar las casas, instalaciones, maquinaria y vehículos del fundo Miraflores de Lautaro, es muy parecido al de la agricultora Antonieta Maachel en noviembre de 1970, en el fundo La Tregua de Panguipulli. Este último tuvo un final peor, porque Antonieta, tras ser vejada y probablemente violada por los guerrilleros marxistas encabezados por el Comandante Pepe, y mientras éstos se daban un festín en el comedor de su casa --que, sin embargo, no incendiaron, como ahora, sino que sólo saquearon-- se quitó la vida.
Lo que sí tienen en común ambos casos es la impunidad de los terroristas. Ni el gobierno de Allende ayer ni el de Piñera hoy les hacen, en la práctica, nada, salvo anunciar "querellas contra quienes resulten responsables". Sólo tras asumir el gobierno militar en 1973 hubo un consejo de guerra contra el comandante Pepe (en el cual éste fue defendido por el abogado Andres Aylwin) que lo condenó a muerte, pena que se cumplió. A diferencia de entonces, ahora la justicia está en manos de una mayoría de extrema izquierda, que en lugar de perseguir a terroristas tiene procesados, contra toda legalidad, a los integrantes del consejo de guerra de 1973 por haber cometido el supuesto "asesinato" de Pepe.
Una gran diferencia entre los regímenes de Piñera y de Allende era, precisamente, que en 1973 los tribunales de justicia cumplían las leyes y por eso estaban en pugna con el presidente, que las contravenía e incumplía sus fallos. Ahora, en tanto, los tribunales se ríen de las leyes --no cabe otra manera de describirlo-- y se dedican a prevaricar, condenando a los militares que entre 1973 y 1990 derrotaron a la guerrilla terrorista. Los jueces, además, le otorgan a ésta millonarias indemnizaciones. Es del caso puntualizar que tal prevaricación no sólo cuenta con la complicidad, sino con la co-autoría de Piñera, el presidente que más querellas contra militares ha presentado desde 1990, tanto que en su primer mandato triplicó el número de las previamente presentadas entre 1990 y 2010. Pero los comunistas nada le agradecen y ahora también piden a voz en cuello su salida del poder.
Es que nunca agradecen nada, tanto que a otro que también benefició su causa, el ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, que en 2004 levantó los brazos ante ellos y culpó de todo lo malo que hubiera acontecido a su Ejército, la justicia roja no tuvo empacho en también condenarlo por delitos inexistentes de hace casi medio siglo, si bien se dio maña para imponerle una pena que podía cumplir en libertad, como sabiendo que en Punta Peuco no iba a ser recibido precisamente con los brazos abiertos por sus otros camaradas "caídos tras las líneas enemigas".
Pero sí es verdad que ahora, al igual que bajo Allende, hay voces de derecha que claman por la pronta destitución de Piñera porque no cumple su deber fundamental de garantizar la seguridad pública y privada en el país. En 1973 quien respondió a ellas fue una mayoría parlamentaria, que votó por poner término al régimen y llamó a los militares a concretar eso, por 81 votos contra 47 de la Cámara de Diputados, la rama fiscalizadora. Tal vez se debía a que restaban todavía tres largos años del gobierno de Allende. En cambio, ahora sólo resta uno para que Piñera abandone el poder. Y es un año de absorbente preocupación electoral, que mantiene a los políticos concentrados en capturar las mayores cuotas de votos que puedan, en un esquema que ellos mismos han diseñado para su propio beneficio y el de sus partidos, en desmedro de los independientes.
Por consiguiente, la derecha que añora el legado de prosperidad y orden del gobierno militar y yo mismo personalmente, como miembro de ella, confíamos en que en la elección presidencial de fin de año sea elegido un mandatario capaz de garantizar el orden y la seguridad internos, bajo la misma Constitución que le brindara al país los mejores treinta años de su historia, la cual, confiamos, se va a mantener.
Asimismo, si bien creo que el actual desgobierno reinante y la violencia le causan gran daño al país, al mismo tiempo están garantizando un contingente electoral masivo en favor de un candidato que ofrezca restablecer la ley y el orden, la mano dura contra el delito y la represión de la subversión. Históricamente ha sido así en Chile, tras otros períodos anárquicos como el actual, aunque muchos dicen que las nuevas generaciones no miran el caos ni la anarquía con la misma distancia con que lo hacían las anteriores.
En último término, la principal diferencia entre el desgobierno bajo Allende y bajo Piñera termina siendo que en el primer caso, la solución normal parecía lejana y la amenaza revolucionaria era inminente, mientras en el actual, aun estando expuesto el país a un año más de caos y destrucción impunes, la solución electoral está al alcance de la mano de la mayoría consciente de la población y su aplicación a sólo un año de tener lugar..
Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/
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