Gonzalo Ibáñez Santamaría
De todos es conocido los problemas que ha enfrentado y enfrenta la rendición de la prueba PSU por parte de los egresados de educación media y que constituye un requisito necesario para postular a las universidades chilenas. La ocasión de rendirla es, por lo tanto, un momento de la máxima importancia para esos miles de jóvenes que aspiran a más altos niveles de educación y preparación. Sin embargo, en esta oportunidad, grupos de violentistas han provocado desórdenes y han tratado de impedir el normal desarrollo de esta jornada con el resultado de daños que, a veces, no son menores. No son para nada pocos los jóvenes que han visto frustradas sus aspiraciones y que se verán obligados a repetir un trámite que debió quedar finiquitado ya.
La PSU es una prueba que administra el Consejo de Rectores de las universidades estatales chilenas y en sus manos recae la responsabilidad de que todo discurra con normalidad. En este caso, conociendo de sobra las amenazas que se cernían sobre el proceso, ese Consejo fue incapaz de organizarlo de manera de prever y doblegar la violencia. Las declaraciones del vicepresidente Aldo Valle son elocuentes: contra toda prudencia nunca previeron ni quisieron prever que la violencia pudiera alcanzar a las personas, como de hecho sucedió y como todos sabíamos que podía suceder.
El Consejo se había distanciado de manera ostensible de la posibilidad de pedir a Carabineros que mantuviera el orden. De hecho, muchos rectores habían manifestado su rechazo a Carabineros cuando estos intentaban frenar la ola de violencia que desde el 18 de octubre pasado azota al país. Y prácticamente todas esas universidades habían prestado sus espacios y edificios para guarida de los terroristas y violentistas. Con ello, no habían hecho sino cohonestar esa violencia. En esta ocasión esa violencia se volvió contra ellos. ¿Es que esperaban que fuera de otra manera? ¿Es que creían que esa violencia les obedecía a ellos y que, por lo tanto, ellos nunca iban a ser sus víctimas?
¿En qué mundo viven? ¿Son o se hacen? Lo cual no tendría mayor problema si no fuera porque en definitiva es todo el país el castigado por la violencia y, en el caso que nos ocupa, una generación de jóvenes que ve frustradas sus legítimas aspiraciones.
Tanto era el peligro de esta violencia que, en varias partes, grupos de padres y apoderados se organizaron para acompañar y proteger a los jóvenes que rendían la prueba. ¿Es este el camino que tendremos que seguir para preservar la paz y el derecho en nuestra patria?
Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm/
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