12 de noviembre
Gonzalo Ibáñez Santamaría
Con asombro, dolor y mucha impotencia hemos sido testigos directos de actos inverosímiles de vandalismo, saqueo y destrucción. Las fuerzas de carabineros se encuentran claramente sobrepasadas, razón por la cual los derechos de las personas en nuestra patria se han visto severamente conculcados por bandas delictuales que han operado con mucha impunidad. El orden público, base para la seguridad de esos derechos, se encuentra al borde de un total colapso.
Sin embargo, a pesar del sinnúmero de derechos ciudadanos atropellados por estas destrucciones, un Instituto que se denomina de los Derechos Humanos es incapaz de apreciarlo y pasa por el lado como si ahí no hubiera sucedido nada. Los ciudadanos para este Instituto prácticamente no existimos. Al contrario, su propósito es el de proteger a quienes han sido los causantes de tanto daño de modo de inhibir a las fuerzas policiales para que actúen como las circunstancias exigen y, si se les ocurriera hacerlo, para acusarlas de violación de los “derechos humanos”. Estas mismas fuerzas, por lo demás, han sido víctimas de ataques tanto verbales como de hecho de extrema gravedad. Hemos visto como les son lanzadas bombas incendiarias con el resultado de graves quemaduras a varios de sus efectivos. Pero, de sus derechos, nadie se preocupa.
Incluso, el Ministro de Justicia está más preocupado de la suerte de estos violentistas que de la de los ciudadanos. Hasta el punto de considerar que los derechos humanos lo son de aquellos que se enfrentan con las fuerzas de orden y seguridad, pero nunca de quienes somos defendidos por estas fuerzas. Si los carabineros se ven sobrepasados, como es el caso hoy día, los derechos de estos ciudadanos, es decir, de nosotros, pasan claramente a segundo plano frente a los derechos de los atacantes. El último ejemplo: más preocupación hay por un atacante que ha recibido algunos perdigones que por un pequeño comerciante que, atacado, ha perdido por un saqueo o un incendio todo el fruto de un esfuerzo que puede ser de años.
Si bien es cierto que los ataques que ahora comentamos ponen en claro peligro la supervivencia del carácter civilizado de nuestra convivencia, mucho más lo pone este discurso de protección a los violentistas y, sobre todo, mucho más lo pone esta debilidad del gobierno y su condescendencia de cara al vandalismo y la destrucción.
Somos muchos los que hemos creído, ingenuamente por lo visto, que los derechos humanos son garantías para todas las personas sin exclusión alguna; pero, la realidad nos muestra algo muy distinto, como lo experimentamos hoy día. El derecho se ha convertido en un poder cuya eficacia depende de la fuerza con que lo respaldo. Es una libertad para hacer lo que yo decido que quiero hacer, siempre, por supuesto, que disponga de la fuerza necesaria para doblegar la resistencia de los demás. Y, en el caso chileno de hoy día, esos derechos -en la versión de estos grupos e instituciones que se han organizado para “defenderlos”- están lejos de ser de todos, sino sólo de aquellos que se alinean detrás de sus propósitos y que, por lo tanto, reciben de ellos una generosa protección, ayuda y financiamiento. Los demás no contamos para nada.
Definitivamente, se agota el tiempo ¿de qué lado se pone el gobierno?
@gonzaloibanezsm
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