Gonzalo Ibáñez Santamaría
Ayer, la Fiscalía dio a conocer un reordenamiento del trabajo de los fiscales de manera de apurar las denominadas causas de “derechos humanos” en virtud de las cuales se acusa sobre todo a miembros de Carabineros de haber cometido abusos mientras cumplían con su deber de reprimir los desórdenes que han marcado la vida chilena desde octubre de 2019 (https://www.elmostrador.cl 2021/05/05/). Para esos abusos, reales o presuntos, se reserva el nombre de “violaciones de los derechos humanos” porque habrían sido cometidos por carabineros. Pero, los abusos cometidos por violentistas contra los mismos carabineros que dejaron más de cinco mil efectivos heridos, algunos de extrema gravedad, esos no pueden denominarse de la misma manera, aunque los carabineros -hasta donde sabemos- son tan humanos por lo menos como esos mismos violentistas. Pero, los carabineros no gozan de derechos humanos. Y tampoco gozamos de esos derechos los demás miembros de la sociedad.
Pocas veces habíamos presenciado en Chile actos de tanta injusticia como los que se cometieron en este último tiempo. Comenzando con la destrucción del Metro de Santiago que violó el derecho al transporte de millones de santiaguinos, especialmente de los más vulnerables. O como cuando se destruyeron centros comerciales y supermercados con lo cual se dejó sin abastecimiento a sectores inmensos de la población. O cuando se cortaron rutas y caminos, se incendiaron iglesias, se apedrearon vitrinas y así más de trescientas mil personas perdieron sus trabajos. Pero, nada de eso fue “violación de los derechos humanos” y, por lo mismo, nada apura a los fiscales a encontrar responsables y a hacer la debida justicia con los que sufrieron tanto daño. Las respectivas causas judiciales languidecen y muy pronto recibirán su archivo para nunca más saberse de ellas.
También se dio a conocer la noticia de que en el caso Catrillanca fueron condenados seis carabineros y un civil y a penas harto duras. El fiscal a cargo de la causa señaló "Como Ministerio Público recibimos esta resolución con tranquilidad. Creemos que hemos cumplido con nuestra labor, primero en el esclarecimiento de los hechos, con prontitud, asumiendo el principio de debida diligencia como un imperativo, y luego desarrollando el correspondiente juicio oral con debido y completo respeto de las garantías y un proceso que ha sido objetivo e imparcial"*. Probablemente las penas aplicadas sean justas, pero ¿Qué sucede en el caso Luchsinger donde después de años de cometido el crimen hay un solo condenado sabiéndose que son muchos más los culpables? Como, asimismo, en el caso del cabo Nain, asesinado hace seis meses y sólo hay un detenido cuando fueron muchos más los que participaron en ese crimen. Otro tanto, sucede con el caso del funcionario de la PDI Luis Morales Balcazar asesinado en un operativo de esa policía en La Araucanía. Para qué decir de la sucesión de incendios de casas, maquinarias y camiones que han jalonado la historia de La Araucanía en estos últimos años: ¿Podría el mismo fiscal repetir en todos ellos lo que dijo para el caso Catrillanca? Es un hecho que en Chile la justicia se aplica según parámetros muy distintos.
Lo más grave es que el gobierno avala este uso del término “derechos humanos” y, por lo tanto, se hace cómplice de cómo la justicia en Chile no es la misma para todos.
Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm/
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