Gonzalo Ibáñez Santamaría
Si algo ha quedado claro en el Chile del último año y medio es que en nuestro país se alberga una clase tremendamente privilegiada: la de aquellos que practican la violencia. Lo hemos visto desde el primer momento en que se produjo el estallido del 18 de octubre de 2019. A partir de ese momento, los chilenos fuimos víctima de un acto de violencia detrás del otro, comenzando por aquellos que destruyeron buena parte de las estaciones y vagones del metro de Santiago y siguiendo por los que destruyeron y saquearon centros comerciales, farmacias, plazas públicas, iglesias, incluyendo el incendio de ellas.
Cuando se les trató de frenar, apareció una legión de defensores bajo el nombre de Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). No sólo se trató de defenderlos ante los tribunales, sino además, se trató de inhibir a la fuerza pública acusando a sus miembros de violar los derechos humanos de los violentistas cuando, cumpliendo con su deber, efectivamente trataron de detener sus actividades vandálicas. Y ¡máxima sorpresa! cuando el gobierno de la república se sumó a la campaña contra sus propias fuerzas de seguridad y les restó respaldo y eficacia.
Pero, esta estrategia no comenzó recién, sino mucho más atrás. Ayer se conmemoró el trigésimo aniversario de la muerte de Jaime Guzmán, asesinado por un comando terrorista. A pesar de la evidencia del crimen, este ha permanecido prácticamente impune porque sus autores han gozado de una espesa cortina de protección. Ellos no acusaron ante los tribunales a Jaime Guzmán de los “pecados” que le imputaban, sino que actuaron directamente sobre él como si gozaran de un especial derecho a disponer de la vida ajena a su antojo. Y en ello han sido además profusamente respaldados por políticos chilenos que piden que se califique como “presos políticos” a quienes han podido ser detenidos por este crimen, de modo de asegurarles una pronta salida de la cárcel. Y así evitar que aquellos asesinos que siguen en libertad no la vayan a perder. Y, de hecho, justifican el crimen por la participación de Guzmán en la redacción de la constitución de 1980. Para ellos, éste es el crimen, y el que cometieron los asesinos fue un acto de merecido “ajusticiamiento”. Es lo que señala una imagen que apareció ayer en redes sociales y que reproducimos ahora.
No se puede, en este contexto, dejar de recordar la declaración que el Partido Socialista hizo en un congreso celebrado en la ciudad de Chillán en 1967: “La violencia revolucionaria resulta inevitable y legítima para los explotados…..En la lucha de clases, los revolucionarios deben usar las diferentes tácticas violentas, no de acuerdo a sus particulares deseos o temperamento, sino de acuerdo con las condiciones concretas del proceso revolucionario, escalonado generalmente a través de las siguientes etapas: resistencia y lucha armada”.
Los violentistas de hoy, y quienes están detrás piensan igual a sus antecesores de 1967: cuando la violencia la usan ellos es legítima. Cuando eventualmente la pueden emplear los contrarios, aunque sea en defensa propia, hay violación de los derechos humanos. Claramente, hemos regresado a esa etapa y si el país no enmienda su rumbo, con seguridad el desenlace va a ser una continua escalada de la violencia terrorista hasta destruir el país y sumirlo, si fuera posible, en un baño de sangre.
Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm/
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