Por muchos motivos, hoy podemos decir que, como nación, Chile y los chilenos vivimos en una encrucijada, tal vez la más dramática de nuestra historia. La cara más visible la representa, sin duda, la decisión que se ha de tomar a la brevedad acerca de si se realizan las elecciones programadas para el próximo 11 de abril. La prudencia más elemental aconseja suspenderlas en atención a la gravedad que reviste la segunda ola del corona virus, al hecho de que casi todo el país está confinado en cuarentena total y de que la infraestructura sanitaria destinada a atender a quienes se contagian está ya en estado de colapso. El número de contagiados por día no solo no disminuye sino que aumenta de manera alarmante.

Sin embargo, el gobierno y la clase política son renuentes. Para la agenda de ellos, estas elecciones, que son cuatro, juegan un papel relevante y hay motivos para creer que no vacilarán en sacrificar al país y a quienes lo habitamos con tal de obtener sus propósitos. De aquí se desprende una segunda cara de esta encrucijada: el gobierno del país -entendiendo por tal a la Presidencia, el Parlamento y el Poder Judicial- ¿va a gobernar según lo que indica la prudencia, o lo hará de acuerdo a criterios ideológicos para los cuales el país no es más que un laboratorio de experimentación? Desde hace ya más de un año, va ganando la opción ideológica y no hay indicios que ese rumbo pueda cambiar.

Por ejemplo, sólo violarían los derechos humanos los funcionarios de carabineros y de las FF.AA, por lo que las víctimas del atropello de estos derechos sólo podrían ser los violentistas que se enfrentan con esas fuerzas. Lo que estos violentistas hagan en esta materia y los daños que causen a terceros nunca podrían concebirse como violación de los derechos humanos. Hemos visto a qué extremos nos conduce esta ideología: a que hay en Chile ciertos grupos privilegiados que pueden causar cualquier daño o destrucción y nunca podrán ser imputados por ellos; en cambio, los miembros de las FF.AA. y de Orden que traten de reponer el orden público y defender a los ciudadanos, pasan a ser, por definición, violadores de los derechos humanos. Encrucijada tanto más grave cuando vemos como la delincuencia se aprovecha de esa impunidad y se cubre con ella: ¿estamos dispuesto a aceptarlo?

De cara al trabajo necesario para dotarnos de una nueva constitución ¿vamos a aceptar que ella tenga cualquier contenido con tal que sea aprobado por determinadas mayorías o exigiremos de esos contenidos la fidelidad a ciertos parámetros que vienen dados en nuestra realidad? Por ejemplo, el respeto a la familia como base del orden social, fundada en la unión de un hombre y una mujer para enfrentar juntos la vida y, en esa unión, procrear, educar y formar los hijos. O, el reconocimiento a la iniciativa de los particulares como motor del progreso social.