Gonzalo Ibáñez Santamaría

En Panguipulli, un malabarista atacó a un carabinero blandiendo contra él un machete, lo que motivó que éste hiciera uso de su arma de servicio, primero disparando al suelo para amedrentar y, después, cuando el atacante insistió en acción amenazando la vida del funcionario, disparando al cuerpo como única manera de defenderse con el resultado de que le causó la muerte. Claramente, un caso de legítima defensa que, sin embargo, ha servido como pretexto, una vez más, para descargar los peores ataques contra Carabineros y para exigir de esta Institución una reforma que, por lo que se sabe, significaría su práctica disolución.

Desde luego, el suboficial atacado y que repelió la agresión ha sido detenido y sometido a proceso. Su caso recuerda al de aquel carabinero joven que tratando de mantener operativo el puente Pío Nono en Santiago, chocó con uno de los manifestantes con el resultado de que este cayó al río Mapocho. Sobre él se descargaron los peores epítetos y, por supuesto, fue detenido de inmediato. También, al de aquel otro carabinero que, concurriendo al llamado de auxilio proveniente de una casa del SENAME en Talcahuano, fue ferozmente agredido por varios de sus moradores hasta el punto de obligarlo asimismo a usar su arma de servicio. Como el anterior, sufre proceso y fue suspendido del servicio.

En fin, recuerda el caso del cabo 2° Eugenio Nain, asesinado durante un procedimiento en La Araucanía. Este al menos, no ha sufrido proceso demostrando así que, para que los carabineros no sean señalados como culpables, ellos deben morir en estos procedimientos.

La ofensiva contra Carabineros arrancó cuando fue evidente que ellos constituían la única valla efectiva para impedir que el país sucumbiera producto de la ofensiva de terrorismo y de vandalismo iniciada en octubre de 2019. Más de cinco mil efectivos fueron heridos, algunos y algunas de mucha gravedad. Los procesos judiciales se dirigieron, sin embargo, mucho más contra ellos que contra los violentistas y delincuentes. Incluso, pensando en estos, el Congreso Nacional conoce hoy un proyecto de ley para concederles un amplio indulto general a pesar del gigantesco destrozo que causaron en todo el país y como consecuencia, a todos los chilenos especialmente los más modestos y vulnerables.

No puede dejar sin afirmarse entonces la enorme responsabilidad que le incumbe a toda la clase política, gobierno incluido, en estos hechos. Como es bien sabido, el mismo gobierno, con el presidente a la cabeza, ha mezquinado el respaldo que Carabineros merece y requiere para cumplir con sus tareas. Mucho más preocupado que de restablecer la paz pública, ha estado de ser obsecuente con organismos llamados de derechos humanos, tanto nacionales y extranjeros, cuya complicidad con la subversión ha quedado, por lo demás, bien en evidencia.

Esta falta del debido y necesario apoyo ha constituido un incentivo fundamental para que la agresividad contra Carabineros se haya tornado cotidiana y sea tan peligrosa. En el origen del incidente que costó esta vida en Panguipulli, y que se prolongó después en el incendio de la Municipalidad y de otras reparticiones públicas, debe señalarse entonces que al gobierno le corresponde una enorme responsabilidad. Casi como para adjudicárselo a su cuenta.

Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm

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