Gonzalo Ibáñez Santamaría
Chile vive en un estado de subversión desde el 18 de octubre pasado. Su objetivo claramente no es la solución de problemas concretos que pueden afectar a la población chilena o a una parte de ella, sino la desestabilización de la institucionalidad del país con el objeto de transformarlo ¡por fin! en una segunda Cuba o, ahora, en una segunda Venezuela. En el primer envión, la violencia subversiva estuvo a punto de conseguir su objetivo. De hecho, alcanzó un punto de máxima importancia: que el gobierno claudicara en su misión de garantizar y defender la constitución política del país y aceptara entregarla al azar de un plebiscito para desembarazarse de ellas y fabricar otra a partir de una “hoja en blanco”. Después, vino la pandemia que ha aquietado las aguas, pero no tanto. Es así como, de la subversión presente a lo largo del país, se ha mantenido y reforzado en un foco, el de la Araucanía. Hasta el punto de haberse convertido en un “gallito” de fuerza con el gobierno. Sin duda, esta va a ser la prueba de fuego del Ministerio encabezado por Víctor Pérez.
La sucesiva toma de edificios municipales constituye un primer paso. En Curacautín, un grupo de vecinos ya desesperados por el uso constante de la violencia respondió yendo al municipio de esa ciudad y desalojando por la fuerza a sus ocupantes. La reacción del gobierno paradojalmente fue la de condenar este acto de defensa propia. Por el lado de los violentistas, la reacción fue la de quemar tres edificios municipales en otras comunas aledañas. ¿Cómo va a responder el gobierno? Por otra parte, uno de los condenados a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay se ha declarado en huelga de hambre pidiendo que se le autorice a dejar la cárcel y a asistir a ceremonias mapuches. Este es el racismo en la Araucanía: la vida de los Luchsinger-Mackay valía “callampa”, por eso su muerte no merecía la pena que le atribuyó el tribunal.
Todas las fuerzas políticas de oposición están haciendo fuerza sobre el gobierno para que proceda a esta remisión de pena. Dos amenazas a la vista: la de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, y la de acusar al presidente ante la corte penal internacional por crímenes de lesa humanidad. Todos sabemos que este argumento pesa mucho a la hora de las decisiones presidenciales. Su obsecuencia con estos organismos internacionales quedó a la vista durante los sucesos del 18 de octubre y semanas siguientes. Antes que enfrentarlos, prefirió incluso restar su respaldo a las fuerzas policiales que defendían al mismo gobierno. Pero, ahora, se acabó el tiempo. No hay espacio para más dilaciones. Minuto que el gobierno retarda en adoptar las decisiones que la gravedad de la situación exige, es minuto que la subversión aprovecha para incrementar su presión y dar un paso más en la escalada de violencia.
Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm/
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