Gonzalo Ibáñez Santamaría

 Mucho se ha debatido acerca del retiro de fondos previsionales para mitigar los efectos de la pandemia que nos afecta, y de la aprobación que la Cámara de Diputados dio a la idea de avanzar en una reforma constitucional que lo permita.

El propósito de esta iniciativa no puede ser más loable, pero el medio elegido para alcanzarlo suscita muchas dudas por las enormes consecuencias secundarias que él produciría. Son muchas las voces expertas, de un lado o de otro, que han alertado acerca de las consecuencias catastróficas que esta medida puede acarrear. Por ejemplo, ex-ministros como Rodrigo Valdés, José de Gregorio, Osvaldo Andrade, José Pablo Arellano o el diputado Pepe Auth todos de gobiernos de la Concertación o de la Nueva Mayoría. Pero, está claro ya que, detrás, no hay razones técnicas sino simplemente la decisión de propinarle una derrota al gobierno actual. De hecho, es imposible separar esta iniciativa de la campaña, larga ya de muchos años, que apunta a destruir las AFP y a apoderarse de los fondos en ellas depositados. No ha sido de extrañar por lo mismo que, a propósito de esta iniciativa, se haya descargado un vendaval de críticas a las AFP culpándolas, desde luego, por lo exiguas que serían las pensiones que ellas pagan.

Sin embargo, es preciso aclarar que es a cada persona a quien le corresponde, mientras dure su vida de trabajo, ahorrar para hacer frente a su vejez. Pero el estado, con muy buenas razones, obliga a hacer un ahorro mínimo para una pensión mínima porque, de lo contrario, la situación de muchísimas personas al llegar a la vejez sería desesperada obligando al estado a incurrir en gastos enormes para sostenerlas. De esta parte se hacen cargo las AFP administrando los fondos que en ellas fueron depositados mientras duró la vida activa de los afiliados. Pero, el hecho de hacer un ahorro mínimo no libera a las personas de hacer voluntariamente un ahorro mayor de manera de mejorar la situación llegada la ancianidad.

En todo caso, los ahorros depositados en las AFP están allí a la vista y escrutinio de sus titulares, invertidos de manera muy estricta de modo de evitar riesgos innecesarios, sin que el estado tenga nada que ver con su administración. Después de cerca de 40 años en que han funcionado estas instituciones, el cuidado de estos dineros y su buen uso ha permitido formar un fondo muy respetable que, junto con cumplir con su propósito originario, sirve de base a todo el desarrollo económico del país. Pero, su fortaleza es la que lo pone en riesgo. Sucede que es muy atractivo y su presencia es la que ha desatado la voracidad de grupos políticos cercanos al socialismo. Estos no pueden aceptar el éxito que ha tenido Chile durante los últimos cuarenta años y, bajo el pretexto de que las AFP no pagan pensiones mejores, pretenden apoderarse de ese fondo, para que sea el estado el que lo maneje y controle. Es decir, ellos mismos.

En el instante que así suceda, ya sabemos lo que pasará: las cotizaciones irán a parar al fondo común fiscal y ahí sus titulares perderán toda noticia de ellas. Las pensiones las fijará el estado y, a la hora de pagar, como ya se ha gastado todo lo que tenía, ese estado se encargará de producir billetes sin respaldo real, por lo que la consecuencia será la inflación que destruye los ahorros y pauperiza sin cesar a la población, en especial a sus sectores más modestos. Esto no es ciencia ficción. Así sucedió durante décadas en nuestra patria.