Gonzalo Ibáñez Santamaría

Como era de prever, la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país ha hecho inevitable replantearse acerca de la conveniencia de insistir en la realización del plebiscito constitucional. En un principio él estaba previsto para el 26 de abril y fue postergado para el 26 de octubre. Pero aún así su eventual realización aparece como un obstáculo mayor para la recuperación del país. Desde luego, nadie está en condiciones de aventurar cuál va a ser la condición sanitaria del país en esa fecha. Es muy probable que sea aún negativa, por lo que sería imprudente programar un acto cuya validez requiere, por ejemplo, de grandes aglomeraciones de personas.

Con todo, más grave es sin duda el obstáculo que ese plebiscito significa para la recuperación económica del país. Poner en juego la totalidad del orden institucional de Chile es, a cualquier evento, una gigantesca imprudencia, y así lo he repetido varias veces. Pero esa imprudencia adquiere caracteres de locura si se la impulsa en las actuales condiciones. El país requiere más que nunca estabilidad institucional como base mínima para el desarrollo económico. De lo contrario, ese desarrollo nunca va a llegar y, peor aún, es probable que el país retroceda todavía más. Capítulo aparte es el del costo sideral de esta aventura constitucional, alrededor de 30.000 millones de pesos. Es sin duda una afrenta a la pobreza que se abate sobre el país, gastar los pocos recursos de que se pueda disponer en algo que perfectamente puede esperar.

Por lo demás, todo el afán de modificar y cambiar la constitución no obedece a ninguna necesidad real del país sino a un capricho ideológico de algunos sectores políticos. No es momento este para darse ese tipo de “gustitos”. Son los grupos más modestos de este país los que más requieren recuperación. Por eso, si se insiste en la idea de llevar adelante ese plebiscito, van a ser ellos quienes tengan que pagar la parte más dura de la cuenta.

Fuente: https://www.facebook.com/gonzaloibanezsm/

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