Por Camilo Cammás Brangier
Abogado, analista legislativo
Director Fundación Voz Nacional
El pasado jueves 07/05/2020, se publicó una columna en el diario La Tercera[1], la que trata acerca del hecho que el ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick ha unido fuerzas con la ex Ministra de Educación, Marcela Cubillos y el Senador Andrés Allamand con el fin de elaborar una propuesta de constitución, en caso de ganar la opción apruebo o tener una referencia para propuestas de reforma, en caso de ganar la opción rechazo.
De acuerdo con lo dicho, el equipo de trabajo ha tenido a la vista diferentes propuestas y proyectos. De todos estos, el principal es aquél presentado por Michelle Bachelet, pocos días antes de terminar su mandato, pues “la tradición constitucional que refleja esa iniciativa es bien evaluada” por el equipo de trabajo. Gravísimo error.
En una columna escrita en El Libero[2] en marzo de 2019 expliqué - de manera general, por cuestiones de espacio – la naturaleza de este proyecto, el cual se encuentra lleno de detalles ideológicos que menoscaban las bases de la institucionalidad y los derechos fundamentales, entre muchas otras cosas.
Si bien, en este espacio pretendo hacer un análisis mucho más detallado, no tiene que creerme a mí, estimado lector, ya que todo lo que a continuación expondré puede ser verificado comparando las fuentes originales, es decir, la constitución vigente[3] y el proyecto mencionado, es decir, el Boletín N° 11617-07[4].
El contenido del proyecto implica un grave deterioro a la familia y al derecho a la vida
En efecto, el texto señala que el núcleo fundamental de la sociedad es la familia, pero “en sus diversas modalidades”. Esto deja abierta la puerta al reconocimiento de otros eventuales tipos de “familias”, por lo que cualquier tipo de unión, tales como el “matrimonio” homosexual y la adopción homoparental, entre otras, serían considerados como tal dentro de este amplio y vago concepto.
Por otro lado, incorpora el concepto de autonomía progresiva[5] dentro de los derechos de los niños, el mismo concepto que pretende regular el proyecto de Ley sobre Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez[6]. Esto tendrá como resultado poner a los hijos en conflicto con sus padres, dejando la puerta abierta al Estado para intervenir. Asimismo menciona el concepto de “género”, lo que abre paso a que esta ideología quede consagrada a nivel constitucional.
Finalmente, desaparece completamente la protección de la vida del que está por nacer por parte de la ley, lo que deja la puerta abierta al aborto libre.
Derecho de propiedad
El derecho de propiedad es otro que se vería afectado. Si bien pareciera que quedó intacto, se elimina la obligación de pago en dinero efectivo y al contado en caso de expropiación, lo cual facilitaría mucho el ejercicio de esta acción por parte del Estado. Peor aún queda la cosa con la expresión que señala que la propiedad debe servir al bien común, pudiendo la ley establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, pues quedarían más vagos los requisitos para poder expropiar que aquellos que existen en la actualidad: los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental.
Por otro lado, el mensaje del proyecto muestra claramente cuál es el espíritu del proyecto en esta materia, ya que expresa que sus fundamentos se basan en la “tradición republicana” de chile, dentro de las cuales se encuentra la Constitución de 1925 y sus reformas de 1967, que permitieron las posteriores reformas agrarias. Esto nos deja entrever hacia donde se podría llegar en materia de derecho de propiedad y expropiación.
Flexibilización al extremo del régimen de nacionalidad y Ciudadanía
La actual constitución establece como requisito para ser chileno el haber nacido en chile, exceptuando a los hijos de extranjeros que se encuentren en tránsito (turistas). La propuesta elimina dicha excepción, motivo por el cual todos los hijos de turistas – incluyendo a los de falsos turistas - y de aquellos que se encuentren en una situación irregular o ilegal serían chilenos por el sólo hecho de haber nacido dentro del territorio nacional, dando lugar a lo que se conoce como “niños ancla”. Esto crearía un incentivo perverso para atraer una inmigración irregular e ilegal mayor de la existente, pues los beneficios sociales resultarían sumamente atractivos. Sin mencionar, además, que sería un grupo de futuros votantes que incidirían en el destino de la nación.
Todo lo anterior se encuentra en armonía con las nuevas políticas migratorias, el Pacto Global de Refugiados y el proyecto de ley migratoria[7] - que a la fecha de esta columna se encuentra ad portas de ser aprobada en el senado y convertirse en ley de la República - el cual posee un espíritu muy similar al Pacto Global de Migración, al que, si bien Chile no adhirió, lo hizo indirectamente al adherir a la Agenda 2030, pues forma parte de ésta. Demás está decir que en los hechos esto ya está siendo implementado, con una flagrante violación a la normativa vigente a la fecha.
Para concluir este punto hay que agregar el hecho de que, una vez superada la “pandemia”, se espera un enorme flujo migratorio hacia Chile a partir de 2021, pudiendo oscilar la presión migratoria entre los 500.000 a 1.000.000 de personas[8]. La situación laboral del país ya se encontraba deteriorada antes de esto, debido al masivo ingreso de migrantes, viendo muchas personas menoscabadas su situación laboral y familiar, ya que los extranjeros han recibido preferencia en los servicios sociales de salud y educación, con todo el gasto público que ello conlleva, ya que se los considera grupos vulnerables. Actualmente la cesantía ha aumentado producto del estallido subversivo del 18 de octubre de 2019 y a la “pandemia”, por lo que un nuevo flujo masivo de inmigrantes solo contribuirá a empeorar la situación de cientos de miles de trabajadores chilenos y a sus respectivas familias, incumpliendo el Estado su deber de dar protección a estas y propender a su fortalecimiento.
Directamente relacionado con la nacionalidad, los requisitos para ser ciudadano chileno y, en consecuencia, poseer y conservar el derecho a sufragio son casi inexistentes. En efecto, para ser ciudadano bastaría con ser chileno y haber cumplido los 18 años de edad. Al tacho de la basura se va el requisito de no haber sido condenado a pena aflictiva (Tres años y un día o superior). Asimismo, la calidad de ciudadano solo se perdería en caso de pérdida de la nacionalidad chilena, lo cual será muy difícil, ya que el proyecto indica que no puede perderse la nacionalidad si de ello la persona adquiere el carácter de apátrida. Dicho esto, el proyecto elimina como causal de perdida de ciudadanía el haber sido condenado a pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Por lo tanto, cualquier criminal, delincuente, terrorista o sinvergüenza, aunque haya sido condenado, tendría derecho a sufragio y a ejercer cargos públicos.
Terrorismo
Nuestra actual constitución (Art. 9) señala que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y establece una serie de inhabilidades, por un lapso de 15 años, para ejercer cargos públicos y otras diversas funciones. Estas inhabilidades han sido borradas de un plumazo en el proyecto de Bachelet.
Libertad de trabajo y asociación
La negociación colectiva es actualmente un derecho de los trabajadores, no de los sindicatos. El proyecto otorga exclusividad a éstos en el derecho a negociar colectivamente. Esto echa por tierra la libertad para sindicarse de forma voluntaria, pues impediría que los trabajadores puedan negociar con el empleador.
Se eliminaría también la actual prohibición que establece que las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas, aunque, en la práctica, es dudoso que hoy se cumpla dicha disposición.
Respecto de la libertad de asociación, actualmente se establece que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación, siendo esta siempre voluntaria. La propuesta constitucional agrega como excepción a aquellas s que, por ley, lo exijan para ejercer una profesión.
Impuestos y cargas públicas
La constitución, vigente contempla la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas, agregando, además, la frase “En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos”, la cual desaparece totalmente en el proyecto constitucional de Bachelet, lo que significaría que no habrá un límite constitucional en cuanto a la fijación de los impuestos y tributos.
Indigenismo y antesala a un Estado Plurinacional
El proyecto incorpora, además de los tradicionales emblemas nacionales, a los emblemas indígenas, los cuales deberán ser honrados por todos los chilenos. Su cultura e idioma deberán preservarse, promoverse y fomentarse, incluso a nivel del sistema educacional.
A mayor abundamiento, agrega que la soberanía recae no solo en la nación, sino que también en los diversos pueblos indígenas, incorporando además, derechos especiales a representación parlamentaria. Esto implica que tendrían un reconocimiento diferente al resto de los habitantes y se perdería igualdad ante la ley, siendo que hasta el momento son chilenos, al igual que todos, con los mismos derechos y obligaciones. Lo anterior deja una puerta abierta a un Estado Plurinacional, exigencia de independencia y/o separatismo. Esto último ya se está dando en la práctica.
Sistema electoral: fortalecimiento de los partidos en desmedro de los independientes
Si ya los independientes la tenían difícil, si llega a aprobarse este proyecto su situación será aún más difícil. Nuestro actual sistema, al menos en teoría, establece que se garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Por su parte el proyecto indica que garantizará siempre el fortalecimiento de los partidos políticos, así como la participación de independientes en los señalados procesos. Sutil, pero más que claro que habrá un perjuicio de los independientes respecto de los partidos.
Derecho a una vivienda
Sí, leyó bien: una vivienda. El derecho a vivir en una vivienda dotada de las condiciones materiales y del acceso a los servicios básicos viene contemplado en este proyecto de reforma, lo que estaría asegurado para todas las personas, sin distinción, con todos los costos que ello traería aparejado. ¿Y quién paga? Cada chileno con su trabajo y sus impuestos. Como consecuencia de la fácil adquisición de la nacionalidad y/o residencia, existirá una mayor cantidad de personas que serán acreedoras de derechos y beneficios sociales, incluida una vivienda.
Actualmente la política ha sido dar prioridad a los migrantes en materia de salud y educación, poniendo en primer lugar a los indocumentados y en segundo lugar a los documentados, pues son “grupos vulnerables”. Imagine lo que ocurrirá con la inmigración masiva que se encuentra pronosticada para el país, una vez superada la “pandemia”.
Por otro lado, con el debilitamiento del derecho de propiedad, esto podría dar lugar a la expropiación de segundas viviendas o viviendas deshabitadas, por parte del Estado, para dar cumplimiento a este derecho, imitando la propuesta hecha por PODEMOS en España.
Toda esta combinación lo único que garantizará es ser un caldo de cultivo para grandes conflictos sociales, pues la constitución aseguraría los derechos fundamentales, incluido este, a todas las personas, sin distinción, los cuales serían derechos directamente aplicables, según añade expresamente el proyecto. Imaginen el lío que habrá no sólo en el tema de vivienda. Una bomba de tiempo para grandes frustraciones.
Garantía de las garantías
El art. 19 N° 26 de la actual constitución establece un reforzamiento de las garantías constitucionales, estableciendo “La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio”. Esta garantía es sustituida por una vaga frase que indica que los derechos garantizados por esta Constitución no pueden ser afectados en su esencia, borrando el resto de la disposición, quedando todos los derechos en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto permitirá una limitación mucho mayor de los derechos fundamentales, según sea la conveniencia del gobierno. Claramente se ha pensado esto para su utilización para un gobierno de izquierda.
Para concluir
Lo expuesto en esta columna son sólo algunos ejemplos de todos los cambios negativos que incluiría el proyecto de Constitución, el cual recoge todo el rompecabezas de leyes ideológicas aprobadas recientemente y de los proyectos en trámite. Quedan todavía muchos puntos que analizar, entre ellos varios derechos fundamentales, así como toda la parte orgánica, es decir, el gobierno, los órganos del Estado, su funcionamiento y atribuciones, pero eso es materia para una nueva columna.
Lo más preocupante es que personas que supuestamente son de derecha cedan y concedan todo lo bueno que actualmente tenemos al tomar este proyecto como base para la elaboración de una propuesta constitucional en lugar de defender sus principios, salvo que lo estén analizando con el fin de detectar todas estas trampas.
Partir negociando desde esta base significa otorgar todo a la contraparte y tratar de rescatar algo de lo bueno si es que ellos lo permiten. No guardo muchas esperanzas de que así sea, pues para la izquierda incluso esta propuesta les será insuficiente.
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[1] https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-propuesta-constitucional-en-la-que-trabajan-chadwick-allamand-y-cubillos/TUV7QSQ2OVCD3B56R42SC6CUFQ/
[2] https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-nueva-mesa-nueva-constitucion/
[3] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302
[4] https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=12132&prmBOLETIN=11617-07
[5] https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-la-expropiacion-de-los-hijos/
[6] https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-la-expropiacion-de-los-hijos-ii/
[7] https://ellibero.cl/opinion/camilo-cammas-hecha-la-trampa-hecha-la-ley/
[8] https://ellibero.cl/actualidad/migracion-el-nuevo-objetivo-del-trio-latorre-provoste-y-navarro/
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