Camilo Cammás Brangier
Abogado, analista legislativo

                Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-9173) se intentó crear un nuevo modelo educativo, llamado Escuela Nacional Unificada (ENU). Este nuevo modelo, según el informe crítico “ENU EL CONTROL DE LAS CONCIENCIAS”, pretendía convertir a la educación chilena en un instrumento de concientización política, pues expresamente reconocía el querer “moldear nuevas generaciones de chilenos” subordinándolos al “proceso de transición al socialismo” y sometiéndolos a “los valores del humanismo socialista”. Asimismo, admitía que la ENU estaba llamada a “afianzar el naciente sistema social de vida”, elevando para ello “la capacidad de organización y unidad del pueblo en función de los grandes objetivos y tareas del proceso de cambio revolucionario”.

                ¿Que tiene en común esto con la Educación Sexual Integral (ESI), cuyo proyecto de ley retoma su discusión legislativa en marzo?

                En primer lugar, ambos son ejemplos de control y dirección social que buscan formar un determinado tipo de persona, de acuerdo con una determinada cosmovisión de mundo, con el fin de poder poner ésta en práctica y ambos tienen un factor en común: la educación y los niños.  En efecto, como la mente de estos está en formación, resulta ser más moldeable por lo que será mucho más sencillo conseguir estos hagan lo que un adulto ya aprendió que no debe hacerse.

                En segundo lugar, mientras que con la ENU se utilizaba el concepto de “educación permanente”, que pondría a la gente durante toda su vida, al monopolio concientizador del Estado y su visión marxista, en el proyecto de ESI se busca, como el propio texto de la moción dice, considerar, entre otras cosas, a la construcción social de la sexualidad y a la identidad de género desde la sala cuna hasta la universidad.

                En tercer lugar, tanto en la ENU como en la ESI no se permite ningún sistema alternativo al oficial. La ENU no admitía el pluralismo, sino que una única cosmovisión de mundo, la del Estado. La ESI, por su parte, indica que todo proyecto que sea propuesto por un establecimiento educacional, como alternativa al oficial, no podrá ir en contra de ésta o dejar fuera los contenidos establecidos en la nueva normativa, en caso de que llegase a aprobarse.

                Los anteriores no son más que algunos ejemplos de lo que se podría esperar en caso de aprobarse el proyecto de ley de educación sexual integral (ESI). Esto traería como efecto el vulnerar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, entregando al Estado el monopolio de los contenidos de educación sexual, la que será obligatoria desde la educación parvularia hasta la universitaria.

                Asimismo, atentaría contra la libertad de enseñanza, pues establece una malla única obligatoria para los establecimientos educacionales, los que se verán virtualmente impedidos de poner en práctica sistemas alternativos de educación sexual, pues estos no podrán contradecir las directrices provenientes de la nueva legislación.

                Por otro lado, fomentará la sexualización temprana de los niños, mediante adoctrinamiento en ideología de género. Lo anterior, combinado con la Autonomía Progresiva llevará gradualmente a que éstos inicien cada vez de forma más temprana su vida sexual, lo cual terminará desembocando en la rebaja de la edad de consentimiento sexual. Al mismo tiempo promoverá prácticas como el aborto, bajo el concepto de educación sexual y reproductiva.

                La constitución política vigente es uno de los últimos bastiones jurídicos que van quedando para impedir que el Estado vulnere todos estos (y otros) derechos y que adoctrine a los niños. De ahí el interés de los grupos que promueven estas iniciativas por lograr un cambio constitucional.      Es por ello que será un factor a considerar al momento de decidir cual alternativa se votará en el plebiscito de abril.

.