Por Alejandro Rogers B.
Director Fundación Voz Nacional
A una semana de Navidad y en pleno estallido subversivo, el 18 de diciembre del 2019 el Ministro de Hacienda Ignacio Briones anuncia con bombos y platillos un “Acuerdo Verde” para impulsar una “transición hacia las finanzas verdes”. El acuerdo lleva además la firma de otras autoridades, incluyendo la del presidente del Banco Central, de la Comisión del Mercado Financiero, del Superintendente de Pensiones y de los gerentes de las AFPs. El acuerdo fue impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEPFI).
Dos meses antes del acuerdo, Michael Porter, famoso profesor de Harvard e impulsor de la Shared Value Initiative, publicó en la revista Institucional Investor que: “Pese a innumerables estudios, nunca ha habido evidencia concluyente de que filtros socialmente responsables o posiciones de empresas en listas como el Índice de Sustentabilidad del Dow Jones entreguen alfa”[1].
Cabe entonces preguntarse que estaban haciendo las AFPs firmando un compromiso que no le va a reportar rentabilidad a sus afiliados.
Y no es solo que no le va a reportar rentabilidad, a todas luces genera costos, costos operaciones, regulatorios y reputacionales. Si las AFPs quieren usar la Responsabilidad Social Empresarial para lavar su imagen, recomendaría pensarlo dos veces, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Generar altas expectativas éticas y después no cumplirlas es bastante más caro que no cumplirlas cuando no las has generado. Más de 3 veces más caro según los estudiosos del tema[2].
Más allá de riesgo económico o reputacional que puedan tener este tipo de tratados, cabe preguntarse si las AFPs saben con quien se están metiendo. Y me refiero a Naciones Unidas (ONU). La ONU lleva décadas promoviendo este tipo de acuerdos no vinculantes: está el Compacto Global, los Principios de Inversión Responsable, los Principios de Seguros Responsables, el acuerdo de Paris entre muchos otros. Todos estos se presentan con causas nobles: el medioambiente, la pobreza o los derechos humanos, en definitiva, la RSE.
Pero detrás de la RSE hay en realidad tres factores: los ESG que por sus siglas en inglés hacen referencia a la sustentabilidad medioambiental, social y de gobernanza. Dejemos de lado el factor medioambiental cuya implementación está, lamentablemente, ya bastante avanzada en nuestro país. La próxima etapa de estos acuerdos consiste en implementar la “sustentabilidad social” y de “gobernanza”: es decir la implementación de la agenda social de la ONU, por ejemplo en términos de ideología de género o supuestos derechos reproductivos.
Y así lo han estado haciendo las empresas más comprometidas con esta agenda “Social”. Gillette por ejemplo que lanzó una campaña de promoción de la “nueva masculinidad”, mostrando a una niña transgénero que, en su camino a ser hombre, se afeita por primera vez acompañada de sus dos papas. O Netflix, cuyo gerente general y actores, ante las nuevas leyes anti aborto del estado de Georgia, amenazaron con dejar de filmar ahí. O Google, que despidió a un ingeniero que osó cuestionar el mantra de la discriminación contra las mujeres.
La reacción y el boicot mundial contra estas empresas fue masivo: P&G anunció una pérdida de US$ 8 mil millones por su filial Gillette, Netflix perdió 100 mil suscritores en Estados Unidos cuando esperaba ganar casi 400 mil y Google está entrampado en una demanda colectiva por discriminación contra los hombres.
El consumidor hoy es bastante más activista, y no necesariamente en favor de los principios que promueven esos pactos globales. Este consumidor tiene sus propios principios y valores y cada vez más se lo hará saber a las empresas. Hoy vivimos en el mundo de la Economía Amarilla, un término que nos viene del movimiento pro democracia de Hong Kong, que, apoyado por la tecnología, boicotea los negocios pro Beijing y promueve aquellos favorables a la democracia.
La Economía Amarilla está llegando también a Chile y su mejor exponente local es Juan Sutil, Presidente de la CPC y fundador de Empresas Sutil, que justamente en una manifestación de activismo político, suspendió sus auspicios a CNN y CHV. Las AFPs y los reguladores que promueven este “Acuerdo Verde” deberían pensar bien en estos nuevos riesgos que tiene la implementación de una agenda de “sustentabilidad social” con tintes valóricos progresistas.
Los pactos globales de RSE, con sus procedimientos estandarizados, “off the shelf”, certificados y pre aprobados, son infinitamente más cómodos que el estudio de Aristóteles y Santo Tomas de Aquino. Pero sería un error para estos signatarios pensar que pueden externalizar la ética. Y sería bueno recordar a esta élite del capitalismo financiero criollo que firma acuerdos y pactos de sustentabilidad, las proféticas palabras de Milton Friedman: “La Responsabilidad Social es una doctrina fundamentalmente subversiva”.
[1] [1] Porter, M. E., Serafeim, G., & Kramer, M. (2019). Where ESG Fails. Institutional Investor https://www.institutionalinvestor.com/article/b1hm5ghqtxj9s7/Where-ESG-Fails
[2] Trudel, R., & Cotte, J. (2009). Does It Pay To Be Good? MIT Sloan Management Review (2nd ed., Vol. 50)
Alejandro Rogers B. es Ingeniero Comercial, MBA MIT Sloan. Actualmente profesor colaborador del Instituto de Ideas Republicanas, director de la Fundación Voz Nacional y profesor de Ética, Compliance y Gobiernos Corporativos. Ha estado a cargo de ética y cumplimiento regulatorio en varias empresas del sector financiero.
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