22 febrero, 2025 
por Pilar Molina
Recomienda a Trump respetar el derecho internacional, pero no hace ni el intento de cautelar el estado de derecho en el país que gobierna.
El Presidente Boric salió al paso de los dichos de Trump en que descalifica y debilita al Mandatario de Ucrania, destacando que “en este mundo convulso, la mejor defensa de un país como el nuestro es el respeto al derecho internacional”.
Y en Chile, ¿no es también la mejor defensa de los intereses del país, después de las compulsiones octubristas, respetar el estado de derecho que nos obliga a gobernantes y gobernados a sujetarnos a la ley?
Lo que el Mandatario del Frente Amplio predica como lecciones al poderoso Trump, no lo aplica localmente, por desgracia. Si se preocupara de mantener el derecho en Chile, habría desalojado la toma de San Antonio. Nacida al amparo del octubrismo de 2019, se fue haciendo gigantesca porque no estuvo nunca en los planes de esta administración desalojarla. Nada nuevo, porque es la visión de su conglomerado: frente a la necesidad de vivienda, sucumbe el derecho de propiedad.
Pero luego de tres años en el poder y sucesivos fallos judiciales de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema que ordenaron desalojar en junio de 2024, tampoco se urgieron nuestras autoridades. En vez de iniciar desocupaciones graduales, como ordenó la Corte, con los plazos vencidos seguían peloteándose las responsabilidades el ministro de Vivienda y el delegado presidencial de San Antonio, sin que nadie “arriba” de ellos ejerciera tampoco la autoridad que corresponde al Estado. Creyeron que era cuestión de seguir postergando los plazos judiciales, ojalá hasta el próximo gobierno, porque no pueden aparecer comprando un terreno de 200 hectáreas para privilegiar a personas que se saltaron la fila en la política de vivienda y cometieron el delito de usurpación, de la mano del crimen organizado que loteó el terreno, trazó las cuadras y los vendió a sus actuales ocupantes.
Por supuesto que tampoco han pensado cumplir el último plazo perentorio ordenado por la Corte, el próximo 27 de febrero, porque el desalojo, como alega el Ministro de Vivienda, ya es inmanejable, se convirtió en un “problema nacional” y “generaría una situación insostenible desde el punto de vista humanitario”. Se acata, pero no se cumple y, en vez, intentan que las víctimas, los dueños del terreno, lleguen a un extraño acuerdo de compra con las más de 4 mil familias usurpadoras (13% extranjeras y 10% con segunda vivienda) que se organizarían “a futuro” en cooperativas y una federación de éstas.
El derecho de propiedad también es vulnerado todos los días en la macrozona sur. No sólo a través de las mil 400 ocupaciones que sembró el octubrismo a nivel nacional, sino que de mega incendios intencionales que se repiten todos los veranos en algunas provincias y son abordados por las autoridades como si se tratara de una novedad. En los macabros siniestros de hace dos años, Boric incluso apuntó a la responsabilidad de los empresarios y sus ministros llegaron a proponer un nuevo royalty a la industria forestal.
La locura de regular a las forestales como responsables de auto incendiarse ya pasó. Pero todo sigue igual, mientras las plantaciones productivas retroceden en 350 mil hectáreas en una década, afectando principalmente a pequeños y medianos propietarios, producto de los incendios, los robos de madera y las ocupaciones. ¿Hay intentos del Estado, encabezado por el Ministerio del Interior, de reestablecer el imperio del derecho entre una y otra temporada? Nada de eso. Al contrario, a pesar de las denuncias de la Conaf, bomberos, el Ministerio Público y la evidencia, todavía se debate si son o no intencionales y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se traga las palabras luego de haber afirmado que disparar a un helicóptero que combatía el fuego era un acto “terrorista”. No tenía otra opción, luego que el Gobierno no se querellara por esa ley, recientemente dictada.
Mientras el ministro Valenzuela atenúa las acciones terroristas (ahora es solamente “terrorífico” procurar botar un helicóptero cisterna), frente a los mismos ataques con fuego, pero en los bosques en Argentina, la Resistencia Ancestral Mapuche (un símil de la CAM), es declarada una organización terrorista por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Puede que los argentinos estén entendiendo que no hay libertad, ni democracia, ni inversión o desarrollo sin cumplimientos mínimos del contrato social, como son hacer efectivas las resoluciones judiciales, garantizar el derecho de propiedad y la seguridad.
En Chile, en cambio, nos hemos acostumbrado a relativizar el derecho y que nadie cobre la cuenta cuando el Estado no asume sus responsabilidades. Cuando este mes se cumplió un año del incendio de Viña y Quilpué, Boric pidió explicaciones a los ministros de Vivienda y Desarrollo Social por el escaso avance. Pero no les pasó la cuenta porque se reconstruyeran apenas 53 viviendas de las 5 mil 800 destruidas. Recursos había, porque se creó un impuesto que, al permitir retiros de empresas con menores impuestos a la renta (ISIF), recaudó casi el doble (mil 600 millones de dólares) de lo que estimaban costaría la reconstrucción.
¿Y? Nada… lo mismo que con las cuentas fiscales. Sobre calculan la recaudación año a año para así seguir empinando el gasto y justificar nuevas alzas de impuestos, se incumplen con creces las metas auto impuestas por el gobierno de desembolso fiscal; se rapiñan los recursos del fondo constituido para emergencias (FEES); se gastan los ingresos extraordinarios que recibimos producto de la racha del precio del litio (que ya pasó) en financiar el déficit fiscal y ¿quién pasa la cuenta? Nadie. ¿Quién la paga? ¡Nadie!
Que el Presidente esté de vacaciones, salvo para postear en redes sociales, no mueve la aguja en ningún sentido.
Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/el-consejo-del-presidente-que-no-aplica/
.
