9 enero, 2025 

por María Cecilia Cifuentes

Aún no se entiende cómo se pudo dar una situación de esta envergadura, sin que durante casi cuatro meses nadie en el gobierno se haya dado cuenta ¿o se dieron cuenta y el voluntarismo adolescente de muchos en el gobierno los llevó a pasar por alto las evidentes restricciones normativas?

Han pasado casi quince años desde que el Presidente Lagos pronunció esa frase que pavimentó el camino para que ahora sea mirado como un estadista. En el intertanto, si algo ha pasado en Chile, es un pronunciado deterioro institucional, reflejado, por ejemplo, en el Índice de Gobernanza del Banco Mundial, que muestra caídas significativas en las seis dimensiones de calidad institucional que mide este índice, entre 2010 y 2023 (última versión de este índice).

Lo anterior es grave, y es probablemente una de las causas más relevantes para explicar la caída del crecimiento de tendencia, desde 5% hace 15 años a algo menos de 2% actualmente. No por nada, el Premio Nobel de Economía se entregó recientemente a tres economistas que han demostrado que la calidad de las instituciones es el factor fundamental en el desarrollo sostenible de los países y en la calidad de vida de los ciudadanos. Si suponemos que la mitad del menor crecimiento de tendencia se explica por este deterioro, eso significa que hemos perdido cerca de US$ 200 billones en menor PIB en la última década por esta razón, dos veces el presupuesto anual del gobierno central.

Este deterioro institucional se aceleró profundamente a partir de la revuelta de octubre de 2019, y lo cierto es que el accionar de este gobierno en la materia deja mucho que desear, principalmente porque frente a problemas en este ámbito, no se asumen las responsabilidades, y hemos visto en forma usual que el hilo suele cortarse por lo más delgado. Ha sido casi patético ver cómo las autoridades de este gobierno, políticos algunos de gran trayectoria, se aferran a sus cargos más allá de lo prudente. Es grave también que ya son varias las situaciones en que, si no fuera por el accionar de la prensa, los problemas no hubieran salido a la luz pública, por lo que las situaciones anómalas se mantendrían. El caso Convenios y Monsalve son ejemplos claros de lo anterior.

Para peor, en vez de haber aprendizaje dentro del gobierno en esta materia, ocurre lo contrario, al menos en lo que se conoce. Es así como en poco tiempo se ha sumado a los casos antes mencionados, el error inexplicable en el diseño de los pasaportes, el pésimo manejo institucional del Caso Dominga, y ahora, aunque sin duda mucho más grave e inexplicable que los anteriores, la compra fallida de la casa de Salvador Allende.

Aún no se entiende cómo se pudo dar una situación de esta envergadura, sin que durante casi cuatro meses nadie en el gobierno se haya dado cuenta ¿o se dieron cuenta y el voluntarismo adolescente de muchos en el gobierno los llevó a pasar por alto las evidentes restricciones normativas? Probablemente no sabremos la respuesta, pero sí estaremos atentos a las acciones que ahora se adopten, frente a lo que a todas luces es una vulneración bastante evidente de las disposiciones constitucionales.

Sería lamentable que por salvar los platos rotos se optara por el camino de las triquiñuelas jurídicas, y se buscara minimizar el costo político de corto plazo. Es la hora de parar este deterioro institucional, que ha tenido un costo enorme en desarrollo.

Lo que corresponde ahora es que “dejemos que las instituciones funcionen” -lo que requiere que las personas que las representan estén a la altura-, caiga quien caiga.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/dejemos-que-las-instituciones-funcionen/

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