15 septiembre, 2024 

por Jaime Jankelevich

Las filtraciones que se han venido conociendo del caso audio, dejan entrever que detrás de las mismas hay una intencionalidad política y otra dirigida contra ciertos jueces y fiscales, lo que puede tener graves consecuencias en la institucionalidad del país.

El caso audio dará que hablar durante mucho tiempo, por las consecuencias que se están produciendo en la medida que continúan a gotario las revelaciones del contenido del celular del abogado Luis Hermosilla.

En primer lugar, el Ministerio Público está al debe en cuanto a obrar con licitud, pues estando en su poder el teléfono del abogado Luis Hermosilla, no existe otra posibilidad de proveniencia de las filtraciones que desde el Ministerio Público, lo que está penado en los artículos 246 y 247 del Código Penal y adicionalmente, el artículo 182 del Código Procesal Penal establece el secreto de la investigación para terceros ajenos a la misma. ¿No lo saben los fiscales? ¿No se abrirá una investigación y sancionados los responsables? ¿Es una práctica común, permitida en el Ministerio Público, para influir mediáticamente en las causas?

Dicho lo anterior, resulta curioso que de las 770.000 páginas que dicen tiene el contenido del celular de Luis Hermosilla, justo hayan encontrado evidencias que apuntan a políticos de derecha de alta connotación como es el caso del exministro Andrés Chadwick, y se den a conocer espaciadas en el tiempo. Y también, oh curiosidad, evidencias comprometedoras que apuntan a magistrados de la Corte Suprema y a exfiscales con nombre y apellido, lo que está causando gran revuelo por la gravedad de los hechos que se han dado a conocer.

La otra “curiosidad” es que hayan surgido todas esos casos filtrados, cuando el origen de la incautación del celular de Luis Hermosilla fue el tema de Factop y los posibles sobornos pagados a funcionarios del SII y la CMF, que fue lo único que autorizó el tribunal a investigar. Pero, de acuerdo con información de prensa, según la Fiscalía lo otro que surgió fue por un “hallazgo casual” pues como no pueden andar buscando otras cosas, se tienen que “topar” con ellas. Bien extraño, ¿no?

No caben, entonces, muchas dudas de que lo que hay detrás de este verdadero gotario de entrega de contenidos, es una intención de producir efectos políticos orientados particularmente a comprometer a la derecha. Pero, además, se advierte una intencionalidad que apunta a dañar a determinadas personas del Poder Judicial con nombre y apellido, como si se tratara de un cierto revanchismo contra los expuestos y apuntando probablemente además al sistema actual de designación de los jueces, todo lo cual podría provocar nefastas consecuencias en la institucionalidad del país.

Ya la Encuesta Bicentenario de 2023 daba cuenta del grave deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones más relevantes del país. En el gobierno era de un 11%; en los partidos políticos y los parlamentarios solo un 1% y en los tribunales de justicia un 6%. Sólo las FF.AA., Carabineros y las Universidades cuentan con altos porcentajes de aprobación.

Si hace ya un año la confianza ciudadana en las instituciones de los tres poderes del estado era casi inexistente, las revelaciones del caso audio pueden incrementar aún más esa desconfianza, con todo el peligro que eso conlleva, pues la confianza es fundamental para la estabilidad democrática y el desarrollo socio económico de los países.

Hoy, cuatro ministros de la Corte Suprema están en entredicho por sus actuaciones y se discuten posibles acusaciones constitucionales en su contra. ¿Puede haber algo más grave que los máximos magistrados del Poder Judicial puedan ser destituidos constitucionalmente por actuaciones indebidas al impartir justicia? Y en lo político, que se use el tráfico de influencias para influir en el nombramiento de jueces es igualmente condenable, porque no se estarían designando por méritos propios sino por contar con pitutos poderosos que después solicitan favores para sus amigos.

El peligro que existe hoy a raíz de este caso es que se imponga la idea que todos están metidos -lo que no necesariamente es así- y por ende que no se puede creer ni confiar en nadie. Y como cada día que pasa se filtra que hay otro personaje involucrado, la sensación que queda en la opinión pública es que nadie se salva.

Si esa creencia se llegare a imponer, surge el riesgo que pueda aparecer un político populista que prometa terminar con todos y proponga soluciones voluntaristas que animen a la ciudadanía a apoyarlas electoralmente, lo que sería desastroso. Y enseguida, respecto de los jueces, como ya se habla que hay que cambiar el sistema para designarlos, no sería raro que surgieran voces desde la izquierda que impulsen las mismas reformas impuestas por AMLO en México, que no es otra cosa que elegir los jueces por votación popular, lo que es gravísimo, pues destruiría la esencia misma de la justicia al quedar comprometida y expuesta políticamente y constituiría un grave deterioro del Estado de Derecho, lo que no se puede aceptar.

Cómo se puede apreciar, las filtraciones con nombres y apellidos del caso audio pueden provocar graves consecuencias en la institucionalidad del país, la que hay que preservar, fortalecer, protegerla y dotarla de las mejores prácticas, pues de lo contrario, se estará atentando contra la estabilidad de la democracia y el desarrollo de Chile y los chilenos.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/los-riesgos-institucionales-del-caso-audio/

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