17 agosto, 2024 

por Pilar Molina

Quizás al año cuarto el Gobierno pueda comprender que está actuando como un fanático liberal, borrando al Estado frente a las emergencias, buscando culpables y excusas. Debe actuar y concentrarse en resolver, antes que en el manejo comunicacional para desentenderse de la solución.

Frente a cada emergencia, el Gobierno suele montar una obra en tres tiempos: en vez de asumirla de inmediato, llega tarde, luego se concentra en el manejo comunicacional y le echa la culpa a otro, ojalá la empresa privada, y en último lugar, no resuelve el problema.

Esto se repite una y otra vez. Es cierto que han reconocido algunos alcaldes que no estaban preparados para gobernar, que no tenían la experiencia para ello. Su quehacer era el activismo, la calle, la protesta y la oposición inclemente que rechaza todo. El entonces presidente del partido de Gabriel Boric, Diego Ibáñez, rebatió en abril a sus pares alcaldes que hicieron la autocrítica de la inexperiencia. Lejos de asumir alguna responsabilidad, el diputado apuntó a que “es el Estado neoliberal el que no está preparado para resolver los problemas ciudadanos”.  Y remató culpando al principio de subsidiariedad.

Una lástima que a sus 30 y 40 años todavía no entiendan que sin ese principio no hay democracia, porque lo que hace la subsidiariedad es defender la libertad de los individuos frente al Estado. Pero tampoco han entendido la otra parte, que el Estado sí debe intervenir en las catástrofes, en los vacíos que deja la acción privada y en aquellas tareas que se le han conferido exclusivamente a él, como son la seguridad o la justicia

Aunque los activistas del Frente Amplio no creen en la subsidiariedad, actúan como fanáticos neoliberales, borrando al Estado al momento de enfrentar graves problemas. Por eso el Gobierno exigió en abril a las mineras asumir la contratación de vigilantes armados, como si la seguridad no fuera su principal deber y las empresas no estuvieran ya gastando US$2.200 millones al año en ese ítem (Cámara Nacional de Comercio).

Por esa negación de los deberes inherentes al Estado es que frente al cuasi tornado que apagó las luces en medio Chile, en vez de salir a ordenar el caos de árboles y torres de energía botadas, La Moneda hizo una pauta para culpar a las empresas por su respuesta insatisfactoria para reponer el servicio. Tardó una semana en emplear al Ejército en la tarea de retirar los escombros y escaló el problema con la distribuidora Enel al Estado italiano, su dueña, amenazando con caducar la concesión, inédito proceso cuyo inicio anunció ayer.  

Expertos en montajes comunicacionales, en medio de la indignación de las miles de familias sin luz, el ministro Diego Pardow, de Energía, distrajo la atención a la necesidad de incorporar al Estado a la distribución. Ni por un minuto asumió la cuota de responsabilidad de su Gobierno por actuar tarde, por haber tenido a las distribuidoras con menos ingresos porque durante más de dos años no quiso descongelar las tarifas eléctricas, obligándolas además a renegociar deudas y prohibiéndoles el corte por no pago. Olvidó su rol en la fijación de tarifas y de fiscalizador de un monopolio regulado y ya, en el colmo de la irresponsabilidad, actuando como víctima, el ministro incitó a no pagar las cuentas («con qué cara (..) si el servicio de distribución es inoperante e indolente»).

Parecido a lo que ocurrió en el incendio de Viña del Mar en el verano que dejó 135 muertos y 8 mil hogares dañados. En aquella ocasión, después de una lenta reacción inicial, se pelearon entre las ministras el puesto de enlace para ocupar la vitrina comunicacional que ofrecía la tragedia, para luego retirarse en silencio la ganadora, Camila Vallejo. Sin avances. Seis meses después de la tragedia, y luego que el Presidente asegurara que todos tendrían techo antes de las lluvias, aún no hay un plan claro de reconstrucción, con metas, tiempo definido y por barrio. La alcaldesa del Frente Amplio le endilgó la responsabilidad del mega incendio a la ausencia de una ley de incendio, como si una norma hubiera podido compensar la falta de un plan de emergencia que era responsabilidad de ella, Macarena Ripamonti.

El Presidente Gabriel Boric prometió en la Cuenta Pública de junio 2023 que bajaría las listas de espera de las cirugías de 330 días a 200 (el tiempo promedio en la OCDE). Actualmente, estamos con las esperas ¡más abultadas de la historia! Hoy Red Chile Unido por el Cáncer convocó a marchar por las calles porque hay 18 mil pacientes con ese mal esperando atención GES y 2.500 en el listado no GES, sabiendo que la omisión ahí se entrelaza con la muerte.

¿Cómo asume el Ejecutivo su responsabilidad frente a la tragedia? No sabemos, porque a pesar de los recursos extraordinarios presupuestados para enfrentar el problema, éste se agrava y pareciera que la respuesta es borrar las listas, como lo hizo el hospital Sótero del Río que eliminó más de 323 mil casos de interconsulta por vía administrativa en un solo día. La Contraloría ordenó auditorías a 11 hospitales, para ver si también borraban en vez de darle solución a los pacientes. Los primeros dos informes, correspondientes a los hospitales de Antofagasta y de Talca, indican que esta práctica es generalizada, porque 47 mil casos inscritos en esos establecimientos no figuran en las listas nacionales del Minsal, que son las que definen la prioridad de atención.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, advierte que “se van a encontrar nuevas irregularidades”… ¿Entonces? ¡Nada!  Ella aborda el problema como uno de corregir información, no de cánceres y males convirtiéndose en metástasis y muerte y hasta exime su responsabilidad alegando que no se ha aprobado la reforma tributaria para darle más recursos aún.

Por eso tampoco sorprende que, frente al reciente cierre de la siderúrgica Huachipato, el ministro de Economía, Nicolás Grau, responsabilice a la empresa privada, creyendo que puede obligar a CAP a continuar asumiendo pérdidas que en 15 años suman los US$1.204 millones. En abril, Grau creyó haber llegado a una solución genial, indigna de un economista, cuando le pidió a las mineras comprar el acero más caro para evitar el cierre de Huachipato que no puede competir con el acero más barato importado de China. Si quiere subsidios, que asuma su rol y no se los pida a los privados.

Aunque acusó a la empresa de “acción irresponsable” y de fallarle al país, la irresponsabilidad es la del ministro que, por cierto, también ofreció un plan para producir acero en Chile que será a costa de pérdidas que pagará Moya.

Quizás al año cuarto el Gobierno pueda comprender que está actuando como un fanático liberal, borrando al Estado frente a las emergencias, buscando culpables y excusas. Debe actuar y concentrarse en resolver, antes que en el manejo comunicacional para desentenderse de la solución.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/yo-no-fui/

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