10 agosto, 2024 

por Pilar Molina

Los privados están más cerca de defender los intereses previsionales de los chilenos que el Ejecutivo, que ha demostrado excesiva ansiedad por apropiarse del fruto del trabajo formal de otros.

Si en algo ha habido mala fe, es en el modo en que el Gobierno ha tramitado la reforma previsional. Enfrentó el desafío, que tiene consecuencias a 50 años, sin mostrar los datos oficiales sobre años de cotizaciones, remuneraciones y pensiones. Y sin considerar tampoco el aporte de la PGU (que beneficia al 90% de la población a un costo de casi dos puntos del PIB) que dejó a la mayoría de los jubilados con tasas de reemplazo comparables a las de los países OCDE. Prefería asegurar con datos amañados que el sistema estaba fracasado y había que eliminar las AFP y traspasar los fondos a manos del Gran Hermano. 

Pero la izquierda pagó el error de apoyar tres retiros para desfondar el sistema sustentado en las AFP, que le quitaron el piso a su intento de apropiarse de los ahorros de los trabajadores (“Con mi plata no”), porque los chilenos aprendieron que los recursos estaban en sus cuentas y no los habían “robado”. El economista UC David Bravo le puso los datos reales a las jubilaciones y concluyó en su estudio, de fines del año pasado, que las pensiones tienen tasas de reemplazo muy superiores a los miserables cálculos que tiraban con sesgo las autoridades. 

Pero el Ejecutivo ha permitido que el PC, y su ministra Jeanette Jara, sean los que le pongan la proa a la reforma. A punta de mentiras o medias verdades y eufemismos. Llamando al reparto “cuentas nocionales”, que después evolucionan a “seguro social”, luego a “préstamo previsional” y “aporte reembolsable”. Cualquier nombre sirve para encubrir el objetivo de echar mano a los ahorros de los trabajadores formales. Cuando presentaron la reforma en noviembre de 2022, querían apropiarse del total del 6% de cotización adicional, luego bajaron un 4% y por último un 3%, pero con una tajada extra para reparto de la otra mitad destinada a la cuenta del trabajador (hasta financiar la sala cuna, metieron en un momento).

La tónica ha sido que sólo ellos quieren mejorar “las miserables” pensiones. Buscan acuerdos, pero luego viene la trampa. Acuerdan con los senadores un timing para votar la idea de legislar en mayo y a la semana siguiente le ponen urgencia a la discusión. No le bastó al Ministro de Hacienda que la Cámara le aprobara un proyecto sin contenido en enero pasado. Le rechazaron el “control democrático” de las cotizaciones, como denominaba Jara a quitarle el manejo de la previsión a las AFP para dárselo al Estado. No se lo aceptaron.

Pero el Ejecutivo volvió a la guerra en el Senado presionando por aprobar la idea de legislar, hasta con “discusión inmediata”, escondiendo las indicaciones que sólo él puede presentar por tratarse de materia de seguridad social. Los senadores, junto al Gobierno, acordaron una comisión técnica para guiar un acuerdo. Días después que entregara sus conclusiones, Marcel salió anunciando 45 puntos de consenso para seguir adelante. Otra mentira, porque proponía temas que incluso había rechazado el informe técnico, como separar la industria entre gestores de inversión y administradores de cuentas, o dar un “seguro social” a todos los pensionados en vez de focalizarlo en los afectados con bajas pensiones.

El miércoles pasado, entre estos dimes y diretes imposibles de seguir, el Ejecutivo se allanó a recoger la propuesta de la oposición que se vote tanto la idea de legislar como el contenido particular simultáneamente en la Comisión del Trabajo, para que al final la Sala (que aprobó la iniciativa) vise ambos juntos, sin que entre uno y otro trámite el Ejecutivo saque nuevos conejos bajo la manga.

En este protocolo se plantea subsidiar las pensiones en forma focalizada al grupo más perjudicado en materia de tasas de reemplazo, que son las mujeres de clase media y con altas densidades, como así también, que sea un beneficio transitorio. Igualmente, que haya una compensación permanente, por las mayores expectativas de vida, para que las mujeres puedan obtener pensiones iguales a sus pares hombres de la misma edad y con los mismos años cotizados. También postula objetivos más acotados para la industria. A esta altura parece claro que eliminar las AFP no va a subir las pensiones, ni mejorar el servicio o aumentar la competencia y es, en cambio, un riesgo.

La idea es que el Senado despache en enero la reforma, cuando deberá volver a buscar su aprobación en la Cámara. Falta ver si efectivamente el Gobierno se atendrá a lo negociado o volverá al mañoseo para separar la industria y cumplir así con la promesa de campaña de terminar con las AFP. O exigirá para el “seguro social”, sin justificarlo, un porcentaje más alto de la cotización adicional, constituir un fondo estatal para pagarlo o no reconocer los aportes de los trabajadores.

Está por verse si el trámite sigue la huella de la mala fe que le ha impregnado a la tramitación la ministra Jara, con una sonrisa por un lado y por el otro, acusando a las AFP de usar sus “jugosas utilidades” para crear “fake news o desinformar a la población activamente” y así no cambiar nada. O criticando la publicidad de las AFP mientras La Moneda financia una campaña publicitaria en TV de “mejores pensiones para Chile”, con una reforma que no ha sido aprobada en ninguna Cámara (y Contraloría no dijo nada).

La administración ha dejado hacer y deshacer a la ministra comunista, que parece estar forzando un rechazo de la reforma con fines políticos, como será que ella aparezca de candidata este otro año y acuse a la oposición de haberse negado a subir las “miserables” pensiones. Jara ha encabezado varios rounds. El último fue denunciar con escándalo la circulación en el Congreso de una minuta anónima de cuatro carillas, que resultó ser de la Asociación de AFP, con críticas a la distribución del 6% de cotización adicional y al mayor rol del Estado contenidos en el documento de Marcel, supuestamente consensuado.

Rápidamente se sumaron la vocera Vallejo, el Ministro de Hacienda y hasta el Presidente Boric, acusando “irresponsabilidad de marca mayor” (Jara), de “campaña política “ y no “ético” (Vallejo), y exceder “la lógica de una industria regulada” (Marcel).

En buena hora las AFP pueden exponer sus puntos de vista y no sólo en el Congreso.  El Gobierno tiene todo el poder y todos los micrófonos y los usa para instalar verdades a medias o directamente mentiras, como ha jugado con los datos reales en esta trascendental reforma. Sin duda que los privados están más cerca de defender los intereses previsionales de los chilenos que el Ejecutivo, que ha demostrado excesiva ansiedad por apropiarse del fruto del trabajo formal de otros.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/la-mala-fe/

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