11 mayo, 2024 

por Pilar Molina

Respiro más que solución. Las supuestas víctimas que levantó el Gobierno, deberán pagar sus propios reembolsos de las isapres. Y La Moneda avanzó en su plan de convertir al Estado en el único seguro de salud.

Lamentablemente el Gobierno cree que puede engañarnos a todos y siempre. Pero no siempre y no a todos. Abordó de manera populista y deplorable el insólito mandato de la Corte Suprema, de noviembre de 2020, de aplicar a todos los afiliados a las isapres una tabla de factores que ellas usaron sólo para nuevos clientes o por cambio de planes. Adicionalmente, los obligó a devolver las diferencias a quienes hubieran sido perjudicados por la no aplicación de la nueva tabla, pero sin cobrarle más a los favorecidos por el mismo hecho.

En vez de hacerse cargo del problema de viabilizar la intervención de la Suprema, el Ejecutivo prefirió plantearse en forma frontal y demagógica y partió haciendo un cálculo astronómico de lo que había que devolver a los afiliados, por demás erróneo, según estableció el propio grupo de expertos de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, dirigido por Álvaro Clarke. Hasta el final, no quiso transar la cifra escandalosa, en torno a los 1.500 millones de dólares, equivalente a cuatro veces el patrimonio de las empresas y, lo más importante, similar a 33 años de utilidades de ellas. Hizo caso omiso del hecho que las pérdidas del 2021 y 2022 ascendieron a los $ 280 mil millones, después de tres años de precios congelados, justamente el período en que se habrían producido las utilidades “excesivas” que ahora les exigen devolver.

A pesar que hubo cálculos razonables de grupos de expertos transversales y una propuesta del Senado fue aplicar la mutualización a la supuesta deuda (los más riesgosos compensaban a los menos), el Gobierno no aceptó la fórmula tan propia de la seguridad social que pregona todos los días para la reforma previsional.

Al Ejecutivo le ha sido más estratégico inventar víctimas y crearles un botín, como antes lo hizo con los retiros de las AFP, para exigir luego “devolver los cobros en exceso” y asegurar en su defensa que “no habrá perdonazos”, ni “salvatajes”, que “esta situación la crearon las isapres” y ellos harán cumplir el fallo. Todos sabemos que La Moneda tomó el veredicto de la Tercera Sala de la Corte Suprema como una oportunidad para terminar con el seguro privado de salud, como lo proponía el programa de Boric y también el borrador constitucional que éste apoyó y perdió ante el 62% de los votantes.

Eso es lo que explica que estirara el chicle y recién a seis días del úcase (mañana 12) haya presentado indicaciones al proyecto de ley corta en la comisión mixta y que dos veces tuviera que pedir prórroga a la Corte Suprema. Si se allanó a una solución, que es sólo un respiro, es únicamente por el vértigo que le entró poder generar un colapso sanitario, como se lo han advertido moros y cristianos que alcanzará también a los usuarios de la salud pública.

La devolución “del botín” es un engaño. Y lo saben las autoridades. Porque para no gatillar las quiebras inmediatas con esta obligación, han debido tomar una serie de medidas para que sean los propios afiliados los que paguen los reembolsos. Uno: un alza extraordinaria este año que tiene como tope el 10% de la cotización total de julio 2023; dos, calcular el reajuste anual sin tomar en consideración los menores precios de la Modalidad de Libre Elección del Fonasa (que por razones políticas no lleva a precios sus alzas de costos), y tres, facilidades de pagos. Van desde adelantarlo con hasta 35% de descuento o reembolsar el total en un plazo de hasta de 13 años para los menores de 65 años, fecha en la cual, casi seguro, ya no existirán las isapres.

Difícil proyectar la viabilidad de estas entidades si por la aplicación de la nueva tabla de factores y otros fallos de la Tercera Sala (congelar prima Auge, darle gratuidad a los menores de 2 años) tendrán ostensiblemente menos ingresos y, además de financiar la operación de las coberturas a sus afiliados, deberán “devolverles” platas que no han ganado, con el agravante que mientras no lo hagan no pueden retirar utilidades. Estaremos bien los chilenos para lesos, pero es difícil que los inversionistas extranjeros que aportaron sus capitales a la salud privada dejen pasar el embuste sin demandar al Estado de Chile ante el Ciadi.

Si los plenos de la Cámara y el Senado aprueban el proyecto la próxima semana, le darán un respiro financiero a la mayor parte, pero eso no evitará que algunas quiebren. Y todas ahondarán el destino de su desaparición en el mediano plazo.

El oficialismo ha celebrado que las isapres perdieran 650 mil afiliados los últimos cuatro años. Al aprobar en la ley corta la Modalidad de Cobertura Complementaria para recibir en Fonasa a los usuarios de la salud privada, La Moneda ha avanzado en su interés principal que es fortalecer el seguro público, apuntando a convertirlo en un prestador único estatal que captará la cotización obligatoria del 7%, y reducir las isapres a seguros complementarios.

Buscar que el Estado monopolice las prestaciones de salud no debiera ser la prioridad frente a la pésima administración de la salud pública. Más del 70% de la cotización obligatoria la destina al pago de licencias médicas (versus 35% en las isapres), y se ha mostrado incapaz de ajustar las listas de espera, que siguen creciendo.  

El gasto per cápita de los servicios estatales de salud supera al de las isapres, pero está lejos de la calidad y oportunidad que brindan los privados. Más allá de todas las críticas, estar en una isapre es aspiracional. Y eso lo sabe la izquierda. Por lo mismo hay que forzar su eliminación, porque los chilenos y sus afiliados las prefieren, aun cuando les hayan creído a las autoridades el cuento que les deben millonarias cifras.

Fuente: https://ellibero.cl/columnas-de-opinion/el-gran-engano-3/

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