5 noviembre, 2023 

 

 

 

 

 

Álvaro Briones


Démosle al texto presentado la posibilidad de imponerse sobre el contexto y volvamos a sentirnos orgullosos de ser chilenos y chilenas.


El tercer día de los juegos Panamericanos Hugo Llanquileo, joven de origen mapuche oriundo de San Javier, participó en la maratón y obtuvo la medalla de plata. El pasado martes el joven Santiago Ford conquistó la medalla de oro para Chile en el decatlón. Como se sabe (ahora), Santiago Ford es chileno sólo desde hace algunos meses y llegó a nuestro país igual que otros miles cruzando la frontera de manera clandestina y caminando de noche por el desierto. Y es negro. Si dos jóvenes chilenos, mapuche uno y negro el otro, pudieron unirnos y hacernos sentir la felicidad y el orgullo de ser chilenos como resultado de su esfuerzo y tesón personal, ¿por qué no podríamos unirnos la mayoría de las chilenas y chilenos para, esforzada y tesoneramente, hacer algo juntos? Algo que nos hiciera tan felices y orgullosos de nosotros mismos como esos dos jóvenes nos hicieron sentir.

Ese era el desafío que teníamos ante nosotros al iniciarse el proceso de elaboración de una nueva Constitución. Convenir, llegar a acuerdos, elaborar un texto que pusiera al país al día con la inteligencia colectiva y la consciencia social que hemos adquirido durante los últimos años, para que sirviera de marco a nuestro debate político futuro y a la elaboración de las leyes que surgieran de ese debate político democrático.

Muchas personas e instituciones se pusieron al servicio de ese objetivo. Columnistas, como yo mismo, planteamos la necesidad de que el nuevo texto respondiera a esa necesidad de una visión transversal que, aunque no fuese totalmente satisfactoria para nadie, sí fuese aceptable para todas y todos. Ese, en mi juicio, es el principio básico de la democracia y de su instrumento preferente: la negociación. Notable, en el plano político, fue el esfuerzo que realizó Amarillos, un partido todavía en proceso de formación, que cuenta con solo un parlamentario y no tenía representantes ni en el Comité Experto ni en el Consejo Constitucional, pero que fue capaz de abrir, por un instante por lo menos, una instancia de diálogo y negociación entre los dos polos de la política nacional.

Todos estos esfuerzos, sin embargo, no fueron suficientes y la polarización predominó sobre la posibilidad de alcanzar ese amplio acuerdo transversal. Una polarización que define clivajes diversos: “gobierno-oposición”, “izquierda-derecha”, “Kast-Boric”, “políticos-personas comunes y corrientes” y un etcétera tan largo como inconducente para lograr entender lo que se debe tener presente en el momento de decidir cómo votar en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

Sí, porque lo único que debiera tenerse presente, lo único que debiera importar para tomar esa decisión, debería ser el contenido del texto sobre el cual vamos a pronunciarnos. En lugar de eso lo que se impuso y se seguirá imponiendo son las sombras que sobre ese texto proyecta la coyuntura política, los intereses particulares del momento que se imponen sobre el interés general del largo plazo. Es el contexto imponiéndose sobre el texto.  

Hay privilegios que obligan y el privilegio que me otorga la posibilidad de comunicarme semanalmente con quienes leen estas líneas, me obliga a abrir paso al texto para pronunciarme sobre él, ignorando así sea por un momento el contexto.

En primer lugar, debo decir que, para quienes entendemos que los derechos sociales, su respeto y promoción constituyen una expresión superior de entendimiento y relación entre las personas que conforman una sociedad, no puede sino satisfacernos la definición de nuestro país en torno a un Estado social y democrático de derecho. Esa declaración, que igualaría nuestra Constitución a los textos constitucionales más avanzados del mundo, es el logro de una aspiración de muchos años. Y se trata de derechos que están claramente definidos: al agua, a una vivienda digna, a ser protegidos como consumidores, a un entorno seguro; en un texto que por otra parte amplía los derechos de las mujeres y reconoce a los pueblos indígenas y su cultura. Y para garantizar la vigencia de tales derechos, el texto constitucional explicita el deber del Estado de remover los obstáculos que impidan o dificulten su materialización. Muchos de esos derechos no están contemplados en la Constitución actualmente vigente y ese solo hecho hace al texto constitucional propuesto muy superior a aquel.

Pero no es todo. Los servicios asociados a esos derechos serán proporcionados por instituciones estatales o privadas que podrán competir entre ellas, permitiendo a las personas elegir libremente. Para quienes apreciamos la libertad y sobre todo la libertad de elegir como un bien insustituible en la calificación de una sociedad como abierta y democrática, esta es también una buena noticia.

El proyecto incluye, además, artículos dedicados a la protección del medio ambiente y la naturaleza; a la descentralización y modernización del Estado; a rechazar la corrupción y generar instituciones destinadas a prevenirla y combatirla; a evitar la fragmentación política que genera ingobernabilidad, por la vía de prevenir la proliferación de partidos.

La suma de esos contenidos representa un claro avance sobre la Constitución actualmente vigente: una puesta al día de las reglas del juego de nuestra institucionalidad y nuestra democracia con las condiciones propias de la tercera década del siglo XXI. Y como el único clivaje cierto, de cara al compromiso republicano del próximo 17 de diciembre es el de “Constitución propuesta-Constitución vigente”, creo que todo aquel o aquella que quiera mover hacia adelante la aguja del progreso debería votar, como yo me propongo hacer, “A favor”.

¿Que el proyecto contiene imperfecciones o que existen elementos que deberían estar incluidos y no lo están? Es verdad. ¿Que es muy largo y repetitivo? También es verdad, pero sería lamentable que alguien decidiera votar en contra por consideraciones estéticas y no por el contenido esencial del texto. Lo cierto es que el texto presentado no es perfecto, como probablemente no es perfecta ninguna Constitución en el mundo en el momento de iniciar su vigencia. Quizás habría sido menos imperfecto si el oficialismo se hubiese avenido a aprobar modificaciones a algunos artículos para los que se necesitaban sus votos. Pero el oficialismo, en el tramo final del proceso, ya no quería corregir nada en particular, sólo cambiarlo todo. Es decir, había renunciado a la idea de negociar y al exigir esa modificación total estaba en realidad alegando a favor de imponer un nuevo texto sólo con sus ideas. Así fue como no resultó posible un texto producto de un acuerdo entre todos, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por lograrlo.

Pero no hay que desalentarse: la vida continúa y continuará también el diálogo político que, si hay voluntad de acuerdos, permitirá en el futuro, gradualmente y en la medida que esos acuerdos se produzcan, corregir las imperfecciones del texto actual. Pero démosle al texto presentado la posibilidad de imponerse sobre el contexto y volvamos a sentirnos orgullosos de ser chilenos y chilenas, como cuando aplaudimos a Llanquileo y a Ford.

Fuente: https://ellibero.cl/opinion/texto-y-contexto/

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