29 de agosto de 2023 
Juan Carlos Aguilera
El presidente (de Chile) Gabriel Boric, en su visita a España, en junio pasado, durante el homenaje a Salvador Allende en la Casa América en el que se condecoró al exjuez Baltazar Garzón y en presencia de lo más conspicuo del socialismo español, encabezado por el expresidente Rodríguez Zapatero, caracterizó a Allende como un “demócrata que luchó por la profundización de la democracia e insistió en la convicción chilena de la revolución con sabor a empanada y vino tinto, en la vía pacífica”.
¿De Allende y su gobierno, puede afirmarse sin ambages que fue democrático, en el sentido de que hubo igualdad ante la ley, división de los poderes del Estado, respeto al Estado de derecho y el apego irrestricto al imperio de Constitución y la ley?
El asunto es relevante, ya que hoy en día se ha naturalizado el planteamiento de que es necesario diferenciar entre historia y memoria. De tal planteamiento, la izquierda se ha aferrado para la promulgación de leyes de “memoria”, las cuales, como es sabido, llevan a una auténtica deformación de la historia, suplantada por la memoria, con consecuencias cuasi totalitarias. Porque quien tenga el atrevimiento de estar en contra de la “memoria”, puede ser silenciado e incluso encarcelado.
En este sentido, una primera aproximación y basándose en los hechos, permite al lector hacerse un juicio, acerca de si Allende y su gobierno, tuvieron el sello democrático proclamado por el presidente Boric.
Allende fue elegido por elección indirecta del Congreso
Salvador Allende, después de cuatro intentos, llega al poder. En 1970, la nominación como candidato de la Unidad Popular, no estuvo exenta de dificultades. Pues, fue elegido candidato por el Comité Central del Partido Socialista, que se había declarado en 1967 como marxista leninista, con 12 votos a favor y 13 abstenciones. Proclamado candidato del PS, había que convencer a los demás partidos de la U.P., para que también lo nombraran su representante. El Partido Comunista lo había designado candidato alterno a su propio candidato, el poeta comunista, Pablo Neruda. El MAPU, llevaba a Jacques Chonchol, quien durante el gobierno de la UP profundizó la Reforma Agraria, auténtico despojo de la propiedad que no trajo ningún bien, ni a los campesinos, ni a la agricultura, ni a la economía, ni a la distribución de la propiedad. El Partido Radical, llevaba a Alberto Baltra y el Partido Socialdemócrata y Acción Popular Independiente a Rafael Tarud. Luego de las negociaciones de rigor y la renuncia de los demás candidatos, la denominada Unidad Popular, proclama como candidato único a Salvador Allende.
En las elecciones llevadas a cabo el 4 de septiembre de 1970, Allende obtiene la primera mayoría relativa, con el 36.22 por ciento de los votos, seguido estrechamente por el candidato de la derecha, el expresidente Jorge Alessandri, quien obtuvo una votación del 34.89 por ciento.
La Constitución de 1925 contemplaba que si ningún candidato obtenía mayoría absoluta, recaía en el Congreso Pleno, de entre las dos primeras mayorías, la elección de Presidente de la República. El Congreso estaba compuesto por 80 legisladores de la U.P., 75 de la Democracia Cristiana y 45 del Partido Nacional. La Democracia Cristiana, a cambio de que Allende firmara el “Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas”, apoyó la elección de aquel. Así, el 24 de octubre de 1970, 153 parlamentarios votaron a favor de Allende, 35 por Alessandri y 7 votaron en blanco. Allende era elegido de manera indirecta, por el Congreso, Presidente de la República.
Para Allende la firma del Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas, fue una táctica.
El 9 de enero de 1971 fue votado y promulgado, por medio de la Ley 17.398, el Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas, que reformaba la Constitución e incluía, estableciendo o reforzando, entre otros, derechos tales como: igualdad ante la ley, libertad, de expresión, de reunión, de circulación, de prensa, de trabajo, de empresa y sindical, libertad de los colegios a elegir textos escolares y que la fuerza pública estará constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes.
Sin embargo, en marzo de 1971, en una entrevista que Allende da al marxista y escritor francés, Régis Debray, queda reflejado el espíritu con el que Allende firmó el documento convertido en Ley. Ante la pregunta de Debray: “¿Era imprescindible negociar este Estatuto?” La respuesta de Allende fue: “Sí, por eso lo hicimos; no es justo usar la palabra negociación, por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno; ubícate en el período en que se produjo este Estatuto y lo mirarías como una necesidad táctica; no cambiamos ni una coma del programa; en ese momento lo importante era tomar el gobierno”. Porque, “si no hubiera sido elegido, las calles de Santiago estarían llenas de sangre”.
En cierto sentido, fue la respuesta no esperada por el senador Patricio Aylwin, quien el 4 de septiembre de 1970, en un discurso ante la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, defendiendo la postura de ponerse firme y exigir a Allende la firma del Estatuto, decía: “Para mí, el asunto es claro. Nosotros podemos casarnos con el marxismo; pero no podemos aceptar ser la querida del marxismo. Y lo que los marxistas quieren no es casarse con nosotros, sino recibirnos como querida a quien puedan dar el puntapié el día que les dé la gana”, y, así fue.
La instrumentalización de las instituciones y de la “legalidad burguesa” para alcanzar el Estado socialista.
Como nos recuerda Fernando Moreno en un artículo de 1973: El Chile de Allende: Realidad y Mito. Balance del gobierno de la U:P. en Chile, algunas de las prácticas que se naturalizaron en el gobierno de Allende y que implicaban violar la Constitución y la ley, fueron los llamados “decretos de insistencia”, con los cuales el gobierno “forzaba la aplicación de las políticas rechazadas; y aquella del recurso a los “resquicios legales” gracias a la cual instrumentos legales absolutamente marginales provenientes de la época de la “República Socialista” de 1932 fueron desenterrados. “La afirmación de Eduardo Novoa, principal consejero jurídico del régimen, permite comprender el artilugio legal que proporciona a Allende el saltarse la institucionalidad y las leyes, para avanzar en su cometido. “He ahí, Presidente, que con estos “resquicios legales”, podréis avanzar hacia el socialismo sin pedir la autorización al Parlamento”.
La respuesta de los poderes del Estado y otras organizaciones de la sociedad civil, respecto de la instrumentalización de las instituciones por el Poder Ejecutivo, fue nítida y clara. Así ocurrió con el Poder Judicial, a través de pronunciamientos de la Ilustre Corte Suprema de Justicia, el Poder Legislativo, con el acuerdo suscrito por la mayoría de la Cámara de Diputados, la Contraloría General de la República sobre la ilegalidad de las leyes emanadas del Ejecutivo para la toma de razón y desde la sociedad civil, las del Colegio de Abogados y el Colegio Médico, etc.
Cámara de Diputados sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República.
El 22 de agosto de 1973, ante la situación que vivía el país, la Cámara de Diputados votó un acuerdo, con 81 (63.3 por ciento) votos a favor y 47 (36.7 por ciento) en contra, en el que se acusaba al Gobierno de Salvador Allende de haber violado, sistemáticamente, la Constitución y la ley.
El texto, consta de cuatro acuerdos y quince considerandos. Los considerandos ponían de manifiesto, por ejemplo: en el Nº5. “Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total… y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario, opuesto al sistema que la Constitución establece”. El número 6. “Que para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido e violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado… con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho”. En los Nº 7, 8 y 9, se detallan los atropellos, burla, usurpación, violaciones, etc., por parte del Poder Ejecutivo, respecto del Congreso Nacional, Poder Judicial y Contraloría General de la República, respectivamente. Luego, en el Nº10, especifica los atropellos a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, entre otros: “Principio de igualdad ante la ley…”, “libertad de expresión…”, “principio de autonomía universitaria…”, “reprimido con violencia el ejercicio del derecho a reunión…”, “ha atentado contra la libertad de enseñanza…”, “violado sistemáticamente la garantía del derecho de propiedad…”, “incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos… y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas”, “desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales,… sometiéndolos, como en el caso del Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión”, “ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores”, etc.
El primero de los cuatro acuerdos dice: “Representar a S.E., el Presidente de la República y a los señores Ministros del Estado miembros de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nº5 a 12 precedentes…”
La Corte Suprema de Justicia responde al presidente.
La Corte Suprema, en un extenso oficio del 25 de junio de 1973, acordado en sesión plenaria, da respuesta al oficio, enviado por Allende, del 12 de junio de 1973, en la que hizo ver a Salvador Allende que, “se reunió el Tribunal en sesión plenaria y acordó que por distorsionar la ley, exagerar la trascendencia de la tarea administrativa y rebajar la función judicial, no puede quedar sin respuesta”.
En la introducción el texto expresa: “Este Tribunal quiere enterar a V:E. de que ha entendido su oficio como un intento de someter el libre criterio del Poder Judicial a las necesidades políticas del Gobierno, mediante la búsqueda de interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y de las leyes. Mientras el Poder Judicial no sea borrado como tal de la Carta Política jamás será abrogada su independencia”.
En el cuerpo de texto, da respuesta de manera detallada al oficio de Salvador Allende, con una serie de consideraciones, como por ejemplo: “el Presidente ha asumido la tarea —difícil y penosa para quien conoce el Derecho solo por terceristas— de fijar a esta Corte Suprema las pautas de la interpretación de la ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete exclusivamente al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, según lo mandan los artículos 80 y 40 de la Constitución Política del Estado, no derogados todavía por las prácticas administrativas. El primero de ellos dice: La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la Ley. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos”.
El secretario general de Gobierno, informa por carta del 27 de junio de 1973, al secretario de la Corte Suprema, la determinación de Allende, previamente dada a conocer al Consejo de Ministros que, la carta enviada por la Corte Suprema, sería devuelta, “sin dar respuesta”.
Colegio de Abogados y Colegio Médico piden la renuncia de Allende.
No solo el Poder Legislativo, Judicial y la Contraloría General de la República, hacen ver al Poder Ejecutivo, su disposición permanente de atropellar el Estado de Derecho, la separación de poderes del Estado y los derechos fundamentales. La sociedad civil organizada, con solo dos casos de muestra: el Colegio Médico y Colegio de Abogados, dan un paso más, solicitan la renuncia de Allende.
Así, pues, en carta del 25 de agosto de 1973, el Colegio Médico le pide a Allende, quien era médico de profesión, que presente su renuncia a la Presidencia, “porque hasta ahora usted no ha mostrado intención alguna de someterse al Estado de Derecho y de respetar la Constitución y la ley.”
En el mismo sentido, el 31 de agosto, el Colegio de Abogados invocó el artículo 43, capítulo 4, de la Constitución, que trata sobre la incapacidad para ejercer el cargo de Presidente, así, entonces, afirman que tal es la crisis legal que vive el país que Allende se encuentra “incapacitado”, y que por lo tanto, el Congreso debería ejercer su prerrogativa de destituirlo y llamar nuevamente a elecciones.
Allende: “Yo no soy el Presidente de todos los chilenos”
Con todo, la calidad y vocación democrática de Allende se puso en evidencia en un discurso dado en Valparaíso y publicado en el diario El Siglo del Partido Comunista en febrero de 1972, al afirmar: “Yo no soy el Presidente del Partido Socialista; yo soy Presidente de la Unidad Popular. Tampoco soy Presidente de todos los chilenos. No soy el hipócrita que lo dice, no. Yo no soy el Presidente de todos los chilenos”.
Así resulta, dudosa la afirmación del presidente Boric en orden a considerar a Allende como un “demócrata que luchó por la profundización de la democracia e insistió en la convicción chilena de la revolución con sabor a empanada y vino tinto, en la vía pacífica”. Salvo, claro está, que si la democracia a la que se refería el presidente Boric, era la denominada “democracia popular” que Allende admiró de la Revolución Cubana de Fidel Castro, que lleva 64 años en el poder, pero que afortunadamente, en Chile, no llegó a hacerse realidad.
El autor es catedrático de Filosofía de la Universidad San Sebastián, de Chile.
Fuente: https://www.laprensani.com/2023/08/29/opinion/3198259-allende-y-la-democracia
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