Lucía Santa Cruz

"No existe la opción de aprobar para reformar y nadie puede atribuirse facultades que contradigan el veredicto popular."

Mi único acuerdo con el ministro Jackson es que conviene hablar sin eufemismos, aunque, ciertamente, no le reconozco el monopolio de esa virtud, ni a él ni a su grupo etario.

Es verdad que su sector político tiene valores muy distintos a los de sus antecesores, lo cual no es sinónimo de superioridad moral. Por el contrario, la generación de la transición, que él tanto desprecia, mostró valores que son esenciales para la civilización: humildad para saber que en política no existen verdades absolutas e inmutables; tolerancia y capacidad para llegar a acuerdos y crear consensos; y rechazo de la violencia como método legítimo para resolver nuestras diferencias. Todo ello permitió —al menos por 30 años— la convivencia pacífica de un país fragmentado; aseguró la recuperación de la democracia liberal representativa y con ella la restauración de los derechos fundamentales de la persona humana; y logró, además, con sus políticas públicas, cumplir con el mandato ético primordial de mejorar las condiciones materiales de vida de todos los chilenos y sacar de la indignidad de la miseria a millones de compatriotas.

El texto que, hasta hace unos pocos días, el Gobierno aprobaba incondicionalmente pone una lápida a la democracia representativa como se conoce en el mundo occidental, al eliminar la separación de poderes, los equilibrios y contrapesos, el Senado como parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial políticamente independiente, la igualdad ante la ley, y los límites que deben existir a aquello que es materia de decisión colectiva, como, por ejemplo, el derecho de los padres a elegir el proyecto educativo de sus hijos; y debilita, además, el fundamento material de la libertad, como es el derecho de propiedad, al no garantizar el debido pago en caso de expropiación.

La propuesta tiene como eje central el indigenismo y la plurinacionalidad y esto no es, como muchos creen, un modo de satisfacer los legítimos agravios del pueblo mapuche. La plurinacionalidad es un concepto político tributario del pensamiento de Marx, y su ideólogo principal es García Linera, el inspirador de nuestro Presidente. García considera que, dado que el proletariado ya no constituye una base sólida para la revolución socialista, porque ha sido seducido por la movilidad social y perdido conciencia de clase, corresponde a la población indígena ser la “base social de vanguardia”, pues el socialismo implica “guerra social total”; su objetivo atraviesa por “liquidar el Estado nación soberano” y la plurinacionalidad es el instrumento necesario para “romper con el neoliberalismo” (¿capitalismo?) usando “la fuerza motriz” del indigenismo. De hecho, la semilla de la plurinacionalidad ya está germinando en los territorios bajo el imperio de Llaitul, a los cuales el Estado chileno no puede acceder.

El plebiscito próximo es uno binario y las opciones constitucionales son dos: aprobar la propuesta o rechazarla. No existe la opción de aprobar para reformar y nadie puede atribuirse facultades que contradigan el veredicto popular. Tampoco existen mecanismos expeditos para modificar el borrador, por los cerrojos que tiene para introducir cambios. Por lo tanto, si la ciudadanía quiere un nuevo pacto constitucional deberá rechazar, en la certeza de que con los nuevos quorum no habrá ningún sector político con poder de veto y se podrán lograr acuerdos para construir, por fin, una casa para todos.

En este contexto, la iniciativa, liderada por el propio Presidente de la República, que acuerda cambios a lo aprobado por la Convención no afecta el meollo de los problemas y, como ha dicho el jefe del Partido Comunista, tampoco hay ninguna garantía de que se pueda implementar. Sin eufemismos, solo se puede interpretar como una maniobra electoralista de última hora que refleja muy poca superioridad moral.

Fuente: https://www.elmercurio.com/blogs/2022/08/12/100408/sin-eufemismos.aspx

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